El financiamiento de US$ 110 millones será utilizado en el proyecto Redes de Protección Social, que estará a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Unidad del Registro Social y el Ministerio de Salud Pública. Una de las prioridades es actualizar el Registro Social con la participación de los gobiernos locales, permitiendo una identificación más precisa de las personas en situación de vulnerabilidad.
Parte de la iniciativa también busca incorporar datos sobre la vulnerabilidad climática de los hogares con altos niveles de pobreza y desnutrición crónica. Esto permitirá desarrollar estrategias de adaptación ante riesgos ambientales, con especial atención a familias con menores ingresos y menos acceso a recursos.
El proyecto contempla la entrega de transferencias monetarias y servicios de desarrollo infantil a hogares con niños en sus primeros mil días de vida. Estas transferencias estarán condicionadas a la asistencia a servicios de salud y desarrollo infantil, como parte de una estrategia para reducir la desnutrición crónica en el país.
Además, la población en movilidad humana también será beneficiada con estos servicios, en un esfuerzo por garantizar acceso a atención básica para personas en situación de vulnerabilidad.
Del total aprobado, US$ 10 millones corresponden a una donación del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional (GCFF, por sus siglas en inglés), un fondo que respalda a países que acogen a población migrante y en situación de riesgo.
El Banco Mundial resaltó en un comunicado que este financiamiento contribuirá al fortalecimiento de los sistemas de protección social en Ecuador, permitiendo una mayor cobertura de los programas sociales y garantizando su sostenibilidad en el tiempo.
En un contexto donde la pobreza en Ecuador es una temática recurrente, esta inversión busca ampliar la capacidad del Estado para atender a las poblaciones más vulnerables y mejorar sus condiciones de vida a largo plazo. (I)