La administración de Donald Trump le pidió el viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita retomar las deportaciones de ciudadanos venezolanos sin necesidad de audiencias judiciales. Trump ya había impulsado esta medida por decreto, pero un fallo de un juez federal la frenó. El caso podría poner a prueba hasta dónde llega el poder ejecutivo, tal como lo planteaba el exmandatario.
El pedido ante el máximo tribunal busca dar marcha atrás con el fallo del juez de distrito James Boasberg, que había ordenado suspender las deportaciones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros. Según Boasberg, esa práctica violaba los derechos al debido proceso de los inmigrantes venezolanos.
Pese a la decisión del magistrado, el gobierno de Trump siguió enviando aviones con inmigrantes hacia El Salvador. Esa maniobra llevó a Boasberg a advertir que la administración no estaba cumpliendo con su orden judicial, que obligaba a detener todos los vuelos y a repatriar a quienes ya hubieran sido trasladados.
La apelación ante la Corte Suprema se produjo pocos días después de que un tribunal de apelaciones confirmara el fallo de Boasberg y rechazara los argumentos del equipo legal de Trump, que había sostenido que limitar las deportaciones recortaba su autoridad como presidente.
El máximo tribunal estableció el martes próximo como fecha límite para que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) responda al planteo. La organización presentó la demanda en representación de inmigrantes venezolanos, según publicaron distintos medios.
El gobierno de Trump intentó justificar las deportaciones al afirmar que algunos de los ciudadanos venezolanos expulsados estarían vinculados al Tren de Aragua, una organización criminal originada en Venezuela. Sin embargo, abogados especializados en inmigración aseguran que muchas de las personas afectadas no tenían ningún vínculo con esa banda.
El viernes, la defensa del presidente sostuvo ante el tribunal que el caso es demasiado urgente como para esperar una resolución en las instancias judiciales inferiores, según informó The New York Times.
¿Qué está argumentando el Gobierno?
En su presentación del viernes, la procuradora general interina, Sarah Harris, afirmó que "las órdenes del tribunal de distrito rechazaron los juicios del presidente sobre cómo proteger a la nación contra organizaciones terroristas extranjeras y corren el riesgo de tener efectos debilitantes para las delicadas negociaciones extranjeras", según publicó la agencia Associated Press.
¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros?
La Ley de Enemigos Extranjeros, sancionada en 1798, permite al presidente imponer restricciones a ciudadanos de países considerados hostiles durante un conflicto. Según un resumen del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), la norma habilita al Ejecutivo a "emitir regulaciones para controlar o limitar la conducta de ciudadanos de naciones enemigas". Sin embargo, solo puede aplicarse si hay una guerra declarada o si una nación extranjera lleva a cabo, intenta o amenaza con una "invasión o incursión hostil" contra el territorio de Estados Unidos.
La ley fue aprobada como parte del paquete conocido como Leyes de Extranjería y Sedición, sancionado en un contexto de fuertes tensiones con la República Francesa. De ese conjunto, la Ley de Enemigos Extranjeros es la única que sigue vigente. Se aplicó por primera vez durante la Guerra de 1812 y volvió a usarse en ambas Guerras Mundiales. El caso más recordado ocurrió al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt la utilizó contra personas de origen japonés, alemán e italiano, según el CRS.
Antecedentes
El juez James Boasberg bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Donald Trump el 15 de marzo. En su fallo, ordenó al gobierno suspender las expulsiones de inmigrantes y frenar el envío de aviones que ya estaban en vuelo hacia El Salvador, donde esas personas permanecían detenidas, hasta que otro tribunal definiera si la aplicación de la norma era legal.
A pesar de la orden, al menos dos vuelos aterrizaron en El Salvador después de la decisión judicial. Esa situación llevó a Boasberg a convocar una audiencia para el lunes siguiente, en la que la administración Trump tuvo que explicar si incumplió el fallo.
Durante la audiencia, Boasberg sugirió que su orden había sido desobedecida. El gobierno, sin embargo, negó haber actuado fuera de la ley y sostuvo que el juez ya no tenía jurisdicción sobre los vuelos una vez que salieron del espacio aéreo estadounidense.
Tras esos fallos, Trump y sus aliados comenzaron a atacar públicamente a Boasberg. El presidente incluso reclamó en redes sociales que lo destituyan e inhabiliten, y lo calificó como "un juez lunático de izquierda radical, un alborotador y agitador".
Nota publicada por Forbes US
