En el marco de la celebración de sus cinco años de creación, la consultora Exante organizó este miércoles un desayuno de trabajo en el hotel Hyatt Montevideo titulado El imperativo de crecer más a la luz de un nuevo ciclo político. La apertura estuvo a cargo de los economistas y socios de Exante Pablo Rosselli y Tamara Schandy, quienes hablaron sobre La agenda de reformas estructurales: nuevo contexto y viejas materias pendientes.
Schandy mostró cómo Uruguay está en el tercio inferior de inversión en un ranking de 170 países, que tienen una mediana del 23% respecto a su PIB (versus el 15% o 16% de Uruguay). Eso ha llevado a que el país crezca 1,3% en promedio anual el último quinquenio y 1% en la última década. Con una población en declive, el único camino para elevar la tasa de crecimiento pasa por elevar la inversión, aseguró.
A nivel macro, la socia de Exante destacó algunas luces amarillas como un déficit fiscal por encima del 4% y con un gasto público mayo que el que había cinco años atrás, lo que demuestra "la dificultad de ajustar y de reasignar gastos" y un entorno internacional complejo por la guerra comercial de EEUU y una economía china que no atraviesa por su mejor momento, clave para los precios de los commodities. Sobre la inflación, destacó el logro de bajarla un escalón y de llevarla al rango meta (entre 3% y 6%) por un período de dos años, aunque la inflación no transable está por fuera del objetivo. "La inflación baja tuvo como palanca al dólar", dijo.
En ese sentido, Rosselli consideró que para una inflación más baja en este quinquenio se requerirá una "mayor coordinación de las políticas macro" y que hay que evitar que ese objetivo no termine castigando aún más la competitividad del país con un rezago cambiario como el que se atraviesa actualmente. El economista admitió que con la "estabilidad y los incentivos tributarios" actuales no alcanza para mover la aguja de la inversión, al tiempo que destacó las oportunidades que pueden abrirse para producir energía eléctrica renovable (solar y eólica), aunque para ello se requiere un "marco regulatorio más transparente".
Política comercial y "regulación" inteligente
Juan Labraga, director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía, habló sobre la estrategia de apertura comercial en un mundo que está cambiando. Allí el experto hizo hincapié en las consecuencias y oportunidades que está abriendo la guerra comercial que lidera el presidente estadounidense Donald Trump. "Los otros jugadores (países) van a responder y el mundo se va a mover", consideró, y añadió que eso le abre la puerta a que Uruguay puede reforzar su vínculo con la región Asia-Pacífico "más allá de China". En ese contexto, indicó que hoy hay barreras de acceso a muchos de esos mercados en temas sanitarios, por ejemplo, donde Brasil y Argentina han sacado ventajas. Por otro lado, Labraga transmitió una visión optimista sobre un posible cierre al TLC negociado con la Unión Europea-Mercosur, y el posterior tratado (inmediato) que vendría con el EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). "Ahora la Unión Europea dice que está lista", marcó Labraga, en alusión a un sorprendente llamado que hizo el ministro de Economía de Francia en las últimas horas para acelerar ese acuerdo.
El director del MEF también marcó las oportunidades no aprovechadas que tiene Uruguay con los países árabes, ya que pagan "precios muy superiores" a otros mercados y tienen barreras arancelarias nulas o muy bajas. Otro punto donde consideró se debería avanzar en este quinquenio es en profundizar el acuerdo comercial que el Mercosur tiene con la India, ya que a su juicio es "muy pobre". En ese sentido, anunció que ya se está trabajando con propuestas del sector forestal para buscar la forma de perfeccionar el mismo.
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Labraga admitió que Uruguay deberá encarar con EEUU los potenciales efectos de un cambio en las reglas de juego con ese país, ya que se trata del tercer socio comercial y para muchas empresas de servicios es su "único mercado". El jerarca del MEF anticipó que el gobierno apuntará a una "apertura unilateral" y reconoció que muchas veces a nivel interno se considera que los TLC con terceros son "un mecanismo" que iba a resolver los problemas de fondo que tiene el país.
Por otro lado, destacó el mayor consenso a nivel político que existe sobre la necesidad de promover la competencia y mejorar el funcionamiento de los mercados. Puso como ejemplo algunas iniciativas que ya surgieron en el Parlamento por parte de los senadores Pedro Bordaberry (PC) y Laura Raffo (PN) que van en esa dirección. "Me niego a la agenda de la desregulación. Lo que hace falta es una regulación inteligente", afirmó. En ese sentido, indicó que hay mucho para trabajar con organismos como el LATU o el Ministerio de Salud Pública.
Sobre la reducción de impuestos a la importación como la tasa consular, dijo que se insistirá este año con un proyecto ante el Parlamente para que la misma deje de tributarse en un período de tres años con los socios del Mercosur, mientras que si se llega a un acuerdo con la UE en 2026, también dejaría de aplicarse con ese bloque en un período de tres años (2029).
Por último, Labraga habló sobre la necesidad "digitalizar" la Comap (Ley de Inversiones) y también de simplificar el funcionamiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que ya está en un 98% digitalizada.
En modo innovación
El contador Bruno Gili, quien asesora a Presidencia de la República, disertó sobre ciencia, tecnología, e innovación (CTI) como motor de desarrollo económico. El ejecutivo anunció en titulares algunos de los cambios que se están diseñando para que la inversión en innovación pueda dar un salto cuantitativo en los próximos años. Habló sobre el rol que tendrá la secretaria de ciencia del conocimiento que dependerá de Presidencia, cuya tarea central será la de coordinar lo que hacen instituciones como el Plan Ceibal, INIA, Instituto Pasteur, etc. Reconoció que eso demandará "más plata" y que no solo será el Estado el que deberá encarar esa tarea, sino que habrá que dar los "incentivos" para que el sector privado ponga su parte.
"Las empresas públicas tienen que participar de este proceso. No se las puede ver simplemente como un proveedor de un servicio. Va a ser difícil mover la productividad a nivel país si las empresas públicas no innovan", consideró.
