Ante la decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción en Perú, lo que fue considerado como un "golpe de Estado" por congresistas de varias bancadas, el titular del Parlamente, José Williams, convocó a una sesión del Pleno, que votó su destitución de la presidencia. Por 101 votos a favor de la vacancia, Castillo fue removido de su cargo tras promover un golpe de Estado. Asumirá su vicepresidenta, Dina Boluarte.
Minutos después, Castillo fue detenido por la policía.
El Congreso de Perú, dominado por la derecha, estaba convocado para esta tarde para votar una moción de destitución de Castillo por "incapacidad moral permanente", una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos mandatarios desde 2018.
Para remover a un presidente la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que no dispone la oposición, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama.
Dina Boluarte, vicepresidenta de Perú, denunció que Castillo perpretó “el quiebre del orden constitucional” y “un golpe de Estado”.
En tanto, esa posición era compartida en el Congreso. La primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, consideró que la disolución del Congreso “es ilegal”, es un golpe de Estado y solo confirmaría la culpabilidad de los hechos de corrupción que se le imputan al mandatario.
Por su parte, Héctor Ventura, presidente de la comisión de Fiscalización, consideró que las Fuerzas Armadas deben respetar el orden democrático. “Aquí vamos emplazar a las Fuerzas Armadas para que garanticen el orden constitucional en todos sus extremos”, indicó y mencionó que continuarán realizando su labor en el Congreso.
Héctor Valer, legislador que llegó a ser presidente del Consejo de ministros de Pedro Castillo, indicó que este puede ser acusado por disolver el Congreso y que ahora, en consecuencia “la Fiscalía de la Nación debe tomar las medidas y ordenar la captura del presidente de la República”.
Denuncia penal contra Castillo
La Justicia, en tanto, también cuestionó la decisión del presidente de Perú. La Procuraduría General del Estado denunció un golpe de Estado y lo denunció penalmente por violar la Constitución.