La nueva medida de la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF) se emitió para que las instituciones financieras puedan otorgar un respiro a sus clientes mediante opciones flexibles como la reestructuración de deudas o el refinanciamiento, e incluso la concesión de meses de gracia. Este tipo de alivio es voluntario para las entidades financieras, lo que significa que cada banco o cooperativa evaluará las solicitudes de sus clientes caso por caso, determinando las condiciones bajo las cuales se otorgan los beneficios.
El refinanciamiento y la reestructuración no son figuras nuevas en el sistema financiero ecuatoriano, pero su uso se incrementó notablemente durante la pandemia del Covid-19. Estas herramientas permiten ajustar los términos de los préstamos para que los clientes puedan ponerse al día con sus pagos. En lo que va del 2024, la cartera de crédito refinanciada y reestructurada ha crecido tanto en bancos como en cooperativas, mostrando la relevancia de estos mecanismos en un entorno económico desafiante.
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Una de las grandes ventajas de la nueva resolución es que dispone a las instituciones financieras que se unan a esta medida, a no cobrar a los clientes gastos adicionales como tarifas legales o costos de cobranza, al aplicar estos alivios. Esto, además de brindar un beneficio directo a los deudores, también incentiva a las entidades a participar de estos programas al reducir los gastos en provisiones, que son los recursos que deben destinar para cubrir créditos incobrables.
Tanto el refinanciamiento como la reestructuración buscan modificar las condiciones de los créditos para que el cliente pueda cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, la principal diferencia radica en el nivel de riesgo que presenta la deuda. El refinanciamiento se otorga cuando el crédito aún está en una fase de riesgo moderado, mientras que la reestructuración se aplica cuando la situación del deudor es más delicada, con una capacidad de pago reducida.
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Además, en caso de que el cliente vuelva a incurrir en impagos tras una reestructuración, la deuda es declarada como cartera castigada con mayor rapidez. Esto refleja la importancia de que los deudores se mantengan al día tras acceder a estos mecanismos.
Otro aspecto relevante de la resolución es que las entidades financieras podrán consolidar varias deudas en una sola operación para facilitar el pago de los clientes. Además, los deudores que accedan a este beneficio podrán calificar para nuevos créditos en segmentos productivos y de microcréditos, sin que se les apliquen nuevos tributos o contribuciones.
Este conjunto de medidas busca generar un alivio para los usuarios que estén pasando por dificultades financieras, permitiéndoles mantener su calificación crediticia y evitar procesos judiciales o coactivos. (I)
