La Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) se pronunció sobre la lucha contra el crimen organizado que lleva adelante el Gobierno y sobre la reforma tributaria que está en la Asamblea. En un comunicado emitdo este domingo 4 de febrero de 2024, el gremio señaló que “los bancos estamos conscientes y absolutamente dispuestos a colaborar en esta lucha”.

Sin embargo, la Asobanca añade que en el proyecto de reforma tributaria que se discute en la Asamblea Nacional, “se planea una contribución al sector productivo en general, pero a la banca se le pretende dar un trato distinto y discriminatorio. No podemos aceptar que se le quiera cargar, sobre sus hombros, el peso de lo que debe ser una contribución constituida bajo principios de proporcionalidad racional y equidad entre los diversos sectores empresariales, y no bajo criterios políticos de odio y discriminación".

El organismo asegura que en dos ocasiones solicitó ser recibido en la Comisión que trata la reforma tributaria, pero “no fuimos recibidos”. Esto, asegura la Asobanca, afecta el derecho de “expresar nuestros argumentos y preocupaciones, y en especial de alertar sobre el pernicioso daño que el proyecto generará en el acceso a crédito a miles de empresas y familias ecuatorianas”.

Según Asobanca, el crédito es fundamental para el crecimiento de las familias y las empresas. “Con menos crédito, habrá menos empleo, menos oportunidades para todos, menor crecimiento económico e irónicamente menos recaudación tributaria. Ya basta de sustentar iniciativas legislativas en sesgos ideológicos e información falsa que afectan la solidez financiera de los bancos”.

El comunicado añade que el sistema bancario es el más regulado de la economía, y el que más impuestos paga al Estado en relación con su tamaño. “Algunos políticos suelen olvidar que, el dinero depositado en los bancos no les pertenece a los banqueros. Sus dueños son los millones de depositantes que confían en la labor responsable y prudente del sistema financiero y merecen todo el respeto y las debidas seguridades”.

Según el gremio, de aprobarse este “impuesto confiscatorio a los bancos, la carga fiscal se elevará al 76 %, afectando su solvencia patrimonial y, consecuentemente, reducirá su capacidad de generar crédito en un valor cercano a US$ 4.000 millones, con el consiguiente impacto al financiamiento que requieren todos los ecuatorianos”. (I)