La Ley de Alivio Financiero, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial el 9 de diciembre de 2024, establece un marco de apoyo económico frente a los efectos de los prolongados cortes de energía eléctrica. Esta norma contiene medidas específicas, destinadas a aliviar la presión financiera que enfrentan hogares, empresas y trabajadores afectados por la crisis energética.
Entre los puntos más destacados se encuentra el alivio para los usuarios de servicios de Internet y telefonía móvil. Las empresas proveedoras deberán ofrecer compensaciones a los clientes por las interrupciones de servicio derivadas de los apagones. Esto incluye facilidades de pago en las facturas mientras dure la emergencia eléctrica, asegurando la conectividad, un recurso esencial en el entorno actual.
En el sector inmobiliario, se congelarán los aumentos en los cánones de arriendo. Durante la vigencia de la emergencia, no se permitirá incrementar los valores en los contratos renovados o nuevos, tanto entre privados como en acuerdos con el Estado. Esta medida proporciona estabilidad a arrendatarios que enfrentan dificultades económicas debido al contexto actual.
Para quienes tienen créditos hipotecarios reestructurados o refinanciados con el Biess, la ley establece un período de gracia de 90 días. Durante este tiempo, los clientes únicamente pagarán el costo de los seguros asociados al crédito, sin intereses adicionales ni recargos por mora. Esta disposición busca aliviar las finanzas de los usuarios sin afectar su historial crediticio.
En el ámbito tributario, la norma incluye la condonación de deudas fiscales de hasta un salario básico (US$ 460). Asimismo, el Servicio de Rentas Internas (SRI) permitirá a los contribuyentes acceder a planes de pago excepcionales de hasta 12 meses para obligaciones tributarias en mora al 31 de octubre de 2024. Estas medidas están diseñadas para beneficiar a pequeños contribuyentes y negocios populares.
El apoyo también se extiende a los empleadores que han mantenido su plantilla laboral en los últimos meses del año. Aquellos que no hayan realizado despidos durante octubre, noviembre y diciembre podrán acceder a un crédito tributario para compensar su pago del Impuesto a la Renta de 2024. Este incentivo busca promover la estabilidad laboral en un entorno desafiante.
La ley incluye disposiciones para la remisión de intereses y recargos en deudas acumuladas con entidades públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). También se permitirá cruzar deudas del IESS con los fondos de reserva disponibles, brindando flexibilidad a los ciudadanos para sanear sus obligaciones.
En lo relacionado con el seguro de desempleo, se agilizan los procesos para que los afiliados al IESS que hayan perdido su empleo accedan de manera más rápida a este beneficio. Los trámites se simplificarán para garantizar que las personas afectadas puedan recibir apoyo financiero en un tiempo oportuno.
Otro aspecto clave es el alivio para pequeños negocios. Los contribuyentes sujetos al régimen RIMPE - Negocio Popular están exonerados del pago del Impuesto a la Renta correspondiente a los ejercicios fiscales de 2022 y 2023. Esta medida pretende fomentar la reactivación económica de los microemprendimientos, un sector crucial para la economía nacional.
Finalmente, la normativa incluye la condonación de intereses y multas relacionadas con deudas en mora de entidades de la banca pública, como BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional (CFN). Estas disposiciones buscan facilitar el acceso a capital y reducir la carga financiera de los afectados por la crisis.
En su conjunto, la Ley de Alivio Financiero es un intento integral de mitigar los efectos económicos de la crisis energética. Al atender sectores clave y proporcionar herramientas para la recuperación, esta normativa apunta a aliviar las cargas inmediatas y fomentar la estabilidad económica del país. (I)