Un nuevo episodio sangriento se produce en las cárceles del país. La violencia inusitada es producto de una crisis que empezó hace mucho tiempo. En el 2018, según la Policía Nacional se registraron 15 muertes violentas, en el 2019, subieron a 32, en el 2020 a 52, siendo el 2021 el año más espeluznante.
En febrero, fallecieron 79 personas privadas de libertad (PPL) en enfrentamientos entre bandas rivales amotinadas en cuatro centros de rehabilitación, la situación se salió de control, decenas de videos publicados en redes sociales demostraron la crueldad con la que fueron asesinados. Incluso se llegó a decir que el gobierno de ese entonces pasó por alto unas 40 alertas.
Este 22 de julio la historia intentó repetirse, amotinamiento y pánico en dos centros de rehabilitación, en Guayaquil y Cotopaxi, el saldo, una policía violada, 23 privados de la libertad fallecidos, 41 heridos y 78 recapturados.
Esta situación obligó al presidente Guillermo Lasso a declarar el estado de emergencia en el sistema carcelario, con el fin de iniciar un proceso de reestructuración total de las cárceles en el Ecuador.
En todos los episodios hay la concurrencia de luchas internas entre mafias carcelarias, intentos de fugas masivas y también irregularidades de parte de las autoridades carcelarias. El año pasado, tres directores fueron procesados por la justicia y en cada requisa se encuentran armas, celulares, cuchillos y drogas. En una ocasión se pretendió ingresar 500 armas blancas, lo que es imposible sin participación de guías o guardias. Todo esto significa un problema gravísimo y obedece también a la concurrencia de varias causas.
Faltan cárceles
El hacinamiento, según datos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad de las cárceles en el Ecuador no debería pasar de 28.550 presos, pero según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) hay más de 38 mil, y el 70% están recluidos en tres centros, Cuenca, Guayaquil y Latacunga.
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La falta de presupuesto, mientras la población carcelaria va en aumento, los recursos económicos se reducen. Una de las consecuencias de la falta de recursos es que, según los cálculos del propio SNAI, el déficit en el personal encargado de garantizar la seguridad de las prisiones es del 70%. Un guía penitenciario debe cuidar a 27 PPL, cuando las normas internacionales recomiendan uno por cada nueve. En junio del 2019 se aprobó el llamado proyecto de transformación del sistema de rehabilitación social, pero no se ejecutó porque se necesitaban 38 millones de dólares.
Poco dinero afuera y mucho adentro de las cárceles
El narcotráfico es la causa principal, organizaciones gigantescas con mucho dinero que pueden amenazar y sobornar a las autoridades y esto también provoca la lucha por territorios y rutas para el narcotráfico. Ecuador se ha convertido en la autopista de la cocaína hacía Estados Unidos y Europa.
De acuerdo con un estudio publicado por la BBC, en el país hay cinco bandas que se disputan el control no sólo de las cárceles, sino también el negocio ilícito, por eso con los problemas ocurridos están relacionadas la voluminosas y numerosas capturas de droga, incautación de avionetas e intercepción de embarques en puertos y aeropuertos.
Por todo esto, se explica que el presidente Guillermo Lasso haya hecho una declaración de guerra cuando les anuncia que no tendrá la tolerancia que han tenido los anteriores gobiernos con este fenómeno.
“Se equivocan si creen que este Gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados" manifestó.
Además resolvió cambiar a la autoridad del SNAI y reforzar los controles con militares y policías. La solución del problema penitenciario será más complejo y prolongado que la simple organización de las fuerzas de control, exigirá presupuestos, la construcción de centros penitenciarios y una distribución adecuada para mejorar el control. Hay que recuperar el concepto de un centro de reclusión como un mecanismo de educación y reinserción en la sociedad. (I)
