La Cámara de Empresas de Seguridad Privada (Casep) envía un mensaje urgente al presidente de la República, Daniel Noboa. El pedido es que se emita un nuevo decreto ejecutivo para volver a reducir el impuesto al consumo especial (ICE) para la importación de armas y municiones de 300 % a 30 %.
Actualmente,existen 10.000 armas en las bodegas de Aduanas que no pueden ser desaduanizadas y “están bloqueadas”, a decir del gremio. Pese a que fueron importadas con 30 % del ICE, realizaron todos los trámites y el pago de impuestos, ahora las autoridades exigen una reliquidación de los tributos con el 300 % del ICE.
Los trámites de importación tardaron entre tres y seis meses y muchas armas estaban a punto de salir de las Aduanas, cuando un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó una sentencia que echaba abajo el decreto 645 del expresidente Guillermo Lasso que dispuso la reducción del ICE para para armas, tabacos, bebidas alcohólicas y azucaradas, y fundas plásticas.
En el documento, emitido el 10 de enero de 2023, para el caso de armas redujo el impuesto del 300 % al 30 % con el objetivo de fortalecer la seguridad, en un contexto de violencia en el país.
Pero a raíz de la decisión judicial, el Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una resolución retrocediendo en los impuestos y volvió a establecer el pago de 300 % para importar armas a partir del 21 de mayo de 2024.
Jorge Villacreses, presidente de la Cámara, recordó que en el Gobierno de Guillermo Lasso mantuvieron diálogos con las autoridades sobre la necesidad de reducir el ICE, y que las empresas de seguridad pudieran renovar sus armas y municiones.
“Fuimos invitados a formar parte del plan de seguridad porque la Policía no se abastece en el control de la delincuencia, somos soporte y ayuda, pero sin armas no podemos defender las industrias, casas, o unidades de negocios que nos quieren contratar. Requerimos de herramientas de trabajo, pero con 300 % es imposible pagar las armas y municiones para los custodios y para la capacitación de nuevos guardias”, dijo.
Franklin Pozo, representante de las empresas autorizadas para importar armas, explicó que 352 compañías de seguridad han contratado la renovación de armas antiguas por nuevas. Las 10.000 armas en Aduanas son parte del primer ciclo, y faltan tres más, ya que los procesos con las fabricantes tardan meses hasta cumplir los estándares que exige el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la propuesta que se hizo a las empresas de seguridad.
“El 300 % no nos facilita para dar un excelente precio a las empresas de seguridad. Habíamos dado precios competitivos. Ahora necesitamos que nos ayude el Presidente de la República con un nuevo decreto para sacar las armas de bodegas de Aduanas y poder entregar a las empresas de seguridad. Son 90.000 guardias a escala nacional. Estamos ayudando a la paz, a la disuasión y a su proyecto de seguridad”.
Alba Rodríguez, vicepresidenta de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada, señaló que durante 16 años no se habían realizado importaciones ni reposición de armas por los altos impuestos y las prohibiciones. Entre las armas que se importan también hay de uso deportivo.
Su empresa importó de República Checa 13 armas para deportistas y tenía que pagar US$ 13.000 por ICE, pero con el aumentó ahora debe cubrir US$ 71.000 por el ICE. Con el incremento en los impuestos, “quién va a pagar hasta US$ 5.000 por un arma que llegó por US$ 1.500”. Una pistola aumenta de US$ 1.200 a US$ 3.700.
“No podemos sacarlas de Aduanas porque se emitió la resolución del SRI y Aduanas nos dice 'deben reliquidar'. Esas armas se contrataron con 30 % del ICE con las empresas de seguridad. Están vulnerando la seguridad jurídica. Nos vemos afectados los importadores que ya contratamos con las fábricas, el vuelo, y llegaron, pero no se pueden sacar, y está subiendo el costo del bodegaje y corren peligro almacenadas. Si no las sacamos rápido, la mercancía puede ser declarada en abandono, por eso pedimos al presidente que emita un nuevo decreto de armas”, dijo Rodríguez. (I)
