El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un presupuesto de US$ 91,7 millones para las Elecciones Generales de 2025. Este monto cubrirá todos los aspectos operativos del proceso electoral, garantizando su correcta ejecución bajo principios de optimización y austeridad en el gasto público. Además, se estableció un límite de gasto electoral de US$ 5,49 millones para la campaña presidencial, con el objetivo de asegurar condiciones equitativas entre candidaturas y evitar ventajas desproporcionadas.
El presupuesto aprobado se distribuye en varias áreas esenciales. La mayor parte se destinó al pago de personal con y sin relación de dependencia, que representa US$ 33,02 millones e incluye tanto a funcionarios del CNE como a personal temporal contratado exclusivamente para el proceso. También se asignaron US$ 10,23 millones al fortalecimiento tecnológico, con el fin de garantizar la seguridad de los sistemas de escrutinio y transmisión de resultados.
La seguridad es otro de los rubros fundamentales, con una inversión de US$ 10,03 millones en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes garantizarán el resguardo del material electoral y la protección de los recintos de votación. A esto se suma el pago de US$ 7,04 millones para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, encargados del conteo de sufragios y la gestión de las mesas electorales en todo el país.
La producción y distribución del material electoral también representa un gasto considerable. La impresión de papeletas, documentos electorales y plantillas braille tiene un costo de US$ 15,86 millones, asegurando que el proceso sea accesible para toda la ciudadanía, incluyendo a personas con discapacidad visual. También se destinaron US$ 6,84 millones a la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operatividad del CNE durante el proceso.
Otro aspecto clave es el voto en el exterior, que requiere una logística especial para garantizar la participación de los ecuatorianos residentes fuera del país. Para ello, se presupuestaron US$ 3,97 millones. También se asignaron US$ 3,64 millones para campañas de información ciudadana, destinadas a orientar a la población sobre el proceso electoral, las fechas clave y la forma correcta de sufragar.
Asimismo, se destinaron US$ 702.295 para la observación electoral, un mecanismo esencial para garantizar la transparencia del proceso, y US$ 329.830 para la compra de material de capacitación, con el que se entrenará a los funcionarios y voluntarios que participarán en la jornada electoral.
En total, están registradas 4.463 candidaturas, entre principales y suplentes, que competirán en las elecciones. La campaña electoral se desarrollará hasta las 23h59 del jueves 6 de febrero de 2025.
Las candidaturas en firme, sin trámites pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), podrán hacer uso del Fondo de Promoción Electoral (US$ 13,9 millones), lo que les permitirá contratar espacios publicitarios en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales. También podrán realizar eventos públicos, mítines, reuniones, pintar murales y distribuir material promocional como adhesivos y camisetas.
Para la dignidad de presidente/a y vicepresidente/a, el CNE estableció un límite de gasto electoral de US$ 5,49 millones, calculado en función del número de electores habilitados. Este techo busca garantizar una competencia equilibrada y evitar diferencias marcadas en la inversión publicitaria entre las candidaturas. Mientras que para otros puestos de elección popular, se destinan US$ 108.564 para parlamentarios andinos, US$ 3,5 millones para asambleístas nacionales, US$ 4,4 millones para asambleístas provinciales y US$ 524.453 para asambleístas por el exterior.
El incumplimiento de las normas establecidas para la campaña electoral puede derivar en sanciones. Quienes realicen promoción fuera del período permitido podrán ser sancionados con multas que van desde once hasta veinte salarios básicos unificados (Un SBU equivale a US$ 470). Además, se contempla la destitución de candidaturas y la suspensión de derechos de participación por un período de seis meses hasta dos años.
Si ninguno de los candidatos presidenciales alcanza la mayoría requerida para ganar en primera vuelta, se llevará a cabo una segunda vuelta electoral. En este escenario, el CNE deberá destinar recursos adicionales para garantizar el desarrollo de la jornada. Aunque no se detalla la cifra exacta para una eventual segunda vuelta, en elecciones anteriores el presupuesto adicional fue considerable. Por ejemplo, en las elecciones de 2023, el CNE destinó US$ 31,6 millones para la segunda vuelta presidencial. De mantenerse una tendencia similar, el costo total de las elecciones de 2025 podría superar los US$ 120 millones. (I)
