"Lo que hizo el juez es completamente injusto", dijo Biden a periodistas antes de partir de Washington para visitar Irlanda del Norte e Irlanda en el marco de los 25 años de la firma del Acuerdo de Viernes Santo que puso fin a tres décadas de violencia entre unionistas y republicanos.
El viernes pasado, el magistrado Matthew Kacsmaryk, designado por el expresidente republicano Donald Trump, anuló la aprobación de la píldora por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), en un fallo que ya fue apelado por el gobierno estadounidense.
Poco después de que el juez de Texas emitiera su decisión, un magistrado del estado de Washington dictaminó en un caso distinto que se debe preservar el acceso a la mifepristona.
El juez de distrito Thomas Rice sentenció que la mifepristona es "segura y legal" y que la FDA debe preservar su acceso en más de una docena de estados.
El duelo de opiniones legales, junto con las apelaciones, significa que es casi seguro que el asunto acabe ante la Corte Suprema.
El presidente Joe Biden se comprometió la semana pasada a luchar contra el fallo y dijo que se trataba de un esfuerzo más amplio de los republicanos para lograr la prohibición del aborto en todo el país.
Trump y otros líderes del Partido Republicano por ahora no se refirieron a la decisión judicial, conscientes de que posiciones demasiado extremas pueden costarle caro en las urnas.
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Solamente Mike Pence, quien fue vice de Trump y favorito entre los sectores evangélicos, salió a saludar una decisión que "repara un error de 20 años", cuando la pastilla fue autorizada por las autoridades sanitarias.
La decisión de la mayoritariamente conservadora Corte Suprema de Estados Unidos de revertir el derecho al aborto en junio del año pasado volvió a poner el tema en el centro del debate político.
Pero según sondeos citados por la agencia de noticias AFP, al menos 60% de los estadounidenses quieren proteger el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
