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Los pagos en Ecuador se mueven entre el efectivo y el mundo digital. El tema cada vez se debate más y surgen distintas posiciones. En el segundo capítulo de la segunda temporada del podcast Clúster Talks by Forbes se analizó este tema con dos expertos.
Patricio Chanabá, Director Ejecutivo de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF) y representante del Comité de Inclusión Financiera del Clúster Financiero del Ecuador, y Tatiana Rodríguez, presidenta de la Junta de Política y Regulación Monetaria, protagonizan un animado debate sobre este salto de los billetes y monedas a los clics y las pantallas.
Rodríguez indica que en el país aún es predominante el uso del efectivo. Según ella, Ecuador es uno de los países que más efectivo utiliza en Sudamérica y considera que es fundamental reducir su uso. Ella argumenta que importar dinero implica un alto costo, ya que los dólares no se imprimen en el Ecuador.
De su lado Chanabá, añade que si bien se redujo el uso del dinero en efectivo en la pandemia, falta mucho por hacer. "En Ecuador existe un 36,5 % de uso de efectivo, en Chile el uso es de 5,3 %. La gente en ocasiones no está familiarizada con medios de pago digitales para hacer transacciones y es necesario facilitar el desarrollo de productos y servicios financieros".
También sugiere que en Ecuador se promuevan incentivos tributarios para que se usen más medios de pago digitales y afirma que su uso ayudó a muchos países a avanzar en la inclusión financiera.
La representante de la Junta de Política y Regulación Monetaria añade que en esta evolución es importante que más personas estén dentro del sistema financiero formal, a través de cuentas en bancos o cooperativas. "Esto significa bancarizar a personas que no han tenido acceso, los requisitos son menores, algunas personas creen que no pueden ser clientes en bancos o cooperativas".
Los invitados a este podcast coinciden que para lograr que el uso de medios de pago digitales se masifique en el país, se requiere una mayor conectividad, lo cual significa una responsabilidad público-privada. Además, las autoridades ya tienen lista una norma de interoperabilidad para bancos, cooperativas y fintech. (I)
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