El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el Decreto Ejecutivo N° 151, en el que se dispone un Plan de acción para el sector minero, en cumplimiento con las metas del Gobierno para generar políticas públicas que impulsen a este sector, bajo los criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad.
El objetivo de este plan es desarrollar una minería responsable ambiental y socialmente, determinar el potencial geológico local, potenciar la inversión nacional y extranjera, además de implementar las mejores prácticas para aprovechar en su totalidad estos recursos. Se establece también el diseño de una estrategia para erradicar el problema de la minería ilegal en el país.
El Decreto establece que, dentro de los siguientes 100 días, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables deberá dar a conocer de manera transparente, en coordinación con las demás instituciones competentes del Estado y del sector minero, las condiciones en las que la minería responsable y legal en el país deberá realizarse en beneficio de las comunidades, su población y el medio ambiente.
En este mismo punto, se deberá impulsar la generación de una normativa sobre los procesos de consulta previa, libre e informada, a los pueblos y nacionalidades indígenas para los casos en los que las decisiones tomadas por las autoridades influyan dentro de sus territorios, apegado a los lineamientos determinados por la Corte Constitucional.
El Decreto también indica que se debe diseñar una estrategia para la prevención, combate y aplicación de sanciones a la explotación minera ilegal, garantizando el debido proceso y fortaleciendo la capacidad de seguimiento, control, intervención y sanción de las instituciones que estén a cargo de estas competencias de regulación.
Así mismo, se dispone a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables la elaboración de un informe detallado sobre los derechos mineros bajo el régimen de gran, mediana, pequeña y minería artesanal que han sido otorgados y que, actualmente, se encuentran vigentes en el país. El informe tendrá un plazo de tres meses para su elaboración, a partir del día de la firma del Decreto.
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Durante el mismo período de tiempo, el organismo también deberá elaborar un plan de control anual con directrices y cronogramas para todos los derechos mineros existentes en el país, el cual deberá ser remitido al presidente de la República. También se implementará un plan de formalización para mineros artesanales, el cual deberá ser elaborado por el Ministerio de Energía, en un lapso de cuatro meses.
Para el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, este decreto constituye un hito porque define con claridad la política minera del régimen establecida bajo los pilares de atracción de la inversión privada, una adecuación del marco normativo para que la administración y manejo de los títulos mineros sea eficiente y ágil, por medio de la simplificación de trámites.
El funcionario destacó que se busca dar una atención específica a la explotación ilícita de minerales y el fortalecimiento institucional para la regulación y control de las actividades del sector minero, a nivel nacional.
La firma de este Decreto Ejecutivo se da en el marco de la reunión que el presidente Lasso sostuvo con representantes del sector minero, la tarde del jueves 5 de agosto de 2021, en la cual se revisaron ciertas temáticas y compromisos para el desarrollo de la industria, con la consigna de aumentar la producción petrolera del país.
El Jefe de Estado manifestó que durante los próximos cuatro años, se trabajará para que la producción petrolera se incremente de 500 mil a un millón de barriles, para lo cual se necesita una inversión de US$ 16 mil millones, sin considerar lo que se pueda invertir en exploración. (I)
