Ecuador promoverá la reactivación económica sostenible e inclusiva con un programa estructurado, como parte de una garantía en apoyo a reforma de política (GARP) de US$ 400 millones, aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El programa contribuirá a fortalecer el marco institucional y regulatorio para mejorar el clima de negocios, fomentar el comercio internacional, y mejorar la estabilidad financiera y el acceso al financiamiento.

La GARP es un instrumento que permite emitir una garantía con contragarantía soberana, una vez que el país ha cumplido con una serie de condiciones de política acordadas con el Gobierno. Esta es la primera de dos operaciones consecutivas bajo la modalidad Programática en Apoyo a Reformas de Política (PBP) financiadas en forma independiente, aunque vinculadas técnicamente entre sí.

La garantía cubrirá futuras obligaciones de pago a ser contraídas por Ecuador bajo un bono soberano o un préstamo de hasta US$ 400 millones, con el potencial de movilizar recursos privados por al menos la misma cantidad a los recursos aportados por el BID y mejorar el perfil general de la deuda pública de Ecuador, mediante la reducción de los costes de endeudamiento y mayores plazos de repago.

El programa, de acuerdo con el comunicado de prensa de la entidad, "respaldará la estabilidad macroeconómica e impulsará un conjunto de reformas para fortalecer el clima de negocios y la regulación comercial", con metas a mejorar la institucionalidad para la reactivación económica y la competitividad, al igual que la reducción de aranceles comerciales y simplificación de trámites, la mejora de la colaboración público-privada para promover la inversión y la promoción del desarrollo del sector privado con enfoques ambientales.

También desarrollará un conjunto de reformas que prevén el fortalecimiento de la gobernanza para la estabilidad monetaria y financiera, regulación prudencial para la transición ordenada hacia un sistema financiero estable post COVID-19, la ampliación del acceso a financiamiento y mejoras a la protección al consumidor financiero, a la par que apoyará medidas dentro del sistema financiero que tengan enfoque de equidad y promuevan la inclusión financiera de la mujer.

El período máximo de la garantía en apoyo a reformas de política aprobada por el BID es de 20 años. (I)