El Gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene dos posibles caminos, el primero es proponer un cambio estructural económico y político para liberarse de las ataduras que implican la Constitución y la institucionalidad, heredadas de la carta política aprobada en el 2008. Para esto, seguramente se requerirá de una Asamblea Constituyente o de varias consultas populares, ya que no cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional. La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, calificó de chantaje la posibilidad de convocar a un plebiscito.

El segundo sería ir por el camino de reducir el gasto público, incrementar la recaudación y alentar la inversión extranjera, lo que le permitiría reducir el déficit fiscal y sobrevivir como gobierno, pero sin afrontar un cambio estructural. Sin embargo crear más impuestos en un país que está saliendo de una pandemia y una crisis económica es difícil, aunque solo fuese para los más ricos, en la práctica es un camino lleno de problemas como nos explica el exministro de Economía y Finanzas y director del Business School de la Universidad SEK, Alfredo Arízaga.

El Gobierno ha anunciado que en la reforma tributaria que enviará a la Asamblea próximamente se incluiría un impuesto adicional para el 4% de la población que gana más de US$ 1.000.

Yo creo que hay un mal manejo de las cifras, no es el 4% de la población que gane más de US$ 1.000, es un porcentaje muchísimo más elevado. El mensaje que quiere dar el Gobierno no ha tenido éxito. Tal vez hablan de incrementar la carga impositiva a los 4.000 mayores contribuyentes del país y eso está bien, porque ayudaría a reducir el déficit fiscal de casi US$ 5.000 millones. A mi criterio, hay dos vías; incrementar los ingresos fiscales o reducir el gasto, pero no se ve que estemos en ese camino.

La población que gana más de US$ 1.000, es posiblemente superior al 30%, por lo que, insisto, se está haciendo un uso inadecuado de las cifras. En estudios de mercado se establece que aproximadamente el 35% de la población es considerada clase media y esto ha sido también confirmado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en encuestas de vida que hace periódicamente.

El 4% de la población tiene posiblemente ingresos superiores a US$ 70.000 al año, a ellos sí se les incrementan los impuestos no es algo que va a desequilibrar sus finanzas familiares, para este segmento también se podría cambiar la tabla de deducción de gastos personales.

¿Y un impuesto al patrimonio?

Podría ser, para el segmento que tiene ingresos superiores a los US$ 70.000, aunque no lo comparto, para mi es terriblemente nocivo, porque patrimonio no es sinónimo de liquidez. ¿Qué pasa con quienes tienen sus ahorros en propiedades? Les tocaría vender, para poder pagar este impuesto. Recordemos que en su momento, el presidente Lasso dijo que no solo los millonarios tienen patrimonio.

¿Una posibilidad sería recortar gastos y las exenciones tributarias?

Tampoco por ahí se puede incrementar de manera significativa los ingresos, el único impuesto para eso es la elevación del IVA, pero no hay al momento el espacio político, por eso el Gobierno está claro que es imposible su incremento.

El mensaje del presidente Lasso se ha enfocado en incentivar la inversión extranjera en la industria petrolera para introducir nuevas técnicas de producción, que existen y son manejadas por empresas grandes y serias. Si logramos traer a esas empresas no sería necesario hacer de manera agresiva nuevos pozos, sino utilizar mejor tecnología, así se incrementaría la producción significativamente. Con eso crecerían los ingresos fiscales y se contribuiría a reducir el déficit de manera importante.

¿Y la eliminación de las exoneraciones tributarias?

Algo por ahí aumentaría la recaudación, pero no es demasiado. En la combinación de eliminar las exenciones a las empresas, más el incremento del Impuesto a la Renta, el Gobierno estima recaudar US$ 700 millones y el déficit es de US$ 4.800 millones. Habrá que combinar con un esfuerzo para elevar la producción petrolera, continuar con la focalización de los subsidios a los combustibles, en gasolinas no habrá mucho más que hacer porque estamos cerca de niveles internacionales, lo que queda es subir el precio al diésel, que es conflictivo por la reacción negativa de los transportistas, pero mientras no se corrija su calidad el precio no podrá pasar de US$ 2, estamos a US$ 0,35 para llegar a ese nivel. 

¿La eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)?

Debe ser eliminado porque es dañino para la economía, pero genera un ingreso alto. Toda la reforma tributaria incrementaría los ingresos en US$ 700 millones y el ISD genera US$ 1.000 millones aproximadamente al año, entonces no se lo puede eliminar de la noche a la mañana, por lo que tendrá que ser gradual aunque no es lo ideal.

El Presidente informó en una entrevista con una agencia internacional que se han logrado US$ 700 millones en inversiones en los primeros 100 días, su reto a diciembre son US$ 2.000 millones, ¿es posible?

Es posible siempre y cuando ayude el ambiente político, porque en el país se destruyó la confianza de las grandes empresas durante los últimos 14 años, se violaron contratos, se cambiaron las reglas de juego. Volver al CIADI va a contribuir para que el Régimen pueda lograr esa ambiciosa meta, pero hay que hacer cambios legales.

¿Cuáles serían estos?

Lo fundamental es volver a modelos contractuales estándar, que se usan en todos los países del mundo que tienen una industria petrolera importante. En el Ecuador se migró de un tipo de contrato de riesgo a los de prestación de servicios, pero este tipo de contrato no les gusta y peor cuando el Ecuador ha creado un antecedente de mora en el pago de tarifas por servicios e incumplimientos. Cambiar el modelo de contratación es necesario para incentivar la inversión extranjera. 

El Ministro de Economía y Finanzas ha señalado que la preventa petrolera no va más, ¿hubo riesgos?

Hubo muy poca transparencia en estas negociaciones en los últimos 14 años, no sabemos en que términos se hicieron, si la información se mantiene oculta es porque no fue beneficiosa para el país. Es conveniente que pasemos a una etapa en la que exista transparencia y divulgación de términos de contratos, no creo que se debe matar ninguna fórmula de contratación, si son bien estructuradas y su contenido divulgado, no hay que satanizar.

El Mandatario ha hablado de ofertar un portafolio de casi US$ 30.000 millones para captar inversiones, crear dos millones de empleos y un crecimiento del 5%, ¿es factible?

Es una meta ambiciosa pero no imposible, siempre y cuando lleguemos a consensos mínimos a nivel de país.  Por ejemplo, para duplicar la producción de petróleo se requieren US$ 12.000 millones, ahí estaría una buena parte de la cifra propuesta por el Presidente. En minería formal se esta creciendo, a diciembre se espera exportar US$ 2.000 millones. En lo interno, cuando las condiciones de vida mejoren, habrá un crecimiento de la demanda, son necesarias reglas claras de juego. Un ingrediente adicional que complica la posibilidad de subir los ingresos y reducir los gastos son las demandas sociales y las protestas políticas. (I)