La investigación abierta sobre Shakira por un posible delito de fraude fiscal está a punto de llevar a la artista colombiana al banquillo. Tras tres años de investigación, el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat en España, ha concluido que existen “indicios suficientes” para enviar a juicio a la cantante por no pagar 14,5 millones de euros en impuestos.
Si no lo remedia un acuerdo de última hora, Shakira deberá responder por seis delitos fiscales, lo que podría llevarla a la cárcel, asegura La Vanguardia de Barcelona.
En el auto al que ha tenido acceso la agencia Efe, el juez Marco Jesús Juberías considera que la artista, junto a los otros querellados, “emplearon una serie de sociedades mercantiles” para aparecer como titulares del patrimonio de Shakira, cuyo nombre sólo se encontraría “en último término y en sociedades radicadas en territorios considerados como paraíso fiscal”.
El juez da así por buena la versión de la Fiscalía, corroborada por los técnicos de Hacienda, la DGI española, que el pasado junio presentaron un informe donde rebatían los argumentos de la defensa de la cantante colombiana, que alega, aportando su agenda televisiva y de conciertos, que permaneció menos de 184 días en España y que, por tanto, no tenía obligación de tributar en ese país.
La querella de la Fiscalía de Barcelona contra la cantante apunta que esta dejó de presentar la liquidación deimpuestos en los ejercicios del 2012, 2013 y 2014, produciendo un perjuicio económico a la Hacienda Pública de 12,4 millones por IRPF y de 2,19 millones por el impuesto del patrimonio.
Shakira, que ya abonó la cantidad reclamada por Hacienda en el 2018, negó estas acusaciones en su declaración ante el juez en el 2019, alegando que estableció su residencia en España en el 2015, cuando se instaló en Barcelona junto a Piqué y escolarizó a su hijo Milan.
Hasta entonces, afirmó, había sido “una nómada sin raíces”.