Pasado, presente y futuro del Banco Central
A 25 años de la dolarización en Ecuador, el rol del Banco Central vuelve al centro del debate. Mientras algunos proponen su eliminación para proteger el régimen monetario, otros defienden su permanencia como garante de la estabilidad económica. Este aniversario es una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de la dolarización, el papel de las remesas y las lecciones aprendidas en este cuarto de siglo.

El 9 de enero del 2000 marcó un antes y un después en la historia económica de Ecuador. En un intento por frenar la hiperinflación y estabilizar la economía, el gobierno adoptó el dólar como moneda oficial, sellando así el destino del Sucre. A un tipo de cambio de 25.000 sucres por un dólar, la dolarización trajo consigo profundas transformaciones económicas, sociales y políticas, muchas de las cuales siguen siendo objeto de debate en la actualidad.

El Banco Central del Ecuador tiene sus raíces en la Revolución Juliana de 1925, que marcó el inicio de un proceso para sanear la moneda y regularizar el cambio en un contexto de crisis financiera. Según Luis N. Dillon, Economista y destacado impulsor de la modernización financiera del Ecuador durante el siglo XX, los problemas como la inconvertibilidad del billete, las emisiones sin respaldo, la inflación, la especulación y la falta de control sobre los bancos debían enfrentarse con reformas profundas.

Un paso clave fue la creación de la Caja Central de Emisión y Amortización el 26 de junio de 1926, encargada de reconocer el monto total de los medios de pago y autorizar la circulación provisional de billetes. Ese mismo año, el presidente de la República, Isidro Ayora, impulsó medidas para fortalecer la economía nacional, como exigir a los bancos emisores entregar oro y plata a la Caja Central, acumulando 10,6 millones de sucres en metales preciosos.

Con el asesoramiento de la Misión Kemmerer, encabezada por el renombrado economista de Princeton E. W. Kemmerer, se diseñó una serie de reformas modernizadoras. El 11 de febrero de 1927, esta misión presentó un proyecto de ley para la creación del Banco Central del Ecuador, que sería una compañía anónima con facultades para emitir dinero, administrar el mercado de cambios y fungir como agente fiscal. Dicha ley fue decretada por Ayora el 12 de marzo de 1927, y la institución abrió sus puertas el 10 de agosto de ese mismo año en Quito, con una sucursal inaugurada en Guayaquil el 25 de agosto.

La dolarización surgió en un contexto de crisis sin precedentes, agravada por el feriado bancario de 1999. Este último evento desató una ola migratoria masiva, que convirtió a las remesas en un pilar clave para miles de hogares ecuatorianos. En los 25 años de dolarización, los migrantes han enviado más de US$ 71.724 millones, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

Aunque las remesas han sido fundamentales para el consumo, su impacto en la estabilidad de la dolarización genera opiniones divididas. Algunos sectores las consideran un soporte crucial frente a la fuga de capitales, mientras que otros argumentan que su incidencia en la creación de dinero y en la economía es limitada, representando menos del 5 % del PIB. Históricamente, las remesas han servido para amortiguar los efectos de crisis económicas, como la recesión de 2015 o la pandemia de 2020, cuando los envíos alcanzaron cifras récord que superaron los US$ 4.000 millones anuales.

El uso principal de estas transferencias ha estado enfocado en el consumo, con escaso impacto en la inversión productiva. Economistas sugieren que, para potenciar su efecto en el desarrollo económico, podría implementarse un marco que facilite la inversión de remesas en pequeños negocios o proyectos comunitarios.

La dolarización eliminó la capacidad del BCE de emitir moneda, pero no su relevancia en la economía nacional. Algunas posturas sugieren cerrar el Banco Central para evitar riesgos de manipulación monetaria en el futuro, una medida que consideran drástica pero efectiva para proteger la dolarización. Sin embargo, también hay quienes señalan que su eliminación podría generar riesgos importantes en la administración de las reservas internacionales y la liquidez económica.

El BCE desempeña funciones fundamentales que incluyen preservar y administrar las reservas internacionales, monitorear la estabilidad del sistema financiero y actuar como un ente independiente que provea información clave para la toma de decisiones en políticas monetarias y fiscales. En los últimos años, el Banco Central ha logrado generar utilidades significativas, las cuales han sido transferidas al Ministerio de Economía y Finanzas, contribuyendo al manejo de las finanzas públicas. No obstante, críticas recientes señalan que el BCE podría desempeñar un rol más activo en la planificación económica, promoviendo un mayor dinamismo en el sector productivo.

En el marco legal, el Banco Central opera bajo las limitaciones del Código Orgánico Monetario y Financiero, que prohíbe cualquier forma de financiamiento al Gobierno central o la emisión de moneda paralela al dólar. Estas restricciones buscan garantizar la estabilidad del sistema monetario y evitar riesgos de endeudamiento excesivo o inflación.

La dolarización ha demostrado ser un sistema que goza de la confianza de la población, a pesar de sus limitaciones. Su permanencia, sin embargo, depende de un equilibrio delicado entre la política fiscal, la disciplina económica y el manejo de las instituciones clave, como el BCE. En un contexto global cambiante, donde los países enfrentan desafíos económicos complejos, Ecuador debe fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar que la dolarización siga siendo una herramienta de estabilidad y desarrollo.

Mientras el debate sobre el futuro del Banco Central y el modelo económico continúa, este aniversario es un recordatorio de los desafíos y aprendizajes que Ecuador ha enfrentado en las últimas dos décadas y media. La pregunta que queda es cómo garantizar que las instituciones y políticas públicas estén a la altura de los retos que el país enfrentará en el futuro. Además, se hace necesario un diálogo nacional para definir el papel de las remesas, la política fiscal y las instituciones económicas en la consolidación de un modelo sostenible que beneficie a la ciudadanía. (I)