La política de migración y seguridad en Estados Unidos podría tomar un giro inesperado. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció recibir a criminales convictos deportados desde EE.UU. en su megaprisión de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Este anuncio, realizado durante la reciente visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, provocó reacciones encontradas.
La propuesta de Bukele no distingue nacionalidad: los reos podrían ser de cualquier país, incluyendo pandilleros de la MS-13, miembros del Tren de Aragua e incluso ciudadanos estadounidenses condenados por delitos graves. A cambio, El Salvador recibiría una tarifa que, según Bukele, sería "relativamente baja para EE.UU., pero significativa para nosotros", permitiéndole financiar su sistema penitenciario.
Donald Trump, quien actualmente ocupa la Casa Blanca, se mostró receptivo a la idea, aunque reconoció que hay desafíos legales. "Si tenemos derecho a hacerlo, lo haría en un instante", dijo el mandatario republicano. "No sé si lo tenemos o no; lo estamos estudiando ahora mismo, pero podríamos llegar a acuerdos para sacar a esos animales de Estados Unidos".
El anuncio puso sobre la mesa un modelo de cooperación internacional en seguridad sin precedentes. Sin embargo, también encendió alarmas entre expertos legales, defensores de derechos humanos y líderes políticos de la región.
El Cecot: ¿una prisión modelo o una fortaleza impenetrable?
El Cecot, inaugurado en 2023, es considerado uno de los penales más grandes y estrictos de América Latina. Ubicado en Tecoluca, a 74 kilómetros de San Salvador, este centro penitenciario fue diseñado para albergar a 40.000 reclusos. Actualmente, cuenta con aproximadamente 15.000 internos, en su mayoría miembros de pandillas capturados bajo el estado de excepción impuesto por Bukele en 2022.
Las condiciones dentro del Cecot han sido objeto de elogios y críticas. Sus celdas, de 7,40 x 12,30 metros, pueden albergar hasta 150 presos, según denuncias de organismos internacionales. No cuentan con camas individuales, sino con estructuras metálicas alineadas en bloques. No hay visitas familiares ni actividades recreativas.
Cada día, los reclusos tienen apenas 30 minutos para realizar ejercicio en grupo dentro de pasillos sin ventanas. El resto del tiempo permanecen confinados bajo estricta vigilancia de 600 soldados de la Fuerza Armada y 250 agentes de la Policía Nacional Civil.
El modelo de Bukele redujo drásticamente la criminalidad en El Salvador. Según datos del gobierno, en 2015 el país tenía una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En 2024, la cifra bajó a 2,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiendo a El Salvador en "el país más seguro de América", según el propio Bukele.
Sin embargo, el éxito del plan tiene un costo. La organización Cristosal reportó que al menos 261 personas han muerto en las cárceles salvadoreñas desde el inicio del estado de excepción. También se han denunciado casos de tortura, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
El problema legal: ¿Puede EE.UU. deportar criminales a El Salvador?
A pesar del entusiasmo de Trump y Rubio, el acuerdo enfrenta obstáculos legales. Según la Constitución de Estados Unidos, el gobierno no puede deportar a ciudadanos nacidos en su territorio, incluso si son criminales condenados.
Sin embargo, los ciudadanos naturalizados y residentes permanentes sí podrían ser despojados de su estatus legal si se demuestra que obtuvieron su ciudadanía de manera fraudulenta o si están involucrados en actividades criminales graves.
"Si usted tenía vínculos con pandillas y nunca los reveló, podrían usar eso como una razón para desnaturalizarlo", explicó el abogado de inmigración Alex Cuic a la BBC. En estos casos, una vez revocada su ciudadanía, podrían ser deportados a El Salvador bajo el nuevo acuerdo.
Para los inmigrantes ilegales con antecedentes penales, la situación es distinta. Según el Departamento de Seguridad Nacional, EE.UU. deporta cada año a más de 200.000 personas, muchas de ellas con condenas por delitos graves. Con la propuesta de Bukele, estos delincuentes podrían ser enviados directamente a El Salvador en lugar de sus países de origen, siempre que cumplieran con los criterios establecidos en el acuerdo.
El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la oferta como "una de las más extraordinarias que ningún país haya hecho jamás". Sin embargo, reconoció que el Departamento de Justicia deberá revisar la legalidad de enviar prisioneros estadounidenses a cárceles extranjeras.
¿Un negocio para El Salvador?
La oferta de Bukele tiene un trasfondo económico. Con un presupuesto limitado y una deuda externa creciente, su gobierno busca nuevas fuentes de ingresos. En 2023, la deuda pública de El Salvador alcanzó los US$ 31.000 millones, equivalente al 82 % de su PIB.
Bukele ha tratado de atraer inversión extranjera a través de medidas como la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal y la creación de incentivos fiscales para empresarios. Sin embargo, su plan económico ha encontrado obstáculos y el financiamiento del sistema penitenciario representa una carga significativa para el Estado.
Según cifras oficiales, el costo de mantenimiento del Cecot no ha sido revelado, pero informes independientes estiman que la construcción de la prisión costó alrededor de US$ 70 millones. Si EE.UU. pagara por cada prisionero alojado en el penal, los ingresos generados podrían contribuir a la sostenibilidad del modelo.
Reacciones internacionales y derechos humanos
Elon Musk, en su estilo provocador, aplaudió la idea en redes sociales, llamándola una "gran solución". No obstante, organismos como la ONU expresaron su preocupación por el trato a los reclusos en El Salvador.
"La megacárcel de Bukele no puede ser vista como un modelo replicable sin analizar sus serias implicaciones en materia de derechos humanos", advirtió Amnistía Internacional en un comunicado.
En Washington, la propuesta también generó división. Mientras los republicanos más conservadores la ven como una solución viable para reducir la sobrepoblación carcelaria en EE.UU., los demócratas mostraron reservas. La senadora Elizabeth Warren calificó la idea como "inhumana e ilegal" y advirtió que podría enfrentar desafíos en los tribunales.
El Salvador no es el único país que ofrece soluciones carcelarias a EE.UU. En el pasado, Filipinas y algunos países africanos plantearon acuerdos similares para recibir prisioneros a cambio de dinero. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas prosperó debido a preocupaciones legales y diplomáticas.
El futuro del acuerdo
Por ahora, la propuesta de Bukele está en fase de evaluación por parte del gobierno de Trump. De concretarse, marcaría un cambio radical en la política de deportaciones y podría establecer un nuevo modelo de cooperación en seguridad internacional. En la actualidad, los gastos anuales totales del gobierno de EE.UU. en prisiones y cárceles públicas asciende a US$ 80.700 millones, mientras que en prisiones y cárceles privadas llega a US$ 3.900 millones.
Por lo pronto, miles de inmigrantes en EE.UU. que cometieron delitos graves podrían enfrentar una nueva realidad: en lugar de ser enviados a sus países de origen, podrían terminar en una prisión salvadoreña de máxima seguridad, bajo un régimen de aislamiento total. ¿Será este el futuro de la lucha contra el crimen en América? La respuesta aún está por escribirse, pero una cosa es clara: Nayib Bukele volvió a desafiar los límites de la política global. (I)