El sector empresarial ecuatoriano avanza con dinamismo y resiliencia. Un elemento clave de esta transformación son las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que en solo media década cambiaron la manera de emprender en Ecuador, facilitando la formalización de negocios y permitiendo el crecimiento de nuevos sectores.
Luis Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, comparte su visión sobre el impacto de las SAS, el crecimiento del sector asegurador y la importancia de la inversión tecnológica en la Superintendencia para mejorar la regulación y el control. Con más de 67.000 SAS registradas, el país vio una explosión en la constitución de empresas, aunque aún existen desafíos por superar, como la cultura del aseguramiento y la atracción de capital extranjero.
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Hasta hace cinco años, emprender en Ecuador era, por lo general, un proceso engorroso, costoso y lleno de burocracia. Crear una empresa requería hasta tres meses y un costo de aproximadamente de US$ 1.500. Muchos optaban por operar en la informalidad o como personas naturales para evitar estos trámites.
Pero en febrero de 2020, la SAS llegó para cambiar ese panorama. Hoy, constituir una no tiene costo y el trámite se realiza en línea, lo que permitió que miles de emprendedores formalicen sus negocios sin los obstáculos del pasado.
"El costo de constituir una SAS es cero. Es un proceso muy ágil y lo puedes hacer en línea", explica Cabezas-Klaere. La medida fue un éxito: hasta enero de 2025, Ecuador tenía 170.000 compañías registradas, de las cuales 67.462 son SAS. Es decir, cerca del 40 % de las empresas actuales se constituyeron bajo este modelo, lo que demuestra su impacto en el ecosistema empresarial.
Para el superintendente, el crecimiento de las SAS facilitó la creación de empresas y también permitió separar los patrimonios personales de los empresariales, protegiendo a los emprendedores de posibles riesgos financieros. "Es un vehículo para emprender y desarrollar la economía. (...) La labor de la superintendencia es controlar que no se utilice mal la figura de las compañías". En ese sentido, la Superintendencia refuerza su capacidad de supervisión para evitar que las SAS sean utilizadas de manera indebida, garantizando su propósito original de fomentar el emprendimiento.
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En el caso del mercado asegurador ecuatoriano, el superintendente indica que creció de manera constante en los últimos años. Según datos oficiales, en 2023, la prima neta emitida alcanzó los US$ 2.202 millones, y en 2024 subió a US$ 2.231 millones. A pesar de este avance, Cabezas-Klaere señala que la penetración de los seguros aún es baja en la población ecuatoriana. En muchos casos, las personas solo adquieren un seguro cuando es obligatorio, como en los créditos hipotecarios.
"No tenemos una cultura de aseguramiento en Ecuador". Explica que, en el terremoto de 2016, las pérdidas fueron de aproximadamente US$ 2.000 millones, pero solo US$ 550 millones fueron cubiertos por seguros. Esto demuestra que la mayoría de las personas y empresas no estaban aseguradas.
Para cambiar esta realidad, la Superintendencia busca impulsar una educación en seguros, promoviendo el conocimiento sobre las pólizas y sus beneficios. "Es como llevar un paraguas. No lo necesitas todos los días, pero cuando llueve, te salva", dice el superintendente.
Si bien la economía ecuatoriana muestra signos de crecimiento, aún faltan aristas que cumplir. Además, afirma que en 2024, Ecuador recibió alrededor de US$ 300 millones en inversión extranjera, "No es nada comparado con lo que tiene Colombia y Perú. Es necesario fomentarla". Cabezas-Klaere cree que Ecuador tiene todo el potencial para convertirse en un destino atractivo para los inversionistas. "Somos un país dolarizado, geográficamente estratégico. Deberíamos ser el principal lugar de inversión en Latinoamérica, como Singapur en Asia".
Sin embargo, la principal barrera sigue siendo la seguridad jurídica. "Los inversionistas no van a traer su dinero si sienten que no lo pueden sacar después". Para mejorar la imagen del país, considera clave trabajar en políticas de estabilidad y generar confianza en el sector privado.
Uno de los grandes desafíos de la Superintendencia en 2025 es mejorar su capacidad de regulación y control. Con cientos de miles de compañías registradas y solo 670 funcionarios, la supervisión se vuelve un reto enorme. Por ello, Cabezas-Klaere apuesta por la transformación digital y la implementación de inteligencia artificial (IA) para optimizar procesos. "La idea no es incrementar el personal, sino ayudarnos con estas herramientas, como la IA, para que las alertas nos indiquen dónde tenemos que controlar", explica.
Además, la institución enfrenta limitaciones presupuestarias. En 2024, su presupuesto prorrogado fue de US$ 20 millones, pero busca ampliarlo a US$ 25 millones en 2025 para modernizar sus sistemas y mejorar la infraestructura. También señala que están trabajando en una regulación para las empresas BIC (Beneficio e Interés Colectivo), certificando a compañías con impacto social y sostenible.
En un país donde el sector privado genera empleo, impuestos y exportaciones, la Superintendencia busca posicionarse no solo como un ente de control, sino como un socio estratégico del desarrollo empresarial. Según las últimas cifras oficiales, en 2022 los ingresos totales de las compañías aumentaron de US$ 136.143 millones a US$ 156.208 millones en 2023. "El desarrollo del país depende en gran parte del sector privado. (...) Tengan la certeza de que, mientras yo esté a la cabeza de la Superintendencia, la posición va a ser de apoyar a este sector, siempre y cuando estén cumpliendo con la ley". (I)
