Christian González Amador es Economista Sénior de País del Banco Mundial para Ecuador. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en temas de crecimiento económico y federalismo fiscal en varios países de la Región de América Latina y el Caribe, y África. Tiene un doctorado en economía de la Universidad de Georgetown, y maestría en políticas públicas de la misma universidad. Forbes Ecuador lo invitó para el Summit Energy and Mining, a mediados de diciembre.

Luego de ese evento, González respondió unas preguntas en las que aborda desde la transición hacia las energías limpias hasta el futuro de los recursos petroleros, pasando por la geopolítica global y sus impactos en la economía ecuatoriana.

¿Cómo lograr el equilibrio entre los combustibles fósiles y las energías limpias? 

Para lograr el equilibrio entre los combustibles fósiles y las energías limpias, Ecuador ha adoptado varias medidas.El gobierno está reduciendo los subsidios a los combustibles fósiles, que han incentivado un mayor consumo y beneficiado a diversas industrias. Esta medida busca disminuir el consumo de combustibles fósiles y fomentar el uso de fuentes renovables. 

Observamos que se están implementando medidas para aumentar la eficiencia energética en diversos sectores, incluyendo la industria y el sector del petróleo y gas. También se busca mitigar las pérdidas en el sector energético y aumentar el uso de energías limpias para cocinar. 

Se espera que en Ecuador para 2050, las fuentes de combustibles fósiles generen una proporción insignificante o nula de electricidad, siendo reemplazadas por energías de otras fuentes, como hidroeléctrica, solar, geotérmica, eólica y de biomasa. 

¿Cuáles son los puntos más controversiales en la búsqueda de este equilibrio? 

Para lograr este equilibrio entre los combustibles fósiles y las energías limpias, es necesario que las políticas públicas relacionadas a estos temas tomen en cuenta los siguientes puntos: 

Primero el impacto en grupos vulnerables. La eliminación de subsidios a los combustibles fósiles puede afectar a los grupos vulnerables. Por lo tanto, es necesario implementar medidas de redistribución de ingresos y compensación para mitigar los posibles impactos adversos. 

Luego están los costos fiscales y económicos. Los subsidios a los combustibles fósiles representan un importante costo fiscal para el gobierno. En 2022, estos subsidios alcanzaron los US$ 4.500 millones (4% del PIB), reflejando en parte el aumento de los precios del petróleo. Y este costo es más alto de lo que se gasta en las transferencias monetarias que son un soporte a las familias más pobres y vulnerables de Ecuador. 

El tercer punto es la resistencia social y política. La reforma de los subsidios a los combustibles fósiles y la transición hacia energías limpias pueden enfrentar resistencia social y política, especialmente si no se informa adecuadamente sobre los beneficios y, a su vez, se implementan medidas de protección social, como por ejemplo transferencias monetarias para las familias más pobres y vulnerables.

¿Cómo y cuánto impacta la geopolítica global en la transición energética? Donald Trump, por ejemplo, apuesta por la perforación de pozos petroleros en su regreso a la Casa Blanca. 

La geopolítica global impacta la transición energética de Ecuador a través de la volatilidad de los precios del petróleo, que afecta los ingresos fiscales y la capacidad de financiar la transición, y la necesidad de diversificar las fuentes de energía más allá de la hidroeléctrica, integrando energías renovables como la eólica, solar y biomasa. La descarbonización global ofrece oportunidades, por ejemplo, para el sector minero formal. Además, es crucial invertir en tecnologías como baterías de almacenamiento e hidrógeno verde, y ofrecer incentivos adecuados para la participación del sector privado en oportunidades de bajas emisiones de carbono. Finalmente, los sectores de energía y transporte deben priorizar la infraestructura resiliente y la diversificación de fuentes de electricidad para mitigar los impactos del cambio climático y futuras crisis energéticas. 

¿Qué puede hacer Ecuador en esta coyuntura, teniendo en cuenta los recursos petroleros que, en principio, tienen los años contados y sumando una naciente industria minera? 

Ecuador tiene oportunidades para diversificar su economía y reducir la dependencia de los ingresos petroleros. La naciente industria minera formal, especialmente la extracción de cobre ofrece una oportunidad para incrementar los ingresos fiscales y las entradas provenientes del mercado cambiario. 

Es crucial gestionar los recursos petroleros frente a los riesgos de la transición energética global. Esto incluye planificar alternativas económicas y buscar consensos en temas sociales y ambientales. Continuar invirtiendo en energías renovables y mejorar la infraestructura de captura de gas para reducir las emisiones fugitivas del sector del petróleo y gas. Además de implementar políticas de protección social para mitigar los impactos adversos de la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles y asegurar una transición justa para todos los sectores de la sociedad. 

¿Cómo sentar en la mesa a petroleros, mineros, ambientalistas, promotores de energías limpias y más interesados en la transición energética? 

La falta de consenso ha impedido que Ecuador implemente reformas necesarias para enfrentar los obstáculos al crecimiento a largo plazo, lo que ha exacerbado la ya elevada inestabilidad política.  

Para sentar en la mesa a diversos actores es importante adoptar un enfoque inclusivo y colaborativo. Algunos pasos a seguir son la transición hacia un desarrollo con bajas emisiones de carbono que requiere un enfoque multisectorial que integre los sectores de la energía, el transporte y el uso de la tierra. Es esencial considerar las interdependencias y sinergias entre estos sectores para lograr un desarrollo sostenible. Hay que buscar consensos en temas sociales y ambientales permitirá que la gestión de los recursos petroleros y la planificación de alternativas, como la minería, pueden ofrecer oportunidades si se logran consensos y soluciones equilibradas con la participación de todas las partes interesadas en temas sociales y ambientales.  

Para ello, se necesita implementar mecanismos de participación y consulta pública regulados adecuadamente. Esto incluye consultas ambientales y sociales para asegurar que las voces de las comunidades locales, ambientalistas y otros grupos interesados sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones. 

Además, al abordar las debilidades institucionales, como los mecanismos de reparto de ingresos con los gobiernos locales, el mapeo de territorios ancestrales y el proceso de concesión de licencias ambientales, se avanza hacia un marco institucional sólido y transparente, aspecto es fundamental para generar confianza. (I)