Ecuador está en el 'top' 10 de países propicios para las alianzas público-privadas (APP) en América Latina y el Caribe. Es uno de los cuatro mercados emergentes en la región que han implementado actualizaciones clave para las APP. Los otros países son Jamaica, Paraguay y Trinidad y Tobago.
Esas mejoras ubican a Ecuador en la posición 9 de 26 naciones en el índice Infrascope 2023/24, que evalúa la capacidad de los países de las Américas para llevar a cabo alianzas público-privadas sostenibles, eficientes e impulsadas por el impacto en infraestructura.
El país obtuvo un puntaje general del índice de 56,8 sobre 100, que lo hizo subir del puesto 15 (con 46 puntos) al noveno, por encima de Costa Rica que se ubica 10.
El ranking lo encabeza Brasil, seguido de Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Jamaica, Panamá y México (ver gráfico).
La medición del entorno propicio para las APP es elaborada por Economist Impact y cuenta con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El análisis y contenido de del índice abarca el periodo entre agosto y diciembre de 2023. El primer estudio se realizó en 2009 y esta es la novena edición.
Según el informe, existe "un creciente apetito" por las APP y estas alianzas son "una prioridad" que va en aumento en las agendas nacionales, especialmente de países más pequeños.
La inversión total en proyectos en la última década (2014-23) alcanzó los US$ 160.000 millones en toda la región. Eso significó un aumento del 14 % desde los US$ 141.000 millones durante 2011-20 (el período analizado en la edición anterior).
En la última década, las APP han representado el 11 % del gasto total en infraestructura, en promedio, frente al 9 % durante el período 2011-20, dice el informe. Se evidencia un crecimiento en el número de proyectos de APP en más del 25 %. Pasaron de 500 a 640 proyectos APP en total financiados en América Latina y el Caribe en 2014-23.
Los sectores del transporte y las energías renovables representan la mayor parte de los proyectos, con un 37 % y un 36 % respectivamente.
Según datos del BID, la región debe invertir "la asombrosa cifra" de US$ 2,2 billones en sectores críticos como agua, saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones.
Para cerrar esta brecha de financiamiento de infraestructura, señala el informe, "es crucial una mayor participación del sector privado". Y los gobiernos cada vez "son más conscientes del potencial de las APP" para fomentar inversiones innovadoras, sostenibles y eficientes. Pero se enfrentan a la complejidad y los riesgos asociados con los proyectos a gran escala y a largo plazo, requieren instituciones sólidas, capacidades y una legislación sólida para el desarrollo eficaz de proyectos público-privados.
El índice evalúa la preparación y la capacidad dividiendo el entorno propicio de las APP en cinco componentes:
- Normativas e instituciones
- Preparación de proyectos y sostenibilidad
- Financiación
- Gestión de riesgos y seguimiento de contratos
- Evaluación del desempeño e impacto (ex-post)
La normativa
En el caso de Ecuador, el informe de Economist Impact señala que ha experimentado "una mejora sustancial" desde la anterior evaluación en 2021/22 debido a múltiples nuevos actos legislativos y directrices que cubren las APP. "Demuestra un sólido desempeño en indicadores de sostenibilidad e inclusión social, y también destaca por su atención a la evaluación del desempeño y el monitoreo de impacto".
El Gobierno ecuatoriano tiene un portafolio de ocho iniciativas que están publicadas en la página web del Registro Nacional de Proyectos APP hasta el 4 de diciembre de 2024. El objetivo es atraer inversión privada por un monto estimado por US$ 4.000 millones. Eso le dijo a Forbes el secretario de Inversiones Público Privada, Pablo Cevallos, en una entrevista en agosto pasado.
Los proyectos de APP han encontrado obstáculos en los últimos años para concretarse, por eso destacaba la nueva normativa que regula los procesos, los requisitos, y la capacidad de la Secretaría como "estructurador centralizado" para armar las propuestas. Además, de ampliar las posibilidades de financiamiento y no limitarlo al inversionista privado.
Entre 2014 y 2023, según el informe, Ecuador registra inversiones en proyectos APP en el sector de transporte por un monto de US$ 3.100 millones y en energías renovables US$ 0,1 mil millones.
El informe regional hace un recuento. El país tiene una Ley Orgánica de Incentivos a las APP desde 2015 y recién en 2020 se emitió el reglamento. Tiene un comité que supervisa las iniciativas y una secretaría de inversiones público-privadas (la agencia nacional de APP), también la unidad sostenibilidad y riesgos fiscales, creada en 2020, que ofrece apoyo técnico y supervisión de las iniciativas APP.
Un Registro Nacional
Dos avances importantes se registraron en 2023. En junio, se emitió el Decreto 788 que integró un seguro de riesgos de desastres en los proyectos APP y exige el análisis de riesgo ambiental. Y en diciembre 2023, la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que incluyó incentivos a la inversión privada.
En 2024, el informe destaca la adopción de la plataforma SOURCE para el Registro Nacional de Proyectos que antes no existía y que empezó a operar en agosto de este año. (Este componente no está cubierto en marco temporal del índice).
Entre los proyectos publicados por la Secretaría está el diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de la terminal multipropósito del puerto de Esmeraldas. Esta es la única terminal estatal que no ha sido concesionada. En el portal se menciona un costo referencial de US$ 87 millones.
En el sector portuario, tres terminales están operadas por empresas privadas bajo la Ley de Incentivos APP, aprobada en 2015. El puerto internacional de Manta, a Agunsa; Puerto Bolívar, a Yilport; y el puerto de aguas profundas de Posorja, a DP World.
Otro proyecto en el portafolio es el Viaducto Sur de Guayaquil o Puente Sur, que se calcula una inversión por US$ 1.400 millones. En noviembre se firmó un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Prefectura del Guayas para la ejecución de los accesos al viaducto de los tramos 4 y 5, por más de US$ 120 millones. Paralelamente continúa el proceso para concretar una APP de los otros tramos.
La Secretaría de Inversiones Público Privada acaba de firmar el contrato para los estudios de prefactibilidad de la nueva vía Cuenca-Guayaquil, un proyecto que todavía no figura en el Registro Nacional de APP, pero que es estratégico para conectar la Costa con el Austro. El contrato está a cargo de Korea Expressway Corporation (KEC) y el costo asciende a US$ 1,8 millones que serán cubiertos por el Ministerio de Finanzas. (I)