Sam Rivera solía despertarse todas las mañanas y prepararse para la llamada inevitable: otra persona encontrada muerta por una sobredosis de opioides en un parque, un baño o un callejón. Pero eso comenzó a cambiar el 30 de noviembre, cuando la ciudad de Nueva York abrió dos centros de prevención de sobredosis donde las personas pueden consumir drogas bajo la observación de personal capacitado que interviene si las cosas van mal.
“No he recibido esa llamada en siete semanas, lo cual es realmente alucinante”, dice Rivera, director ejecutivo de OnPoint NYC, el grupo sin fines de lucro que administra los sitios. Los 642 participantes registrados de OnPoint NYC han venido al centro de prevención de sobredosis 6,184 veces. Hasta el 1 de febrero, el centro dice que ha revertido un total de 127 sobredosis.
Esta es una pequeña historia de éxito dentro de un problema enorme y sombrío. ¿Por qué? En 2020 hubo 70.168 muertes por sobredosis de opioides en los EE. UU., un 37 % más que el año anterior, y más de 538.000 personas han muerto desde 1999. A su vez, un nuevo informe publicado el miércoles en The Lancet advirtió que más de 1,2 millones de personas podrían morir por sobredosis de opioides en Estados Unidos y Canadá para 2029 si no se toman medidas.
La creciente epidemia tiene un costo tremendo, no solo en la cantidad de vidas perdidas, sino también en la carga económica para la sociedad. Economistas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han estimado que el costo total de la combinación de personas que viven con el trastorno por uso de opioides y las personas que murieron por sobredosis fatales en los EE. UU., superó el billón de dólares en 2017. Ese año, 2.1 millones de personas fueron diagnosticadas con trastorno por uso de opioides y 47.000 personas murieron. Con más de 70.000 muertes en 2020, el costo aproximado de la epidemia de opiáceos es ahora de más de US$ 1.3 billones y sigue aumentando, según una estimación de Forbes que utiliza el mismo enfoque que los CDC.
A los efectos del modelo de los CDC, el valor de una vida estadística en 2017 fue de US$ 10,1 millones. Eso, combinado con US$ 1,4 millones en pérdida de productividad y US$ 5500 en gastos de atención médica, significó que el costo por caso de una sobredosis fatal de opioides fuera de alrededor de US$ 11,5 millones.
Para una persona adicta a los opioides, los CDC calcularon la calidad de vida reducida en US$ 183.000, la pérdida de productividad y los costos de atención médica en US$ 14,700 cada uno, el costo de la justicia penal en US$ 7,000 y el tratamiento por uso de sustancias en más de US$ 1,600.
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El costo total para alguien que vive con adicción a los opiáceos fue de alrededor de US$ 221,200.
"Esta es una estimación conservadora del impacto, porque no podemos decir mucho sobre las consecuencias a largo plazo", dice Curtis Florence, autor del estudio y líder del equipo económico de la rama de análisis de datos en la división de Lesiones de los CDC. El modelo puede ayudar a evaluar el costo de las medidas para prevenir la adicción a los opioides y la muerte en relación con el impacto económico.
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En noviembre, la administración de Biden publicó una descripción general de sus prioridades del primer año relacionadas con la epidemia de opioides, incluidos US$ 4 mil millones en el Plan de Rescate Estadounidense para aumentar el acceso a los servicios de salud mental y abuso de sustancias. También señaló que reservar US$ 30 millones para la reducción de daños fue "una cantidad histórica que mejorará las intervenciones como los programas de servicios de jeringas".
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La administración Biden no ha tomado una postura sobre los sitios de consumo seguro como los de la ciudad de Nueva York, que siguen siendo ilegales según la ley federal de “casas de crack” que convierte en un delito grave arrendar o alquilar cualquier lugar para el uso de drogas ilegales. En Nueva York, la administración de Biden aparentemente se ha cedido a la ciudad al no hacer cumplir el estatuto federal y cerrar el programa.
