Cuando se habla de finanzas sostenibles, la mexicana Sandra Guzmán es una referente. La fundadora y directora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) se dedica desde hace más de 17 años a analizar las políticas, los datos y las negociaciones climáticas. En un mundo que cada vez está experimentando de forma más intensa sequías, inundaciones y una variedad de efectos del cambio climático, se ha convertido en una de las principales voces en los eventos internacionales donde se evalúa el futuro del planeta.
Desde el 11 al 24 de noviembre estuvo en Bakú, Azerbaiyán, siguiendo de cerca las negociaciones en la 29 Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como COP29. Este año, la conferencia- considerada como el evento más importante para evitar que la temperatura de la Tierra continúe en aumento- se enfocó en la especialidad de Guzmán.
En la llamada COP de las finanzas, los representantes de 197 países se reunieron para intentar llegar a un acuerdo financiero en el que los países desarrollados contribuyan con las naciones en desarrollo, como Ecuador, a alcanzar sus compromisos climáticos.
Guzmán reconoce la dificultad que implica ponerse de acuerdo en temas financieros, pero no pierde la esperanza de que el modelo actual se pueda redefinir. Sus conclusiones están basadas en su Informe sobre Finanzas Sostenibles, que lo realiza desde el 2020 y que presentó su última versión en octubre de este 2024. Allí analiza la situación de los 20 países más emisores de gases de efecto invernadero de la región, entre los que está Ecuador.
Los resultados del índice muestran que estos países reciben 19 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, que por financiamiento climático. Además, los presupuestos nacionales destinados a actividades intensivas en carbono superan 12 veces a los que están dirigidos a combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad.
En el caso de Ecuador, ocupa el puesto número 17 de 20 en el ranking de finanzas sostenibles, lo que lo ubica en el nivel "medio bajo". Esto cobra sentido al analizar el siguiente indicador. El país lidera la lista de los países con mayores niveles de ingresos intensivos en carbono, lo que dificulta su transición. El análisis resalta la oportunidad que tiene América Latina y el Caribe de liderar una transición global hacia la sostenibilidad.
Para Guzmán, los acuerdos que se alcancen en la COP son decisivos, sobre todo para esta región, donde ya se están sintiendo los efectos del cambio climático, pero que continúa dependiendo en los combustibles fósiles.
Con la claridad que la caracteriza, logra explicar en los pasillos, eventos paralelos y ruedas de prensa la importancia de fijarse en todos los detalles del nuevo objetivo de financiamiento y definir una meta clara, que vaya acorde a las necesidades reales de los países más vulnerables.
¿A qué nos referimos exactamente al analizar las finanzas sostenibles?
Mucho de lo que hemos trabajado desde GFLAC ha sido analizar cómo las finanzas han empezado a transformarse. Con esto nos referimos a los mecanismos que nos ayudan a avanzar hacia un desarrollo sostenible, a combatir el cambio climático, entre otras acciones. Pero para nosotros no basta con incrementar el financiamiento positivo, sino también decrecer el negativo.
¿Cómo se refleja este concepto en el Índice?
El Índice de Finanzas Sostenibles, que es la herramienta que hemos creado, nos ayuda a entender no solo cuántos recursos llegan y cuántos recursos salen del país, sino también a entender de qué estamos hablando, qué tipo de financiamiento llega y cómo se asignan. Medimos cuatro variables: los ingresos sostenibles o cuánto llega de fondos sostenibles como del Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación o la cooperación bilateral. Luego analizamos también cuánto ingresa a través de actividades que generan el problema. Por ejemplo, la exportación de petróleo, que genera ingresos que son intensivos en carbono. Por otro lado, medimos los presupuestos sostenibles o cuánto gastan nuestros países a través de su financiamiento público en acciones que nos ayudan a combatir el cambio climático. Por último, medimos también aquel presupuesto que está generando el problema. Por ejemplo, el que está dedicado a la explotación o exploración de combustibles fósiles o minería, que son actividades que generan las emisiones.
¿Cómo se analizan estas variables en la práctica y en el contexto de América Latina?
El Índice nos ha ayudado a entender los gaps o brechas entre el financiamiento adecuado y el que genera el problema. En la última versión del índice seguimos identificando que no hay país alguno en la región, al menos de los 20, que haya logrado balancear sus finanzas incrementando sustantivamente sus finanzas hacia los sectores más sostenibles y decreciendo los intensivos en carbono. Hay países con mejor asignación de presupuestos y mejores evaluaciones como El Salvador y Guatemala, que son naciones que no necesariamente dependen de los combustibles fósiles para generar ingresos. Han tenido que ingresar financiamiento sostenible y además han asignado presupuesto público. Por otro lado, también hay naciones que han incrementado la brecha entre lo positivo y negativo como México, Ecuador y Bolivia que son países que dependen mucho de los combustibles fósiles para generar ingresos.
En algunas charlas justamente ha mencionado el caso de Ecuador. ¿Qué sorprende de sus resultados?
El caso de Ecuador es importante porque además de ser megadiverso tiene reservas de petróleo que se han usado para generar ingresos. Mas del 30% de estos dependen de la exportación de petróleo y también lo venden para ingresar recursos para pagar sus cuentas. Claro que para países como Ecuador hay necesidad de inyección de financiamiento internacional que permita generar las condiciones para alcanzar una transición justa. En Ecuador, México o incluso Brasil, lo que necesitamos es empezar a generar nuevas industrias y nuevas formas de generar ingresos, que separen las actividades extractivas de la generación de riqueza. Es decir, cómo desacoplamos nuestra dependencia fiscal de estas actividades. Esa es una premisa muy importante para avanzar.
¿Cómo influye lo que pasa en la COP para cambiar estos indicadores y alcanzar esa transición?
En la discusión del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (nueva meta de financiamiento conocida con este nombre que se abrevia como NCQG) estamos hablando de que necesitamos un número, pero un número claro y que podamos tener acceso a financiamiento particularmente en forma de donaciones. El objetivo es que no nos genere mucha deuda para que podamos a su vez acceder a este recurso que nos permita, por ejemplo, inyectar o ayudar al cambio tecnológico y de las arquitecturas institucionales. Con esta inyección de capital podremos prepararnos para esa transición. Lo que pasa es que muchas de las tecnologías que se han creado para la transición no son de alcance tan fácil de los países en vías de desarrollo y por eso necesitamos ese financiamiento de los países desarrollados.
¿Cómo se alinea con los esfuerzos internos de cada país?
No se trata solo de lograr esa transición con nuestro presupuesto. Claro que nuestro presupuesto también se tiene que desacoplar, pero es un proceso paralelo. Necesitamos por un lado este financiamiento y señales claras para inyectar ese recurso y, por otro lado, empezar a transformar nuestras economías.
¿Es posible redefinir el modelo financiero de la región?
Justamente hay varias oportunidades. Desde el punto de los ingresos, hay que generar nuevas industrias o actividades que alimenten el fisco o ayuden a expandir el espacio fiscal porque el problema es que nuestros países tienen reducido espacio fiscal, entonces no les alcanza el financiamiento público o sus presupuestos públicos para pagar por la transición. Hay que generar nuevos ingresos, por ejemplo, a través de impuestos a los que más contaminan o a los que más tienen y generar nuevos ingresos que a su vez pueden ser gastados.
¿Gastar más en cambio climático?
No solo hay que gastar más en atención al cambio climático, sino mejor. Por ejemplo, pensar cómo hacemos análisis de los programas o políticas implementadas en los países, cómo identificamos las políticas o regulaciones o marcos que están generando deforestación o emisión de gases de efecto invernadero y cómo transformarlas. A partir de ahí, identificar qué programas están generando el problema para reducir el financiamiento e inyectarlo en aquel que nos ayude a enfrentarlo.
¿Cuáles son los retos pendientes?
Por otro lado hay un tema de gobernanza. Hay que ajustar y mejorar las instituciones porque el cambio climático ya no es un tema que solo debe verse como una opción, sino como una obligación. La planeación ya no puede ser solo ambiental. No basta con que el Ministerio de Ambiente esté involucrado, ahora toca realmente sacudir las estructuras y pensar que los temas ambientales son transversales. Faltan políticas, arreglos institucionales y muchos temas de transparencia para entender mejor dónde estamos parados como países. Todavía hay un largo camino, pero también hay avances y eso es importante considerar.
* Esta nota se realizó en el marco de la beca de Climate Tracker para cubrir la COP29 en Bakú, Azerbaiyán.