El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó esta sábado la ley aprobada por el Congreso sobre el control de armas de fuego, la más importante en esta materia en casi 30 años pero lejana a las demandas de las organizaciones sociales y del propio mandatario.
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"Si bien esta ley no abarca todo lo que quiero, sí incluye medidas que pedí durante mucho tiempo y que salvarán vidas", dijo el demócrata en la Casa Blanca antes de volar hacia Israel y Europa para participar de las cumbres del G7 y la OTAN.
La norma, respaldada por legisladores demócratas y republicanos y que fue aprobada este viernes con el aplauso del Congreso, introduce nuevas restricciones al porte de armas y destina miles de millones de dólares a salud mental y seguridad escolar.
La iniciativa parlamentaria fue lanzada luego de dos masacres ocurridas en mayo: la de una escuela primaria de Uvalde, Texas, en la que murieron 21 personas, incluidos 19 niños, y la de un supermercado de Buffalo, en el estado de Nueva York, en el que 10 personas negras fueron asesinadas.
El texto tiene como objetivo fortalecer la verificación de antecedentes penales y psicológicos de los compradores de armas de 18 a 21 años y establecer un mejor control de la venta ilegal de armas y el financiamiento de programas dedicados a la salud mental.
Biden pretendía también prohibir los rifles de asalto, precisó la agencia de noticias AFP.
Refiriéndose a la dificultad de aprobar una legislación sobre un tema tan delicado en un Congreso dividido, el presidente calificó la nueva legislación de "monumental".
El mensaje de las víctimas del tiroteo -dijo- era "'hagan algo (...), por el amor de Dios, hagan algo'. Bueno, hoy hicimos algo". "Sé que todavía hay mucho trabajo por hacer y nunca me rendiré", agregó.
La poderosa Asociación Nacional del Rifle y muchos republicanos de ambas cámaras del Congreso se opusieron, pero la iniciativa tuvo el respaldo de grupos que trabajan en temas policiales, violencia doméstica y enfermedades mentales.
La última legislación federal importante de control de armas fue sancionada en 1994 al crear un sistema nacional de comprobación de antecedentes y prohibir la fabricación para uso civil de rifles de asalto y cargadores de munición de gran capacidad.
Pero esa ley expiró una década después y desde entonces no hubo ningún movimiento serio de reforma pese al aumento de la violencia con armas de fuego.