En marzo de 2022, David Zayas conducía por la autopista Hutchinson River Parkway, en Scarsdale. Su auto, un Chevrolet gris, era totalmente corriente, al igual que su velocidad. Pero para el Departamento de Policía del condado de Westchester, el vehículo era motivo de preocupación y Zayas un posible delincuente; su nueva y potente herramienta de IA había identificado el comportamiento del vehículo como sospechoso.
Buscando en una base de datos de 1.600 millones de registros de matrículas recopilados en los dos últimos años en localidades de todo el estado de Nueva York, la IA determinó que el auto de Zayas estaba realizando un trayecto típico de un narcotraficante.
Según un escrito del fiscal del Departamento de Justicia, hizo nueve viajes desde Massachusetts a distintas partes de Nueva York entre octubre de 2020 y agosto de 2021 siguiendo rutas conocidas por ser utilizadas por los narcotraficantes y para estancias llamativamente cortas. Así que el 10 de marzo del año pasado, la policía de Westchester le dio el alto y registró su auto, encontrando en su interior 112 gramos de cocaína crack, una pistola semiautomática y 34.000 dólares en efectivo, según los documentos judiciales. Un año después, Zayas se declaró culpable de un cargo de tráfico de drogas.
El caso, del que no se había informado hasta ahora, es una ventana a la evolución de la actuación policial impulsada por la IA, y un presagio de las cuestiones constitucionales que inevitablemente la acompañarán. Normalmente, la tecnología de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) se utiliza para buscar matrículas vinculadas a delitos concretos. Pero en este caso se utilizó para examinar los patrones de conducción de cualquiera que pasara por una de las 480 cámaras del condado de Westchester durante un periodo de dos años. El abogado de Zayas, Ben Gold, impugnó las pruebas reunidas por la IA contra su cliente, tachándolas de "vigilancia de arrastre".
Y tenía los datos para respaldarlo. Una FOIA que presentó ante la policía de Westchester reveló que el sistema ALPR escaneaba más de 16 millones de matrículas a la semana, a través de 480 cámaras ALPR. De esos sistemas, 434 eran fijos, sujetos a postes y señales, mientras que los 46 restantes eran móviles, sujetos a vehículos policiales. La IA tampoco se limitaba a mirar las matrículas. También había estado tomando notas sobre la marca, el modelo y el color de los vehículos, algo útil cuando la matrícula de un vehículo sospechoso no es visible o se desconoce.
Para Gold, el análisis del sistema de cada auto captado por una cámara equivalía a una "búsqueda sin precedentes". "Este es el espectro de la vigilancia moderna contra el que debe protegerse la Cuarta Enmienda", escribió, en su moción para suprimir las pruebas. "Este es el desarrollo sistemático y el despliegue de una vasta red de vigilancia que invade la expectativa razonable de privacidad de la sociedad.
Gold declinó hacer más comentarios sobre el caso. El Departamento de Policía del condado de Westchester no respondió a las solicitudes de comentarios.
El ajuste de cuentas con Rekor
El sistema de vigilancia de matrículas de la policía de Westchester fue construido por Rekor, una empresa de IA con una capitalización bursátil de 125 millones de dólares que cotiza en el NASDAQ. Los informes locales y los datos de los gobiernos públicos revisados por Forbes muestran que Rekor ha vendido su tecnología ALPR a al menos 23 departamentos de policía y gobiernos locales de todo Estados Unidos, desde Lauderhill (Florida) hasta San Diego (California). Eso sin contar los más de 40 departamentos de policía del estado de Nueva York que pueden hacer uso del sistema de la policía del condado de Westchester, que funciona desde su Centro de Delincuencia en Tiempo Real.
"Sin supervisión judicial, este tipo de sistema opera al capricho de cada agente con acceso a él".
La gran ventaja de Rekor es que su software no requiere nuevas cámaras, sino que puede instalarse en las ya existentes, ya sean propiedad del gobierno, de una empresa o de un consumidor. También gestiona la Red de Seguridad Pública de Rekor, un proyecto opcional que ha estado agregando datos de localización de vehículos de los clientes durante los últimos tres años, desde que se lanzó con información de 30 estados que, en ese momento, leían 150 millones de matrículas al mes.
Ese tipo de base de datos centralizada, con intercambio de datos entre estados, ha preocupado a los activistas de los derechos civiles, especialmente a la luz de las recientes revelaciones de que la oficina del sheriff del condado de Sacramento estaba compartiendo datos de lectores de matrículas con estados que han prohibido el aborto.
"La escala de este tipo de vigilancia es increíblemente masiva", declaró a Forbes Brett Max Kaufman, abogado senior de la ACLU. Señalando tanto a Rekor como a Flock, un rival que gestiona una red panamericana de vigilancia similar de lectores de matrículas, describió la vigilancia sin orden judicial de ciudadanos en masa como ésta como "bastante horripilante".
Rekor declinó una entrevista y no respondió a las solicitudes de comentarios. Pero Matt Hill, que vendió su empresa OpenALPR a Rekor en 2019 y fue su científico jefe antes de dejarla en septiembre de 2022, dijo a Forbes que la red probablemente estaba creciendo. "Estoy bastante seguro de que ahora habría más cámaras en más estados... Sería bastante grande", dijo, señalando que clientes no gubernamentales también han estado proporcionando vídeo. Entre los clientes privados de Rekor se encuentran aparcamientos, casinos y cadenas de restaurantes de comida rápida.
Con tantas agencias recopilando ahora registros de matrículas, y el amanecer de una vigilancia más avanzada y potenciada por la inteligencia artificial, los defensores de la privacidad están dando la voz de alarma sobre una tecnología en expansión con escasas protecciones legales para el estadounidense medio. "Hemos visto cómo los sistemas se metastatizan totalmente hasta el punto de que las capacidades de un departamento de policía local realmente sorprenderían a la mayoría de la gente", añadió Kaufman. "Esto es sólo el principio de las aplicaciones de esta tecnología".
Vigilancia inevitable
El mercado de ALPR está creciendo gracias a una avalancha de rivales de Rekor, como Flock, Motorola, Genetec, Jenoptik y muchos otros que tienen contratos con gobiernos federales y estatales. Cada uno de ellos intenta hacerse con una tajada de un mercado cuyo valor se estima en al menos 2.500 millones de dólares.
Pero no es fácil. Al presentar los resultados del primer trimestre de este año, Rekor obtuvo unos ingresos de 6,2 millones de dólares con una pérdida neta de 12,6 millones. Reportó una pérdida similar en el mismo trimestre del año pasado. Sus acciones cotizan actualmente a unos 2,75 dólares, por debajo del máximo alcanzado en abril de 2021 de 23,45 dólares por acción.
En busca de ese elusivo beneficio, el mercado está mirando más allá de las fuerzas del orden, hacia el comercio minorista y la comida rápida. Los gigantes corporativos han jugado con la idea de vincular las matrículas a las identidades de los clientes. McDonalds y White Castle ya han empezado a utilizar el ALPR para adaptar las experiencias de los autoservicios, detectando a los clientes que vuelven y utilizando los pedidos anteriores para guiarles en el proceso de pedido u ofrecerles ofertas de promociones individualizadas. Esta última cadena de restaurantes utiliza la tecnología de Rekor para ello a través de una asociación con Mastercard.
Con la amplitud de la expansión, cada vez es más difícil evitar los ojos vigilantes de la vigilancia gubernamental y corporativa, o incluso saber dónde están. Como comprobó Gold al intentar obtener datos del gobierno de Westchester, las autoridades no están legalmente obligadas a facilitar información sobre el paradero de las cámaras.
"Dada la vasta naturaleza de la red ALPR y la necesidad de viajar por las carreteras públicas para participar en la vida moderna", escribió Gold en su moción de supresión, "evitar la vigilancia ALPR es inviable, si no imposible".
