Se ha dicho muchas veces: somos un pueblo novelero pero sin memoria. El caso Plaga lo ratifica. Las primeras denuncias sorprendieron; el asunto se conversó, se especuló de la mano de los medios que acompañaban la efervescencia. Al poco tiempo los hechos se amortiguaron, se apagaron hasta el olvido. Ahora vuelve a la escena con un bombazo de revelaciones, pruebas y reconocimientos de culpabilidad. Pero parece, que a estas alturas, ya nada nos sorprende.

El 03 de abril de 2.024 la Fiscalía realizó operativos en 8 provincias como parte de la investigación del caso llamado Plaga. El delito en investigación era por delincuencia organizada en el sistema judicial. El foco del asunto, la liberación de presos peligrosos de manera irregular. Todo, por supuesto, agilitado por pago de dinero o de favores.

Para abandonar la cárcel cualquier mecanismo sirve. Esta vez se trató de certificados médicos y judiciales adulterados. Utilizando programas de edición y páginas de internet la red subterránea de compinches falsificaban documentos. Un triángulo perfecto movía la maquinaria perversa: operadores con relaciones, jueces venales y funcionarios de las cárceles (secretarias, policías, abogados, encargados, asistentes). 

Todos las personas, implicadas y cercanas, sabían que el mecanismo era trucho, pero seguían la corriente. Seguramente, cobrando sus comisiones. El operador se encargaba de reclutar reos desesperados por dejar la prisión a cambio de fajos de billetes que los proporcionaban ellos mismos o sus organizaciones, Lobos y Choneros, especialmente. 

En el certificado médico de las últimas denuncias, el VIH aparece como protagonista. La enfermedad catastrófica -con sus mitos y creencias no comprobadas- asusta a cualquiera, por su fama de mortal, su supuesto peligro de contagio, su cercanía con el Sida. Todos coinciden en que es mejor deshacerse de los portadores cuanto antes. Aquello se desprende de las declaraciones de Omar Jarrín, uno de los procesados y ahora testigo protegido. 

Los beneficiarios del audaz mecanismo eran políticos presos y sobre todo miembros de bandas ligadas al tráfico de drogas: sicarios, gatilleros, líderes de segundo nivel de las pandillas. El certificado como por arte de magia, los colocaba otra vez en las calles con más temeridad, para extorsionar, para secuestrar, para matar. La idea de rehabilitación siempre fue una farsa. 

La falsificación de certificados no es la única estrategia para sacar los presos. Hace días conocimos una forma más audaz: explosiones en la cárcel para obligar a cambiar de lugar a los presos o favorecer su huída. Esta medida, calificada como terrorista, da cuenta de que la guerra interna sigue vigente. Las bandas y sus aliados políticos desafían al poder sin ambages.

UNA FISCAL EN LA MIRA

Una reflexión ineludible se desprende: la tenacidad, el valor y eficiencia de la Fiscal Salazar. Nunca antes se han destapado tantos casos de grupos narco políticos con tanta solvencia: Metástasis, Purga, Plaga, Encuentro, Pantalla..... La convulsión causada preocupa a la oposición que agilita su enjuiciamiento y destitución. Los intereses, inconfesables: empantanar los procesos en curso y abrir vías -con fiscal de confianza- para la impunidad. Confunden a propósito los tiempos políticos con los tiempos técnico jurídicos que tienen otra lógica. 

Una segunda reflexión merece el enfoque con que se trata esta delincuencia organizada. Se carece de una visión de sistema. Se actúa exclusivamente sobre un foco de la cadena -la acción delictiva- y se deja a su suerte los procesos ulteriores de prevención, investigación, juzgamiento, castigo, prisión, seguimiento. El esfuerzo de las fuerzas del orden termina en saco roto. Actuar solo en un componente podrido no trae resultados contundentes. Un problema sistémico precisa actuaciones sistémicas. Estrategias de este tipo, lastimosamente, no se aprecian en las propuestas de los presidenciables de turno. Ellos vuelan por otros cielos.

Finalmente, vale la pena meditar sobre una propuesta levantada desde hace meses. La creación de una veeduría para el seguimiento de los casos. Veeduría compuesta por autoridades, pero fundamentalmente, por la sociedad civil: medios, academia, colegios profesionales, organizaciones de derechos. Esta comisión podrían llevar un expediente detallado de cada caso. Y poner a disposicón la información sobre el estado de los procesos para que sean conocidos por todos... 

Hay, pues, insumos para que los presidenciables avancen en el tema seguridad. La repetición de sus lugares comunes nos tiene hastiados.  (O)