En un entorno global cada vez más competitivo para atraer capital extranjero, Ecuador enfrenta desafíos considerables en su intento de consolidarse como un destino atractivo para la inversión. Esta situación se ha visto agravada por la ausencia de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), los cuales fueron progresivamente denunciados hasta que, en 2017, el país decidió desvincularse de todos ellos, dejando a los inversionistas internacionales con menos garantías y aumentando la percepción de riesgo.
Históricamente, los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) han sido fundamentales para proporcionar a los inversionistas extranjeros un entorno predecible y protegido frente a posibles cambios políticos o regulatorios. Estos acuerdos no solo aseguran un trato justo y equitativo, sino que también ofrecen mecanismos imparciales de resolución de disputas, que funcionan como una salvaguardia contra decisiones arbitrarias, del Estado receptor, que podrían perjudicar el clima de inversiones. Sin embargo, Ecuador optó por desvincularse de estos tratados bajo el argumento de que limitaban su soberanía, lo que provocó incertidumbre y una disminución en la atracción de inversiones. Según los datos del Banco Central del Ecuador, en 2016 se registró un ingreso de 764,2 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), que se redujo a 630,8 millones de dólares en 2017.
Actualmente, el único instrumento de protección de inversiones que tiene Ecuador son los contratos de inversión. Aunque útiles, estos contratos no ofrecen el mismo nivel de seguridad y confianza que los TBI. Además, su proceso de aprobación ha enfrentado obstáculos significativos. En lo que va del año, el Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido 23 dictámenes negativos para la aprobación y firma de estos contratos. Como resultado, el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI) apenas ha aprobado 7 contratos, de los cuales solo uno obtuvo un dictamen favorable, mientras que el resto fueron dictámenes de 2023. Esta situación no solo evidencia una falta de consenso interno sobre cómo promover y proteger la inversión, sino que también subraya la fragilidad del entorno de inversión en Ecuador.
El reto para Ecuador es claro, encontrar un equilibrio entre la protección de sus intereses y la necesidad de crear un entorno que atraiga inversiones extranjeras. La falta de TBI coloca al país en desventaja frente a otras naciones de la región que han fortalecido sus marcos legales para captar capital extranjero. Aunque los contratos de inversión son un paso en la dirección correcta, no son suficientes para ofrecer la certidumbre que buscan los inversionistas internacionales en un mundo donde la competencia por capital es feroz.
Ecuador debe reconocer la necesidad urgente de restablecer los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) como una herramienta clave para ofrecer a los inversionistas la seguridad y confianza necesarias para comprometerse a largo plazo con el país. Sin embargo, en ausencia de estos tratados, es fundamental que el gobierno tome en serio los contratos de inversión, asegurando que se implementen de manera efectiva y sin demoras. Estos contratos deben ser tratados como una prioridad estratégica, ya que representan el único mecanismo de protección disponible en la actualidad. Si Ecuador no actúa con decisión en este ámbito, seguirá limitando el flujo de capital extranjero, lo que afectará negativamente el desarrollo económico y la competitividad del país en la región. (O)
