En el marco de las elecciones presidenciales previstas para febrero próximo, el Ecuador se encuentra en un momento decisivo para su democracia. Este contexto ofrece una valiosa oportunidad para considerar el papel de la educación superior, no solo como un motor esencial del desarrollo humano, sino también como un elemento estratégico en la configuración política, social y económica del país. Desde su función social y su dimensión política, la educación superior trasciende la formación académica, posicionando a las universidades como protagonistas esenciales en la construcción de una sociedad más democrática, equitativa y consciente de sus desafíos colectivos a partir de la generación de conocimiento crítico, la promoción de valores éticos y ciudadanos, y el impulso de iniciativas que vinculen la investigación y la innovación con las necesidades reales de la comunidad. Este enfoque integral permite que las universidades contribuyan activamente al fortalecimiento de la cohesión social y al desarrollo sostenible del país

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Educación superior y ciudadanía crítica

La educación superior no es un ente aislado de las dinámicas políticas; al contrario, forma parte intrínseca de la construcción de una ciudadanía crítica y reflexiva. En Ecuador, las universidades tienen la responsabilidad de fomentar en los estudiantes no solo habilidades técnicas y científicas, sino también aprendizajes para el análisis y la participación activa en los procesos democráticos.

La ciudadanía crítica se cimienta en una comprensión profunda de los desafíos políticos, sociales y económicos del país. Corresponde a las instituciones de educación superior asumir un rol activo en este proceso, diseñando no solo currículos sino experiencias de vida significativas que promuevan el pensamiento crítico, el debate informado y la capacidad de proponer soluciones. Es así como la educación superior se convierte en un contrapeso frente a discursos populistas o polarizantes, dotando a los ciudadanos de herramientas para evaluar propuestas políticas desde una perspectiva fundamentada.

La investigación como motor del desarrollo

El segundo pilar de la dimensión política de la educación superior radica en su capacidad para generar conocimiento. La investigación, en este sentido, no solo es un medio para innovar y resolver problemas técnicos, sino también un instrumento político, no partidista, para influir en las agendas nacionales.

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En Ecuador, donde persisten brechas significativas en áreas como la salud, el medio ambiente y la inclusión social, la investigación universitaria puede ofrecer respuestas sólidas y sostenibles. Corresponde, entonces, construir un sistema nacional de investigación, innovación y emprendimiento que fortalezca la construcción de capacidades, la disposición de recursos y una agenda alineada con los grandes desafíos nacionales. En este contexto electoral, es imperativo que los candidatos presidenciales reconozcan a las universidades como socios estratégicos para diseñar políticas basadas en evidencia y para garantizar el acceso equitativo a los beneficios del conocimiento.

Vinculación con la sociedad: la universidad como actor político

Finalmente, la dimensión política de la educación superior también se manifiesta en su función de vinculación con la sociedad. En un país diverso y multicultural como Ecuador, las universidades deben ser catalizadoras de procesos de transformación social. A través de programas de extensión, formación continua y proyectos comunitarios, las instituciones de educación superior pueden fortalecer el tejido social y promover una cultura de diálogo y respeto.

Es crucial que las universidades actúen como mediadoras en los territorios donde operan, canalizando las demandas de las comunidades hacia el ámbito político. Esta vinculación no solo enriquece a la academia, sino que también convierte a las universidades en actores políticos clave, capaces de incidir en la construcción de políticas públicas inclusivas y sostenibles.

Hacia un pacto nacional por la educación superior

La educación superior en Ecuador debe ser entendida como un eje central para la consolidación de una democracia plena y un desarrollo sostenible. Este reconocimiento exige un compromiso colectivo para garantizar no solo el acceso equitativo y la calidad educativa, sino también la autonomía y el fortalecimiento institucional de las universidades.

Es necesario plantear un pacto nacional por la educación superior que trascienda los ciclos políticos y se convierta en una política de Estado. Este pacto debe establecer compromisos claros en términos de financiamiento, inclusión, internacionalización y, especialmente, en la reafirmación del rol político de las universidades como agentes de cambio social y cultural.

En el marco de las elecciones, se presenta una oportunidad ineludible para que los planes de gobierno incorporen propuestas concretas y estratégicas para el sector educativo. La educación superior no puede ser vista únicamente como un mecanismo para la formación técnica o profesional; es, ante todo, un motor para el desarrollo humano, la cohesión social y la generación de conocimiento relevante para los desafíos del país.

En este sentido, las universidades tienen la responsabilidad de posicionarse como espacios de construcción crítica y de articulación con los diversos sectores de la sociedad. Su misión trasciende los muros académicos para incidir en el diseño de políticas públicas, promoviendo una visión integradora y de largo plazo para el país.

De este modo, la educación superior se reafirma como una dimensión política esencial en la vida de Ecuador, capaz de contribuir a la consolidación de un Estado más justo, democrático y sostenible. Es un llamado a todos los actores, desde el ámbito político hasta la sociedad civil, a reconocer y fortalecer esta función social, clave para el presente y futuro del país. (O)