Hace casi 25 años el país ya tenía señales de contagio del narcotráfico. No eran muy evidentes, algunos no las veían, pero existían. Por eso el gobierno de aquella época, precisamente de Mahuad negoció un Acuerdo de Cooperación con los EE. UU (Mal llamado Acuerdo de la Base Manta) para realizar una vigilancia compartida que permita enfrentarlas y de ser posible destruirlas. Correa en el 2009 decidió no renovarlo bajo esa socorrida frase, vacía de contenido, pero políticamente adictiva de cierta izquierda, de ser un Convenio que lesionaba la soberanía nacional. 

Durante el gobierno de Moreno, es decir entre 19 y 20 años después, este tipo de asistencia y colaboración se volvió imprescindible pues la penetración de las actividades narco delictivas ya no podían controlarse sólo con el esfuerzo nacional. No había recursos financieros, ni tecnológicos y, peor disponer de instrumentos físicos de apoyo. 

Hace pocos días la Corte Constitucional, respondiendo a una nueva demanda del mismo carácter al que sirvió para sacarse de encima el control compartido en el 2009, dictaminó la legalidad de este nuevo Convenio que suplió aquel firmado en noviembre de 1999. Vista esta resolución de la Corte queda claro que estos convenios no vulneran la soberanía nacional y que, la decisión de no continuar con el convenio de cooperación internacional para la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico fue un monumental error político que el país paga en estos días al verse rodeado de actividades ilícitas y violentas con vínculos internacionales, que encontraron cancha libre durante más de una década negra para la paz.

Cabe entonces recordar la forma agresiva con la que fueron tratados los promotores del convenio de 1999. No faltaron los calificativos denigrantes contra los firmantes de aquel convenio que hoy, renace y recupera el peldaño de la conveniencia y licitud del que le despojaron, así como el señorío de sus promotores.

 Algo parecido ocurre con los Convenios de Cooperación Económica-Financiera. Algunos los creen que lesionan la soberanía nacional porque contienen cláusulas que modulan el manejo de la política fiscal, monetaria, de balanza de pagos y por supuesto de orden social, cuando en la realidad son convenios de apoyo a un programa económico que trae en sus médulas los condicionantes de una buena política económica y, además, le provee de los recursos que carece el país y en este caso el Gobierno Nacional.

En estos tiempos, el país necesita cultivar estas dos formas de cooperación. Sin ellas no hay salida posible al enmarañado conjunto de amenazas que se ven en los dos campos: el de seguridad- violencia y descomposición institucional y, el económico-fiscal. En cada uno de estos campos el país no tiene los recursos financieros para enfrentarlos. En el de seguridad necesita además del apoyo con medios de diversa naturaleza y alta tecnología para diseñar un plan efectivo, eficiente y seguro. En el fiscal, la brecha es tan monumental-12.000 millones de dólares de necesidad de financiamiento (10% del PIB)-que, si no se consigue la incorporación de los multilaterales, gobiernos cercanos, con compromisos de apoyo financiero concreto, el riesgo del modelo económico subirá de grado.

Por todo esto, es incomprensible ver la forma como se discute una propuesta de reforma tributaria-del IVA-cuando la realidad le rebasa de largo en la profundidad de las necesidades que deben cubrirse para asegurar la presencia de un Estado solvente que puede enfrentar si temor a este enemigo y, no de un Estado que el enemigo sabe que pronto no podrá seguir esta línea de gestión porque no le dan las sábanas. Es doloroso ver como algunos proponen medidas temporales, como si el problema tiene esas características y además es casi trivial. Acaso no ven lo que pasó en 1999 cuando no midieron la dimensión de la crisis y dejaron que el país se descarrile, ocasionando tanto dolor. Ahora, esta actitud mezquina puede repetir ese camino si se sigue ninguneando la solución y engañando al país sobre la inexistencia de los cimientos que lo puedan sostener.

Incluso, el desconocimiento de la funcionalidad del mundo económico está llevando las discusiones por un sendero que puede contagiar los daños a actividades y sectores que están razonablemente bien pero que, sin ellos no hay posibilidad alguna de ofrecer un destino de mejor bienestar precisamente para los estratos pobres que hoy son el caldo de cultivo de esas horribles actividades ilícitas como la última escala de las organizaciones internacionales. Y con esta perspectiva, la solución del problema no tiene un horizonte visible.

El Ecuador tiene que crecer para que el submundo de la informalidad, en el cual impera la violencia pueda perder valor y las oportunidades de la formalidad sean tan competitivas que desestimulen la contratación de los carteles. Y, para crecer, las actividades deben saber que hay un Estado que maneja sus cuentas con responsabilidad y no es una amenaza permanente a sus proyectos.  (O)