Mucho se ha conversado de la falta de recursos del presupuesto del estado, de los problemas financieros y de liquidez, de la necesidad de buscar fondos del exterior de las entidades multilaterales de crédito, de los inversionistas privados que compran bonos de estado, de la venta anticipada de petróleo y en el ámbito privado como las amnistías tributarias, las condonaciones de deudas por cartera vencida en el pago de energía eléctrica, etc. Lo que muy poco se dice es si el uso de los fondos públicos es eficiente, si la calidad de gasto público es el adecuado o si la plata existente es suficiente o si realmente se necesita mayor cantidad de fondos.
A los GAD´s de los ingresos del presupuesto fiscal se transfiere aproximadamente USD 3.300 millones anuales, fondos que provienen de aplicar lo constante en la ley, es decir, 20% de los ingresos tributarios y 10% de los ingresos petroleros. Estos valores se registran en el presupuesto estatal como gastos de capital o de inversión, sin embargo, es claro y evidente que lamentablemente la mayoría de los municipios y prefecturas utiliza los fondos que le transfiere el gobierno central para atender compromisos de gasto operativo o gasto corriente. Esto quiere decir que hay 3% del PIB que reciben los GAD´s que no genera aumento del patrimonio estatal o, lo que equivale decir, son fondos de la ciudadanía que se evaporan en egresos que no aportan al crecimiento de la economía.
Sin que los representantes de los GAD´s dejen de defender sus propios recursos, porque así lo establece la ley, eso no quiere decir que lo vigente sea lo correcto y sea lo adecuado para la realidad de las finanzas públicas. Creo es momento que se establezca una reforma que incorpore los principios de calidad del gasto al que se registra como egresos de capital del presupuesto estatal y haya una clara rendición de cuentas de los prefectos y alcaldes del uso que brindan a los fondos que les transfiere el fisco.
Siempre existirá el problema que esgriman los representantes de los GAD´s en el sentido del respeto que merece la autonomía de un determinado municipio o prefectura o si una reforma pueda atentar con la independencia de cada entidad o gobierno seccional, no obstante, lo de fondo siempre será evitar que un 3% del PIB se desperdicie y no beneficie a la ciudadanía como sería lo adecuado.
El problema citado no sería justo circunscribir solo a los GAD´s, pues la calidad del gesto público es una característica transversal a toda la esfera del sector público, tanto del gobierno central como de los otros poderes del Estado como la Asamblea Nacional, El Consejo Nacional Electoral, la Corte Nacional de Justicia, así como las instituciones autónomas, los organismos de control, las superintendencias, las secretarías de estado, etc. Es un mal general, cada ministro, secretario de estado, director de institución, prefecto o alcalde, en su mayoría no difunden el destino de los recursos que administran.
A los excesos y falta de cuidado en el manejo de los fondos públicos se añade una falta de control a fondos que se transfieren, por ejemplo, por norma constitucional. Entre estos se tiene al 6% del PIB que se tiene como meta reciba el sector de la educación. No se dice, en este caso, qué tipo de gasto en educación podrá hacerse. Sin embargo, este sector, por ejemplo, tiene además una asignación de aproximadamente USD 500 millones anuales de presupuesto adicional aprobado por la Corte Constitucional el 2023.
La presencia de los subsidios a los precios de los derivados de petróleo, gasolina, diesel y gas, es otra forma de mal manejo de los fondos públicos, peor aún de la rendición de cuentas que nunca podrá aplicarse, pues los beneficiados por este tipo de subsidios no son personas o sectores específicos sino mayoritariamente ciudadanos de mayor capacidad económica, pues son subvenciones injustas, que generan distorsiones como el contrabando de combustibles y producen pérdidas de cerca de USD 3.000 millones anuales a las arcas fiscales.
Se puede extender el análisis de la falta de calidad en el gasto público por lo que es muy cuestionable que muchos sectores sigan exigiendo al estado más beneficios, subsidios o asignaciones cuando no existe ningún reporte claro de uso de los fondos del estado.
Para que se produzcan cambios en estas materias se requiere mucha firmeza del gobierno, un fuerte liderazgo y un buen manejo político, pues son muchos los sectores o las personas que siguen beneficiándose del aporte estatal sin que se observe esfuerzo alguno por mejorar la gestión en las instituciones que administran. (O)
