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En el Ecuador, la seguridad social circunscrita a las funciones inherentes al IESS, a pesar de tener un mayor alcance, contempla algunas diferencias frente a la mayoría de instituciones de seguridad social de la región.

13 Julio de 2021 16.00

La política de seguridad social de cualquier gobierno debe reunir algunas características básicas siendo las principales las siguientes: eficiencia, sostenibilidad y cobertura. En el primer caso es importante que los servicios que brinda la seguridad social sean eficientes, lo que significa que actúen con oportunidad, que el servicio satisfaga las necesidades del afiliado, que permita cambios y mejoras en el tiempo, es decir, que sea flexible y permeable a las nuevas necesidades y demandas de la población afiliada. El segundo elemento prioritario que es que la política pública de la seguridad social sea sostenible en el tiempo, es decir, que la gestión y la administración permita dotar de los servicios que ofrece a lo largo del tiempo, sin que éstos pierdan cobertura, eficiencia, calidad y oportunidad. Esta política estatal y las decisiones que de ella se deriven requiere de un horizonte de largo plazo, es decir, los problemas que se afronten deben resolverse con una visión de largo plazo. En tercer término, es fundamental que los servicios de seguridad social lleguen a todos los que debe cubrir y no sea una política exclusiva o sesgada a un grupo minoritario, es decir, la cobertura del servicio es esencial.

En el Ecuador, la seguridad social circunscrita a las funciones inherentes al IESS a pesar de tener un mayor alcance, tiene algunas diferencias frente a la mayoría de instituciones de seguridad social de la región. En el país, el IESS abarca los servicios de jubilación o pensiones y además las atenciones en el ámbito de la salud. La gran mayoría de instituciones regionales están casi exclusivamente enfocadas al tema pensional, por lo que Ecuador es casi la excepción en América Latina que brinda adicionalmente servicios de salud a sus afiliados. Y, por otra parte, el Ecuador es también una excepción regional donde el Estado se compromete a aportar al pago de las pensiones con la dotación del 40% de las mismas, cifra que actualmente representa anualmente cerca del 1.7% del PIB. En el resto de países, la estructura pensional es la que permite por sí sola el pago de jubilaciones a sus afiliados.

Ya existe en el país un estudio terminado en el presente año 2021 que con el concurso de expertos del Banco Mundial, muestra con absoluta claridad la necesidad de una reforma pensional integral que permita alcanzar, entre otras, una de las características que debe reunir estos servicios de seguridad social tal como se anotó, el de la sostenibilidad. Es importante que las pensiones de jubilación a los afiliados estén garantizadas a largo plazo, que el aporte de las pensiones por parte del Estado a la seguridad social no sea interrumpido por la debilidad de las finanzas públicas, que los parámetros sobre los cuales se fijan las pensiones correspondan a criterios eminentemente técnicos y no políticos. Hay una serie de variables que deberán ser sometidas a una profunda y técnica revisión por parte de las autoridades como es la edad de jubilación, el tamaño de la muestra sobre la cual se calcula la jubilación, la relación entre el salario mínimo y la jubilación máxima, la relación entre montos de los aportes y montos de las jubilaciones, la equivalencia en términos del PIB y en función del tamaño del presupuesto del Estado del aporte del 40% de las pensiones que cubre el Estado a fin de que ésta contribución sea viable en el tiempo.

A la par debe realizarse una reforma administrativa y del gobierno corporativo del IESS que involucre las distintas prestaciones que ofrece el IESS. Esta reforma es indispensable por ser un componente significativo de una eficiente política social del gobierno donde todos los ecuatorianos tenemos la obligación de apoyar. (O)

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