La seguridad social es responsabilidad estatal y debe amparar a todos los ecuatorianos (17 millones); el IESS es un seguro de los trabajadores y de los asegurados que aportan para hacerse merecedores a todos los beneficios que esta gran aseguradora otorga (3.7 millones de afiliados)
Cada afiliado aporta el 9.45% de su sueldo, y el empleador el 11.15% del salario del trabajador. La suma de esos aportes debería financiar a los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de Salud, De Riesgos del Trabajo, parcialmente al Seguro Social Campesino, al Seguro de Cesantía y a los fondos de reserva. El Estado debe contribuir con el 40% al fondo de pensiones (IVM)
Hace 22 años, el Congreso Nacional aprobó la Ley del Seguro Social arduamente elaborada por una comisión multipartidista. En ese entonces no se había suspendido el pago del 40% del Estado, ni creado obligaciones no financiadas (atención a hijos de los afiliados, menores de 18 años), ni utilizado los fondos de un seguro en otro
(el de pensiones en el de salud) sin embargo ya se avizoraba una desfinanciación futura de esos seguros y de la Institución, por lo que en esa ley se incluyeron medidas duras y difíciles, pero consensuadas con trabajadores, empleadores, organizaciones nacionales e internacionales; su promulgación tuvo que vencer a una tremenda oposición, pues personajes destacados, estaban empecinados en suspender el componente solidario del seguro y reemplazarlo por el ahorro de fondos individuales en las futuras ACAPs, equivalentes a las AFPs (Administradoras de fondos previsionales) chilenas, cuyo ejemplo les había obsesionado. Felizmente el fracaso de las AFPs para los asegurados chilenos, fue el estímulo que cambió el modo de pensar de estos profesionales que, en un serio trabajo de seis meses, dentro de la Comisión Especial creada por el Presidente Lasso, presentan, entre las modificaciones orientadas a dar sostenibilidad al IESS, conclusiones similares a las que presentó el Congreso Nacional en el 2001, en la ley que fue vetada en dos artículos por el presidente Noboa y en otros, “en forma previsiva, por faltar a la solidaridad” por el Tribunal Constitucional de esa época. Valiosas coincidencias se presentan en los dos proyectos, como informa el medio Primicias: - el Seguro mixto con modelo de reparto y con el ahorro individual. - La edad de jubilación establecida en 60 años y 30 de aporte al IESS, a partir del 2006, pero condicionada a un incremento de un año, cada 5 años, de tal manera que en la actualidad estaría en 64 años (no se ha cumplido) . La Comisión plantea mantener la edad de 60 años, pero subir los años de aporte de 30 a 35 años.
En el 2001 la Ley establecía que el cálculo de la pensión debía hacerse tomando en cuenta los cinco mejores años de servicio del afiliado, con la obligación de revisarla cada año hasta llegar a los 20 mejores años. No se ha cumplido, pero la comisión presidencial cree que se puede retomar este planteamiento.
La Ley del Congreso 2001 dio potestad al Consejo Directivo del IESS para que realice ajustes a los aportes de los afiliados, de acuerdo a los estudios actuariales.
La comisión gubernamental cree que no es necesario incrementar el aporte a las pensiones si se han concretado todos los cambios, sugeridos previamente, en la fórmula de cálculo y en los años de aporte.
El proyecto actual es incompleto, porque no toma en cuenta al otro gran seguro, el de salud, fundamento de la existencia de la Seguridad Social, tampoco ha contado con balances reales de cada uno de los seguros, ni con cálculos actuariales actualizados y, si bien presenta sugerencias y cambios muy importantes, consideramos que la socialización debía haber nacido en la integración de la comisión, con un representante de los afiliados, uno de los empleadores, uno de los jubilados, uno del ministerio de finanzas y uno de la procuraduría del IESS y que, al igual de lo efectuado en la Ley del 2001, se podía avanzar en el desarrollo del proyecto con una permanente socialización, de tal manera que, al concluir la estructuración de la ley definitiva, sea el consenso el que la respalde y que no acontezca lo sucedido con la Ley del 2001 que quedó incompleta, retaceada con un sinnúmero de resoluciones, muchas desacertadas de los consejos directivos, que complicaron y ahondaron más la crisis.
Creemos que el trabajo de la Comisión es de gran valor y que, en su discusión, debe primar el afán responsable y constructivo de SALVAR AL IESS. Si, por el bien de la Institución, los antiguos detractores de la LEY de La Seguridad Social, hoy promueven un cuerpo legal promisorio, igual entrega y comprensión deben brindar los trabajadores, los empleadores y los sindicalistas. (O)
