En toda república democrática, como el Ecuador, existe un contrato social entre la ciudadanía y el estado. Este contrato consiste en un equilibrio entre las responsabilidades y expectativas de los ciudadanos y las obligaciones del estado.
Los ciudadanos, más allá de financiar al estado por medio de las contribuciones fiscales, tenemos el deber cívico de contribuir positivamente al bienestar nacional. Esto implica desde la participación democrática en las urnas y el cumplimiento de la ley, hasta el compromiso con el bien común en las actividades diarias.
El estado, por su parte, tiene la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, mantener el orden y justicia como demandan las leyes y constitución, proporcionar servicios públicos eficientes, y asegurar un entorno seguro y justo donde todos tengan la oportunidad de prosperar.
Sin embargo, cuando las partes fallan a sus obligaciones del contrato social, este empieza a desmoronarse. Esto pone en marcha un pernicioso ciclo en el que empieza a fallar todo, y el tejido social empieza a romperse. No solo vemos que nuestras expectativas de las instituciones oficiales quedan incumplidas, pero empezamos a ver cómo la amable y generosa cultura ecuatoriana que nos distingue empieza a desaparecer. Cuando se rompe el contrato social, emerge el síndrome del mal vecino, preocupado solamente por su bienestar.
En Ecuador, hemos sido testigos de cómo la inseguridad, la ineficiencia en la prestación de servicios, la corrupción en las instituciones públicas, y la percepción de impunidad e injusticia pueden desencadenar un ciclo de desconfianza y disfunción. Cuando los ciudadanos sienten que sus contribuciones no se reflejan en un mejoramiento de su calidad de vida o en la garantía de sus derechos, surge la pregunta inevitable: ¿qué estamos construyendo juntos como nación?
Esta pregunta es importante porque requiere de todos para alcanzar la meta. El desafío que tenemos por frente los ecuatorianos es el dejar de apuntar el dedo, y tomar acciones para restaurar y fortalecer este contrato social, ya que de esto depende el ecuador de nuestros hijos.
El estado debe enfocarse no solo en el cumplimiento de sus responsabilidades básicas, sino también en crear las condiciones óptimas para que sus ciudadanos no solo sobrevivan, sino que prosperen. Esto implica no solo políticas que fomenten la equidad, la inclusión y la oportunidad para todos, pero las acciones que las manifiesten.
Los ciudadanos debemos reconocer que esto requiere de nuestra participación constructiva. No se trata solo de exigir al estado, sino también de ser agentes de cambio positivo en nuestras comunidades y en la sociedad en general. Requiere que todos los días construyamos con nuestras manos el país en el que queremos vivir.
La restauración de este contrato social requiere un compromiso mutuo hacia un objetivo común: un Ecuador más seguro, justo y próspero. En esta sociedad delicada entre ciudadanos y estado, cada paso, cada acción y cada decisión cuentan. Solo a través de este esfuerzo conjunto podemos esperar construir la nación a la que todos los ecuatorianos aspiramos. (O)
