El anuncio triunfalista que hizo el presidente Daniel Noboa hace pocas semanas señalando que el Ecuador entero había ganado tras la aprobación de la reforma tributaria denominada Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, causó más de un gesto de escepticismo. ¿Es realmente una herramienta que puede sacar al país de la crisis que atraviesa? ¿O simplemente se trata de una medida parche para ganar algo de tiempo en este cortísimo gobierno?

Personalmente me decanto por la segunda opción. En realidad, la ley no resuelve nada sino que simplemente compensa. El Ejecutivo aspira recaudar 830 millones de dólares con las exenciones de multas e intereses para los contribuyentes que no han pagado sus impuestos en los últimos años, pero ese valor es equivalente al que el mismo Estado dejará de recibir tras la disminución del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y la eliminación del Impuesto al Patrimonio que dejará de recibir en 2024.

Es decir que la ley económica aprobada por la Asamblea Nacional que festejó el Gobierno como un triunfo de la gobernabilidad no generará el ansiado incremento de nuevos empleos e inversión. Es más, aún nos preguntamos desde cuándo comenzarán a fluir los recursos que espera recaudar el Gobierno, sin tomar en cuenta, además, que muchas de las empresas de las que se espera el pago de capital tributario ya no existen.

Mención aparte merece el nefasto precedente cultural que esta medida acarrea. Lamentablemente, este procedimiento que se aplicó en los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso genera una cultura ciudadana contraria a la disciplina tributaria, y de aquí en adelante seguramente habrá contribuyentes que estén ya pensando en amparar sus futuras deudas a la posibilidad de que vuelva a producirse una nueva amnistía tributaria.

En suma, quizá nos enfrentamos a un remedio que puede resultar peor que la enfermedad, en medio de un escenario en el que el Gobierno se enfrenta a una carrera contra el tiempo y algunos incendios que podrían estar a punto de iniciar. Frente a ello bien haría el régimen en pensar en medidas coyunturales sostenibles a mediano plazo, tales como la reducción del tamaño del Estado no renovando, por ejemplo, contratos que ya fenecieron en 2023, comprar deuda interna con el Banco Central a 20 años u obtener un crédito puente con los multilaterales. El déficit que el propio Gobierno ha calculado es de aproximadamente 5.000 millones de dólares y con la ley aprobada ese déficit simplemente queda intocado.

Al Ejecutivo le queda eso o apostarle a la incertidumbre de que no ocurra nada con la ya explosiva chequera que maneja el Fisco y que muy seguramente no le va a permitir mantener el capital político que el presidente pretende cuidar. Más temprano que tarde se deberán tomar medidas que no serán tan populares y causarán un desgaste inevitable del Gobierno.

En ese sentido, lo sensato es implementar un concepto de administración pública basada en el diseño de Senplades, que sea capaz de identificar los gastos válidos para llegar a las metas de gobierno, en función de detectar aquellos sectores de la matriz productiva en los que se debe invertir, para que en el corto y mediano plazo se atraigan nuevos recursos al país. Lo que se ha hecho ahora es apenas dar un poco de oxígeno al Gobierno, sin la noción clara de cuándo se podrá ver lo que las compañías que estaban en deuda con el SRI habrán cancelado.

En conclusión, se entendió el sentido de la urgencia pero no el sentido de lo urgente. (O)