En el complejo escenario económico actual de Ecuador, la variación de los montos de inversión en los contratos aprobados por el país merece una atención detenida. Estos acuerdos son cruciales, ya que resguardan tanto las inversiones presentes como futuras, proporcionando estabilidad en incentivos tributarios y estableciendo cláusulas para la resolución de controversias entre inversionistas privados y el Estado ecuatoriano.
Desde 2012 hasta la fecha actual, Ecuador ha aprobado un total de 499 contratos, comprometiendo un monto significativo de US$15.65 mil millones y la promesa de generar 46.120 nuevos empleos. Este aparente compromiso con el desarrollo económico es esencial para el país. Sin embargo, una revisión más profunda revela discrepancias notables.
En comparación con los montos comprometidos, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el mismo periodo asciende a aproximadamente US$9.74 mil millones, con un promedio anual cercano a US$968 millones. El año más destacado fue 2018, con una cifra de US$1.39 mil millones de IED. Esto genera una diferencia de US$5.91 mil millones con respecto al valor de los contratos de inversión.
Adicionalmente, al analizar la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), se observa una tendencia a la baja desde 2012 (25.8%) hasta 2022 (21.3%), manteniendo un promedio de 24.9% del PIB en la última década.
La disparidad entre los montos comprometidos en los contratos y la realidad de las inversiones realizadas plantea preguntas cruciales sobre la efectividad y transparencia del proceso de aprobación. Es esencial destacar que los cálculos de IED y FBKF abarcan todas las inversiones en Ecuador, no solo los contratos de inversión, ampliando aún más la brecha entre los valores. A pesar de la firma de estos contratos, la inversión real no solo ha dejado de crecer, sino que ha experimentado una disminución a lo largo de estos años.
En este sentido, las leyes ecuatorianas regulan un procedimiento de monitoreo que incluye cuatro etapas que realiza el Ministerio rector de las inversiones: (i) informe preliminar, (ii) informe definitivo, (iii) subsanaciones de incumplimientos; y (iv) archivo del proceso, modificación o terminación contractual. Sin embargo, es un proceso largo que puede extenderse a más de un año.
Se propone la implementación de un proceso exhaustivo de revisión y monitoreo para evaluar la veracidad de los montos invertidos y los empleos generados, pero que sea eficiente y efectivo; esto se puede lograr por medio una reforma reglamentaria mediante decreto ejecutivo del Presidente de la República. Además, se sugiere la continuación de protecciones e incentivos solo para aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones, mientras se toman medidas para eliminar dichos beneficios a aquellas que no lo hacen.
En conclusión, es fundamental que Ecuador no solo firme contratos, sino que también garantice la transparencia y el cumplimiento efectivo de las inversiones prometidas para lograr un desarrollo económico genuino y sostenible. (O)
