Cuando se habla de la estabilidad macroeconómica no se circunscribe el tema al ámbito fiscal o de ordenamiento de las finanzas públicas, a la realidad del sector externo o a la situación de las reservas internacionales como termómetro de la dolarización. Hay otros sectores que también forman parte de esta necesidad de manejo adecuado de la política económica y que pueden fortalecer la estabilidad o la pueden deteriorar. Esto tiene que ver con la situación que muestre el sector financiero que en el caso del Ecuador tiene referencia a la sanidad del sistema financiero bancario, a la situación de las cooperativas y a la coyuntura que muestre el mercado de capitales, vale decir, las casas de valores y las obligaciones que de ese segmento se deriven como el cumplimiento de la emisión de títulos valores como titularizaciones, emisión de obligaciones, etc.
Si la realidad del sistema financiero no es sana o conveniente, un eventual problema en el sector puede tener repercusiones en las finanzas públicas, en el sector externo, en ambos, y por consecuencia en la estabilidad macroeconómica y en la propia dolarización.
Si los principales indicadores del sector financiero como el de solvencia, de liquidez, de cobertura de cartera improductiva, de concentración de activos y pasivos y otros no son los adecuados, puede provocar una crisis y desmantelar una relativa estabilidad fiscal o un frágil superávit externo. En la crisis bancaria de 1999 que produjo la quiebra del 70% del sistema bancario de aquellos años, los embates traspasaron a las finanzas públicas, a la política monetaria y cambiaria que terminó en una terminación de la moneda nacional optando como salida la dolarización, así como las secuelas que impactaron en el sector real como fue una caída de PIB cercana al 5% y sus consecuencias en el empleo y en el poder adquisitivo de las personas. No necesariamente aquella crisis tuvo su causa solo en el tema bancario pero la situación de éste aceleró el problema.
Lo anotado ilustra la importancia de mantener un sistema financiero sano, pues esto contribuye a no contaminar otros sectores como los anotados y a reducir los riesgos para la propia actividad económica.
La morosidad de la cartera en el sistema financiero se ha deteriorado tanto a nivel de la banca como en las cooperativas de ahorro y crédito. Al mes de septiembre pasado éste indicador fue superior al 5% en el caso de los bancos y del 8% en el de cooperativas. Los valores de solvencia patrimonial se mantienen por encima de los mínimos establecidos por ley así como los índices de liquidez aunque la variabilidad entre instituciones es grande. La venta de cartera y el castigo a este activo, vale decir, el registro contable de la cartera incobrable como un gasto de las instituciones, mejora los indicadores de sanidad de cartera pero ello no esconde un proceso de deterioro, el mismo que puede responder a la situación general de la economía donde las personas y las empresas no están atravesando un buen momento. El empleo no ha mejorado en el Ecuador y la demanda agregada sigue siendo débil. Este año el país probablemente registre una tasa de crecimiento del PIB negativa, el consumo ha caído y la inversión total ha decrecido ya por cuatro trimestres consecutivos.
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A esto se une la crisis energética que duraría hasta el cierre del año, la inseguridad y las "vacunas" que impiden la actividad comercial y el próximo proceso electoral que también introduce otro factor de incertidumbre que ahonda el problema.
Con los elementos citados es entendible que la situación de las personas y las empresas se haya deteriorado y, por lo tanto, empiece a afectar la situación del sector financiero. Por todo ello es fundamental se introduzcan algunas decisiones que mejoren este panorama como es una supervisión bancaria y del sector de economía popular y solidaria que actúe con la misma rigurosidad y técnica necesarias, a fin de que las entidades reguladas tengan tratamientos similares sean estos bancos o cooperativas. La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria deben mantener estándares de supervisión similares y aplicar una normativa equitativa, sean estas instituciones bancarias o cooperativas sin desconocer sus distintas estructuras y campos de acción.
No hay crédito más oneroso que el inexistente. El actual sistema de fijación de tasas de interés no responde a la realidad de los distintos sectores y al principio de riesgo. Es un esquema que alimenta la exclusión financiera, vale decir, el traslado de personas y clientes a la informalidad, lo que conlleva sin duda riesgos mayores por ser ámbitos de intermediación no regulados ni supervisados.
El número de sectores que actualmente se rigen por tasas de interés diferenciadas deben ser reducidos y se debe introducir un nuevo sistema de mercado de tasas de interés, que para evitar comportamientos oligopólicos u monopólico, introduzca márgenes de tolerancia en base a principios técnicos como desviaciones estándar máximas para que opere una suerte de "flotación controlada" de tasas de interés u otro esquema similar.
Es sano que se inicie un proceso de promover fusiones entre cooperativas de ahorro y crédito, pues la labor de supervisión a más de 400 entidades se torna ineficiente y poco efectivo.
El mantener un sistema financiero sano fortalecería la dolarización y coadyuvaría a amortiguar problemas fiscales como los que aún mantienen las finanzas públicas pero para ello se requiere adoptar algunas decisiones en el ámbito financiero como las explicadas. (O)