El 29 de septiembre del 2021 pasará a la historia por la acumulación de eventos que conmovieron al país. No recuerdo otra fecha, por lo menos durante varias décadas, en la cual se acumularan tantos acontecimientos.

Empecemos por el que casi nadie lo pudo conocer pero que confirma la línea de gestión económica del gobierno: el Directorio del FMI aprobó el Acuerdo de Crédito presentado por el Ecuador para lo que resta del año y buena parte del 2022. Se abren así las puertas del financiamiento externo necesario para cubrir las necesidades fiscales, sustentar la balanza de pagos y ofrecer liquidez al sistema financiero que podrá mirar las perspectivas, inmediatas, con mayor tranquilidad. 

Si todo este plan funciona, lo cual tiene algunas nubes en el horizonte, la economía podría disponer de los recursos suficientes para financiar las actividades privadas e incluso se podría otear una posible reducción de las tasas de interés tan necesarias para conseguir que la inversión privada sienta que cuenta con un instrumento de apoyo que le asista para mejorar las condiciones de empleo.

El segundo hecho, vinculado con el anterior, pero ahora con un mensaje contrario, es la decisión del CAL de la Asamblea Nacional de devolver el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades presentado con el carácter de urgente por el Ejecutivo, que contiene reformas fundamentales que hacen viable precisamente el programa económico al cual nos acabamos de referir.

¿Qué va a pasar con esta reforma? Hay varias opciones: 1.-Que el Ejecutivo se allane a la devolución (que tiene cuestionamientos sobre su constitucionalidad) y presente proyectos de reformas fraccionados. 2.-Que el Ejecutivo desconozca lo actuado por el CAL sobre el argumento que no tiene esas facultades para calificar la idoneidad de los proyectos de ley presentados a consideración de la Asamblea mediante una facultad legítima y precisa del poder Ejecutivo y, por lo tanto, espere los 30 días y ordene su publicación en el registro oficial. 3.- Que no haga nada y busque, ahora bajo la acusación de bloqueo del legislativo, una salida política que le abra las puertas para legislar transitoriamente. 4.- Que, bajo la misma acusación, tome otras medidas de ajuste económico que se conviertan en fuentes sustitutivas de atención de las necesidades del presupuesto.

Bajo estas circunstancias, el ambiente de solución de los problemas sociales y de distensión económica será distinto. Incluso, el propio convenio con el FMI entrará en un ciclo de revisión más cercano con posibilidades de aumentar las probabilidades de incumplir las metas convenidas. La decisión del CAL, más allá de su capacidad para tomarla, pone en entredicho la responsabilidad de la Asamblea de cumplir con sus obligaciones, pues se niega ha hacerlo, incluso a conocer formalmente el contenido de las reformas. Siete legisladores o mejor cinco de mas de ciento treinta, deciden lo que debe ser materia del pleno.

El tercer hecho fue la resolución de la Corte Constitucional, que de manera unánime reconoció la legitimidad de la destitución del alcalde Yunda y, pidió además la investigación de las decisiones de las distintas instancias judiciales que crearon todo este barullo, con denuncias de hechos que presumen la manipulación de los procesos, pero que además contienen evidentes contradicciones jurídicas, todo lo cual trae consigo un mal olor sobre la honestidad, de una parte, de la función judicial.

Por fin Quito tiene una solución jurídica a este impase político que le deja a la municipalidad en condiciones de descomposición administrativa que le impide atender las responsabilidades del manejo de la capital. Esperemos que el alcalde Guarderas y el Concejo comprendan la complejidad del daño y logren armonizar la gestión. Quito se merece respeto y el Municipio debe recuperar su señorío. 

Finalmente, la tragedia en la cárcel de Guayaquil confirma la delicadeza del tema de la seguridad en el Ecuador. Los hechos demuestran el nivel de peligrosidad de las bandas, su actitud sangrienta y el nivel de control al que ha llegado todo este mundo vinculado con actividades ilícitas.  La tarea de recuperación del Estado, de la convivencia social, tiene tanta prioridad como la comentada para otros ámbitos de la sociedad. Por aquí también se reciben las secuelas de la desatención de este frente o del contubernio en épocas pasadas.

¡Qué día, verdad! Qué mas se puede decir sino continuar con la tarea de fortalecer el poder de la sociedad para tener un Estado responsable. (O)