Los extremos a los que está llegando el régimen opresor de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta, no pueden sino responder al terror que la pareja tiene de la cultura, la religión, la organización social, la prensa independiente. Los dos están decididos a destruir a la sociedad civil para que no haya asomo alguno de resistencia y les sea factible reinar cual soberanos africanos.
Aunque se llamen “sandinistas” aquello no tiene ni asomo de la lucha que emprendió el pueblo nicaragüense para liberarse del régimen somocista. Hoy se ha sobrepasado incluso esa dictadura para convertir en vasallos a todos los habitantes de la tierra de Rubén Darío y Augusto César Sandino.
Vimos con asombro que el régimen de la pareja canceló la personería jurídica de cientos de organizaciones, desde la Academia Nicaragüense de la Lengua, correspondiente a la Española, un atentado directo a la cultura, hasta la fundación de las Hermanas Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, que fueron obligadas a salir de Nicaragua. Según el ridículo pretexto esgrimido por el gobierno de Nicaragua, estas hermanas habrían incumplido ciertas obligaciones legales, violando la normativa contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.., cuando lo que hacen es trabajar con los pobres.
En lo que va de año, los legisladores sandinistas y sus aliados han ilegalizado 1.069 ONG y un total de 1.268 desde diciembre de 2018, entre ellas asociaciones defensoras de mujeres, campesinos, ayuda a pobres y enfermos, diversidad sexual, productores de café, protectores de animales, entre otras.
Todo esto es parte de la crisis política y social que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa como vicepresidenta, mientras todos sus principales contendientes guardaban prisión.
Si en la sociedad civil existe un conglomerado temible para un dictador, es la iglesia católica y contra ella el régimen de Ortega y Murillo ha tomado medidas represivas que se van haciendo peores conforme pasa el tiempo. Un breve recuento lo muestra: el cierre del canal de televisión de la Conferencia Episcopal; la retirada del beneplácito (agrement o placet) al arzobispo Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico en Managua desde 2018, y su salida del país; la detención de monseñor Leonardo Urbina, párroco del Perpetuo Socorro en Boaco, por una presunta denuncia de abusos sexuales; la encarcelación del padre Manuel Salvador García, párroco de Nandaime, acusado de exponer a personas al peligro y por la presunta agresión a una mujer; el retiro de la personalidad jurídica de 101 ONG; la clausura a inicios de este mes de agosto de ocho radiodifusoras católicas, así como otras radios comunitarias; la prohibición de operar a varias agencias católicas; el ingreso violento de policías a iglesias, capillas y casas parroquiales, y, por último, el cerco policial a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y a seis sacerdotes y seis laicos, impedidos de abandonar la sede de la curia en que se hallan, ni siquiera para celebrar misa. Igual cerco e imposibilidad de ejercer su ministerio se ha puesto al padre Harvey Padilla, párroco de San Juan Bautista en la ciudad de Masaya.
Los miembros del Clero de la Diócesis de Matagalpa, Nicaragua se solidarizaron con su obispo y exhortaron “a las autoridades del país a respetar la libertad de expresión y de religión en nuestra patria”. A este clamor de los sacerdotes nicaragüenses se han ido sumando algunas organizaciones internacionales como la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
La declaración de la Unión Europea es tajante, pues recordó que "desde 2018, el Gobierno nicaragüense ha desatado niveles de violencia sin precedentes contra su propio pueblo, recurriendo a asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamientos, acoso e intimidación contra opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y otros líderes". Por ello, la UE instó a las autoridades nicaragüenses a cesar "toda la represión y restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos", e hizo un "llamado urgente al Gobierno nicaragüense para que libere inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y anule todos los procesos judiciales contra ellos, incluidas sus condenas".
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) considera que “la represión está envuelta en una serie de informaciones lanzadas a la opinión pública, desmentidas, vueltas a repetir que prácticamente están causando una conmoción a nivel general de la población, un estado de zozobra e histeria colectiva”.
“¡Que cese la represión! ¡Que cese la represión!”, es el clamor de esta institución, que recuerda “como en un momento de grave riesgo para el pueblo salvadoreño lo ordenó Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el santo de América, ¡Que cese la represión! ¡Que cese la represión!”. Todos los demócratas debemos exigirlo. (O)
