El comportamiento de las personas y las actitudes individuales son también parte de la dificultad del hacedor de políticas públicas. En países más grandes con un desarrollo económico o social también superior al ecuatoriano, si bien los individuos se tornan más impersonales y menos sociables, parecería que son ciudadanos menos proclives a la intriga, el chisme, el constante comentario mal y bien intencionado, la crítica, la intolerancia y la reducida apertura a considerar el bien común antes que el personal, características lamentablemente permanentes en el Ecuador. En la recepción de fondos del estado a través del presupuesto se puede avizorar esta realidad con bastante claridad, pues ante la reiterada falta de recursos públicos, la búsqueda de priorizar los fondos disponibles se torna un verdadero tormento. Es más, algunos ex funcionarios y ex ministros de gobiernos anteriores hoy critican los errores por ellos mismo cometidos en el pasado. Hay que reconocer lo que no se pudo hacer y defender los aciertos pero criticar lo que no se hizo en anteriores administraciones habiendo sido funcionarios de estado aparece como impresentable.

Si el estado debe transferir al sector de la salud y de la educación el 4% y el 6% del PIB el 2025, si por ley el presupuesto estatal debe enviar el 40% de las pensiones a la seguridad social, si también por norma debe transferir el 10% del ingreso petrolero y el 20% del ingreso tributario a los Gad´s, si no puede dejar de pagar la deuda externa para  evitar riesgos de permanencia de la dolarización, si además debe provisionar los fondos necesarios para enfrentar el narcotráfico y la delincuencia y mantiene cuentas impagas con distintos proveedores del estado por sobre los USD 6.500 millones, ¿a quién se debe pagar? ¿debe atenderse la plata a los hospitales o comprar equipamiento policial y militar para enfrentar la inseguridad? ¿pago la deuda externa a costa de las obligaciones internas? Ningún gobierno actual ni futuro la tiene fácil. Y, los que hoy buscan destituir presidentes, ministros y critican a todos y por todo, si mañana son gobierno, ¿tendrán la varita mágica para atender a todos por igual sin rezagos ni atrasos?

Es la posición de siempre de todos los receptores de fondos del presupuesto del estado afirmar que sus necesidades son absolutamente prioritarias e impostergables y que dejen de pagar a otros y atiendan sus cuentas. No se encuentran posiciones mas sensatas que busquen equilibrios y balanzas cuando los recursos no alcanzan.

Ahora, ¿Por qué ocurre esto y cómo se lo puede corregir? Hay varias formas de ir resolviendo esta realidad tan complicada de administrar, no solo en lo económico sino también en lo político y social. Para empezar el presupuesto estatal debería registrar equilibrio o superávit fiscal, lo que significa la necesaria adopción de medidas de ingresos y gastos, decisiones que nunca son fáciles. Pero tampoco estas acciones deberían aplicarse de forma abrupta, pues el impacto podría significar problemas políticos y sociales difíciles de administrar. Debe asignarse un programa que vaya regulando estos desajustes de forma permanente pero sostenible en el tiempo.

Entre las alternativas está la necesaria reducción del tamaño estatal, donde existen excesos en todas las áreas incluyendo en las que se dice no hay como topar con la educación, la salud, la policía y las fuerzas armadas. No es verdad que en esos sectores no hay espacio de mejorar la gestión o hacer ajustes en los gastos. Y los vehículos, muchos de ellos no fundamentales, que demandan seguros, repuestos, choferes, combustibles, mantenimiento, etc., ¿acaso no son excesos que deben reducirse?

Es también esencial un replanteamiento de la deuda externa con tenedores de bonos y la deuda externa bilateral principalmente con la China. Este proceso debe sustentarse sobre bases de mercado, voluntarias y como se denomina en inglés “market friendly”. Esto evitaría percepciones sobre una eventual moratoria o default de deuda que pondría al país en una muy delicada situación que cerraría los mercados y el financiamiento internacional al sector público y privado, más complicado aún para una economía dolarizada que vive de los fondos externos. 

Por otra parte, es inmanejable una nómica pública que represente cerca del 10% del PIB, pues debe realizarse una depuración de la misma a todo nivel, es decir, contratos ocasionales, nombramientos, contratos a prueba, asesorías y demás, todo ello en base a principios de rendimiento, eficiencia y productividad. No será posible en un plazo corto pero con la decisión política y la firmeza necesaria puede resolverse esto en un período de gobierno.

No es viable alcanzar un estado sostenible si no se mejora la gestión y el manejo de los fondos públicos, no solo a nivel del gobierno central sino en toda la esfera pública. Debe haber rendición de cuentas de todas las instituciones del estado con metas cuantitativas y que se difundan públicamente. Estas acciones permitirán menor presión de recursos, pues la mala administración normalmente busca mayor cantidad de fondos y la calidad del gasto nunca forma parte de los objetivos.

El estado no puede seguir participando como un empresario fallido que absorbe recursos y no aporta fondos para las finanzas públicas. El estado no es empresario de las telecomunicaciones, de la banca, de las hidroeléctricas o de la provisión de combustibles. Estas actividades son en esencia del sector privado pero considerando la normativa vigente podría caminarse más dinámicamente vía concesiones, alianzas público privadas o ventas, en los casos que corresponda y legalmente sea posible.

Las políticas anotadas demandan acuerdos, consensos y esto no es viable si los ciudadanos ecuatorianos persisten en esa visión miope e individualista que no permite observar más allá del estrecho entorno de cada uno. (O)