El Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho pública la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para el ejercicio económico 2024. Es importante que el país conozca su contenido, a efectos de comprender los retos que el Ecuador debe enfrentar. Y en función de ello responder con racionalidad a los sacrificios que el gobierno del presidente Daniel Noboa demanda de todos los ecuatorianos. Parte de un PIB nominal de US$ 121.710 MM, que representa un crecimiento de tan solo el 0,8% respecto del año precedente. Para los tres períodos anuales siguientes, se proyectan evoluciones del 2,4%, 1,9% y 1,8%, respectivamente. La inflación promedio la ubica en el 2,1% para el año corriente; para 2025, en el 1,6%. Para 2026 la estima en el 1,4%, y para 2027 en el 1,5%. Las proyecciones suenan bastantes realistas.
En cuanto al petróleo, contempla un precio medio por barril de US$ 66,70. Con modesta tendencia a la baja: US$ 64,40 en 2025, US$ 62,70 en 2026 y 61,40 en 2027. La producción fiscalizada de crudo la sitúa el PGE en 156 MM de barriles en este período; contempla un incremento a 164 MM de barriles en 2025, y decremento a 163 MM en 2026. Para el año 2027, el gobierno espera incrementarla a 166 MM de barriles. La producción petrolera de 2024 refleja un decremento de 14 MM de barriles, 8% respecto de 2023. El ingreso petrolero bruto lo coloca en US$ 14.340 MM. El sacrificio fiscal, originado en ingresos no percibidos por los subsidios a combustibles, alcanza a US$ 3.093 MM. Nadie en su sano juicio puede defender una política de subsidios tan absurda como la ecuatoriana.
Es evidente que, al margen de voces desatinadas e incongruentes originadas en intereses políticos contrarios al nacional, el gobierno está obligado a reducir o focalizar los subsidios. Ciertamente, pensar en eliminarlos es irrealista. Las opiniones de economistas fundamentalistas que abogan por ello, ubicados en la extrema derecha del espectro político, pierden de vista responsabilidades sociales que todo gobierno tiene para con estratos que reclaman solidaridad.
Los ingresos tributarios previstos en la proforma ascienden a US$ 15.717 MM. La mayor contribución está dada por el Impuesto al Valor Agregado – IVA con US$ 6,220 MM (40% – 5,11% del PIB), por el Impuesto a la Renta con US$ 5.527 MM (35% – 4,54% del PIB), y por aranceles a las importaciones con US$ 1.219 MM (8% – 1% del PIB). La diferencia corresponde al Impuesto a los Consumos Especiales – ICE, al Impuesto a la Salida de Divisas – ISD y a otros de menor ponderación.
Sumados a los impuestos los otros ingresos, tales como de capital, de financiamiento público y de saldos disponibles, se alcanza un total de presupuestarios de US$ 35.536 MM. Con referencia al presupuesto codificado de 2023, el de 2024 refleja un incremento del 8,69%. Advierte un financiamiento público de prácticamente US$ 11.000 MM, 96,24% superior al PGE 2023 codificado. 57,31% corresponde a financiamiento interno, y 42,69% al externo. La amortización de deuda pública prevista para 2024 alcanza a algo menos de US$ 5.000 MM. Quienes se opusieron a aprobar el incremento del IVA tienen con estas cifras la oportunidad de reconocer su craso error, y consiguiente responsabilidad con que el gobierno manejó el tema.
Por el lado de los egresos, es en verdad preocupante que casi el 60% atiende a gasto corriente. El rubro de inversiones apenas sobrepasa el 20%. Estas cifras reflejan un problema estructural de muy difícil solución, en el cual gravitan rezagos de un “boom petrolero” desaprovechado por el gobierno de entonces. Particular referencia cabe hacer del descomunal crecimiento en el aparataje estatal, representado por una burocracia obesa e ineficiente. El gasto de personal permanente alcanza a casi US$ 10.000 MM. Si bien su peso en las finanzas públicas es ya de por sí dañino, lo es más su pernicioso efecto sobre la economía general del Ecuador.
Esa burocracia concierta un serio obstáculo para el eficiente desarrollo del sector privado ecuatoriano. Que no decir de trabas tanto a la inversión nacional como a la extranjera. Todo y cualquier interés en emprender en inversiones encuentra en la burocracia un real muro de contención, manifestado en trámites disuasivos y en controles prejuiciados por ideologías. La burocracia ha logrado, a lo largo de los años, estructurar un régimen legal protector de su ineficiencia y alentador de la corrupción.
Es indispensable que el país, de manera seria, responsable y dejando de lado consideraciones políticas nocivas, afronte los problemas orgánicos que ya por demasiado tiempo vienen entorpeciendo su progreso. El momento histórico así como la coyuntura lo exigen, so pena de continuar la nación en una ruta sin rumbo cierto. (O)
