Las desatinadas declaraciones del presidente mexicano Andrés López Obrador sobre el crimen político de Fernando Villavicencio y una supuesta conspiración para perjudicar electoralmente a la candidata del correísmo no eran ni tan inocentes ni tan estúpidas ni tan atrevidas ni tan seniles como creíamos.
Aquel discurso era, en realidad, un sedal que llevaba en el anzuelo su jugosa carnada. El único que podía morder aquel anzuelo era el gobierno de Daniel Noboa, al que López Obrador acusaba de haber sido elegido de forma “sospechosa” con una víctima mortal de por medio. A todas luces se trataba de una infamia.
Y el gobierno del Ecuador, como era de esperarse, mordió el anzuelo. Ante la vileza del uso del crimen de Villavicencio, ante la injerencia del presidente mexicano en asuntos internos del Ecuador, ante sus burdas y malintencionadas conjeturas sobre el resultado electoral que lo eligió como presidente, ante el ataque repentino del gobernante mexicano, Daniel Noboa declaró a la embajadora de ese país persona non grata y le ordenó abandonar nuestro territorio. Este primer incidente diplomático concluyó el 4 de abril con el anuncio de López Obrador de que enviaría un avión militar para llevarse de regreso a la embajadora a su país. Esta última declaración, por supuesto, disparó todas las alarmas en el gobierno ecuatoriano y en los medios de comunicación que se preguntaron: ¿Por qué López Obrador enviaría un avión militar a retirar a su embajadora? ¿No será que todo había sido tan bien orquestado que…?
Aquí es necesario hacer una digresión de orden cronológico para poner en contexto ciertos hechos anteriores al 4 de abril de 2024. Por ejemplo, debemos anotar que Jorge Glas ingresó a la sede de la embajada mexicana el 17 de diciembre de 2023. Tampoco esa fecha fue casual, pues justamente el 18 de diciembre de 2023, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dentro de las investigaciones del caso “Metástasis”, descubrió públicamente las pruebas de que Jorge Glas había logrado su libertad condicional sobornando al juez con dinero pagado por un narcotraficante que más tarde se cobraría el favor, cuando otra vez fueran gobierno... El 22 de diciembre de 2023, el gobierno ecuatoriano mediante comunicado oficial advirtió al gobierno mexicano sobre la violación a la Convención de Asilo Diplomático de 1954 en la que incurriría México si es que concedían el asilo a una persona condenada por la justicia por delitos comunes. El 28 de diciembre de 2023, la jueza Melissa Muñoz, ordenó a Jorge Glas volver a prisión al haberse comprobado que su liberación había sido dictada violando las normas legales sobre libertad condicional. El 1 de marzo de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador informó al país que había solicitado a México su consentimiento para ingresar a su embajada y aprehender a Jorge Glas Espinel, sobre quién pesaba una orden de captura emanada de autoridades judiciales competentes. El gobierno mexicano nunca respondió. Y, por si faltara algún ingrediente para estos malos pensamientos, el lunes 8 de abril, en Miami, empezaba oficialmente el juicio a Carlos Pólit, un juicio en el que más de una vez se recordaría el nombre de Jorge Glas. Hasta aquí la digresión.
Ahora sí, continuemos pensando mal y sigamos la línea de tiempo hasta el 4 de abril en que el gobierno de Ecuador expulsó a la embajadora mexicana tras las gravísimas declaraciones de López Obrador, que se entrometió en asuntos internos del Ecuador, agravió al presidente del país y puso en duda su legítima elección como mandatario.
El 5 de abril, la respuesta del gobierno mexicano fue de rechazo al incremento de fuerzas policiales ecuatorianas en los exteriores de su embajada (alimentadas por la sospecha del famoso avión militar que olía a fuga) y, a continuación, se concedió el asilo político a Jorge Glas en clara violación al Convenio de 1954.
Ya sabemos el resto de la historia, por lo menos la que se ha escrito hasta la redacción de este artículo. Ya sabemos que el gobierno ecuatoriano ingresó la noche del viernes 5 de abril a la embajada mexicana en Quito y capturó a Jorge Glas. Sabemos que esta acción vulneró el principio de inviolabilidad de las legaciones diplomáticas y que su actuación será condenada en todos los foros y por todas las organizaciones de Estados americanos, aunque no necesariamente será condenada por todos los países del continente.
Sabemos también que el gobierno mexicano de López Obrador, cuyos vínculos con la izquierda radical del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, son tan estrechos como sus relaciones con los principales narcogobiernos del continente, pasados y presentes, ha violado más de una vez el artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático que impide conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o que estén condenadas por tales delitos o tales tribunales. Sabemos que entre decenas de asilados que gozan hoy de protección del actual gobierno mexicano están justamente personas condenadas por delitos comunes en varios países, entre esos el Ecuador con una enorme selección de delincuentes sentenciados y prófugos. Sabemos que el gobierno mexicano, mientras siga esa misma línea de protección de compadres, cuates y compinches, seguirá dando asilo a todo tipo de bandidos y malhechores bajo el pretexto de su propia interpretación (que no cabe legalmente) de presunta persecución política, que no es sino la soberana hipocresía de los cómplices y encubridores del gran mal que afecta en estos tiempos a las naciones americanas: la narcopolítica.
Por lo dicho, pensamos mal y sabemos y entendemos que la comunidad internacional nos condenará (sobre todo de labios para afuera con una reprimenda que ojalá nos sepa a triunfo diplomático); sabemos que el gobierno hizo mal al violar la inmunidad de la embajada de México y que ese acto tendrá un día consecuencias reales en alguna corte internacional o en un injustificado asalto a otra embajada en algún otro lugar del mundo, pero en nuestro fuero interno, en nuestro territorio asolado por la violencia y la corrupción, en nuestro miedo y en nuestra ira, también sabemos que el gobierno de Noboa hizo bien. Sabemos que esta decisión dura, compleja, ilegítima, impidió que una persona que debe purgar sus penas en prisión (y que está investigada en otras causas que aún no concluyen), no haya podido llegar a la fiesta que preparaban sus cuates en México, por todo lo alto, con mariachis, piñatas y pastel de cumpleaños, para reírse una vez más en la cara de este país al que le duele cada muerto que ponen en las calles las mafias del narcotráfico, al que le duele cada dólar de los miles de millones que se llevaron sus compadres; un país al que le cuesta aún salir del estupor de haberse convertido tras una década de pesadilla, en un centro de operaciones de las mafias transnacionales y de sus tristes marionetas políticas. (O)