Una de las mejores formas de reducir la pobreza en un país y promover el desarrollo económico y social así como el progreso, es incrementando el empleo. Para que esto se pueda producir no debe restringirse el análisis únicamente a la existencia de relaciones laborales formales, estilo empleador ? empleado, sino a la posibilidad de que los actores económicos en edad de trabajar puedan encontrar formas de trabajo que les permita suplir sus necesidades fundamentales. Esto implica, como precepto inicial, señalar que el mercado que permite absorber más trabajadores es el privado, no el público. Este último debe contar con el personal necesario para garantizar servicios públicos eficientes, por lo que no debe albergar ni menos ni más personal que el estrictamente necesario. Cuando en la esfera pública se busca reducir el desempleo de forma directa, las finanzas públicas terminan deteriorándose, la burocracia impide mejoras en la atención de los servicios y el sector privado en ese ambiente de desorden tampoco contrata personal.

La cantidad de trabajadores en una economía está sujeta esencialmente a lo que se puede denominar el precio del empleo, es decir, la política de remuneraciones o costo del trabajo, y, por otro, la cantidad de empleo demandado. Quien demanda trabajo es el empleador, quien ofrece trabajo es el trabajador que pone a disposición del mercado su contingente. En ese sentido, es necesario crear las condiciones necesarias para que ambas variables permitan mejorar el empleo. Esto significa que por una parte debe facilitarse la contratación de personal con una normativa que facilite los procesos y no los dificulte. La ley laboral en el Ecuador necesita modernizarse y adaptarse a las actuales condiciones del mercado nacional e internacional. Es muy importante que se revisen políticas que inhiben la contratación como son los excesivos costos de contratación y despido, la presencia de la jubilación patronal que lejos de proteger la estabilidad laboral promueve el despido, la posibilidad de contar con una amplia gama de opciones de contratación laboral para las múltiples alternativas de trabajo, etc. Estas acciones actuarán por el lado del “costo del trabajo” y permitirán mayores facilidades para contratar. En el país el mayor problema económico es el desempleo y el subempleo, no el nivel de las remuneraciones, las mismas que podrán seguir incrementándose conforme aumente la productividad de la misma economía. 

A las decisiones que viabilicen la capacidad de contratar trabajadores debe incorporarse el tema de la demanda de producción, vale decir, la capacidad de adquirir bienes y servicios. Esta viene del propio empleo pero la inversión privada siempre será el principal motor que la promueva. Esto significa que la política económica debe dirigirse a estimular la inversión privada nacional y extranjera siendo parte de la misma el costo de producción en el país. El costo de producción está vinculado a otras variables como es la estabilidad del sistema impositivo, los niveles arancelarios, los costos transaccionales y burocráticos, la presencia de una justicia independiente, los costos de servicios básicos y la propia normativa laboral, antes descrita.

Es imperativo entonces para la viabilidad futura del país que el gobierno promueva una reforma laboral cuyos ejes principales, por cierto ya elaborados, sea socializada y discutida a nivel nacional y pueda recibir el apoyo de los ecuatorianos, pues esto será una de las fundamentales reformas estructurales que ayuden a mejorar el empleo en el país. Así mismo, un entorno de facilite el emprendimiento privado va a colaborar a mejorar las opciones de trabajo en el Ecuador.  (O)