Con cada cambio de gobierno, la familia de Nelson Serrano Sáenz ha debido vivir la ingrata y frustrante experiencia de tener que empezar desde fojas cero los trámites y gestiones que mantiene pendiente con ellos el estado ecuatoriano, que fue declarado por la CIDH como responsable de su secuestro, tortura y traslado ilegal a los Estados Unidos en septiembre del año 2002, y que desde entonces debe hacerse cargo del pago de los abogados que defienden a Serrano así como de su salud, cuidado y protección en la prisión de Raiford, Florida, en la que el compatriota se encuentra recluido.
Este insufrible y tormentoso periplo frente a las autoridades de gobierno (Ministerio de la mujer y DDHH, Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría General del Estado, Presidencia de la República), tomó casi tres años entre el final del gobierno de Lenin Moreno y el período de Guillermo Lasso. Finalmente, tras innumerables reuniones y después de haber logrado que la Corte Constitucional emitiera la sentencia 6-22 AN (27 de septiembre de 2023), en la que se reconoció que el Estado incumplió su obligación de brindar asistencia jurídica a Nelson Serrano, ordenando al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos que cumpliera con el pago a los abogados estadounidenses en un plazo máximo de treinta días, en noviembre de 2023 se informó a la familia Serrano que los informes aprobados para el pago de honorarios estaban listos, que los fondos para el abogado encargado de la resentencia serían pagados en los siguientes días y que los fondos para los abogados a cargo del Habeas Federal habían sido solicitados formalmente al Ministerio de Finanzas con una nueva partida presupuestaria.
Así, con todo en teoría solucionado, se produjo la transición del gobierno de Guillermo Lasso al del presidente Daniel Noboa, y así, una vez más empezó el vía crucis de Nelson Serrano. Los nuevos funcionarios del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en una decisión insólita y nada humana, claramente contraria a la sentencia 6-22 AN de la Corte Constitucional, tuvieron la brillante idea de pedir a los abogados estadounidenses (impagos desde hace tres años) la entrega de nuevos informes, más aclaraciones, explicaciones, memorias y todo un listado de documentos iguales a los que reposan en sus archivos y que sirvieron de base para la emisión de los informes favorables de 2023, que les permitían cumplir con la referida sentencia de la Corte Constitucional.
Además, con toda la calma del mundo, con todo el tiempo que parece sobrarles en sus nuevos cargos, estos funcionarios, sin saber que se trata de un caso urgente en el que se juega la vida de un ser humano, han solicitado que tengamos nuevas reuniones para explicarles otra vez las circunstancias jurídicas, procesales y personales del señor Nelson Serrano y de su defensa. Es decir, han pedido por escrito que empecemos desde fojas cero todo este proceso para cumplir con la sentencia constitucional y con su obligación legal y ética de asistir a Nelson Serrano en todas sus necesidades para enfrentar su caso en el Estado de Florida.
Y, como las malas noticias nunca llegan solas, justamente estos días en que hemos recibido los infortunados requerimientos de este pesado, lento y exasperante aparato burocrático de derechos humanos, Francisco Serrano, hijo de Nelson, nos ha comunicado que, por falta de asistencia y atención médica oportuna, su padre se ha quedado ciego.
Sí, aquel temor que se cernía sobre Nelson Serrano y sobre todos los que lo conocemos y apoyamos, se ha confirmado. Una espesa nube ha bloqueado finalmente la visión que le quedaba en uno de sus ojos (el otro ya estaba inutilizado), y hoy se encuentra en tinieblas en aquella celda de dos por tres metros en el corredor de la muerte del centro de reclusión de Raiford, Florida.
No fueron suficientes las gestiones que hicieron las autoridades de gobiernos anteriores: cónsules, embajadores, cancilleres, funcionarios de presidencia, muchos de ellos amigos que mostraron su solidaridad con Nelson Serrano y solicitaron a las autoridades carcelarias de Florida la asistencia y revisión inmediata de la visión de ese ojo que mostraba un deterioro galopante. No fueron suficientes todas las cartas, correos, llamados, reuniones, que se han hecho en nombre de Nelson Serrano para que los gobiernos ecuatorianos respectivos soliciten con firmeza la asistencia médica que demandaba su frágil estado de salud y la asistencia diplomática para destrabar su caso judicial.
Y, aunque todavía habría alguna esperanza de salvar un porcentaje mínimo de la visión de aquel ojo con una cirugía, nada parece ser lo suficientemente urgente como para que algún funcionario gubernamental tome en serio el caso de Nelson Serrano, un hombre que tiene todas las pruebas para demostrar su inocencia, pero que debe luchar contra dos enemigos poderosos: contra la corrupción judicial y policial de Bartow, Florida; y, contra la burocracia negligente, descuidada e indolente de su propio país. (O)
