El 20 de agosto de 2023, mientras los ecuatorianos acudían a las urnas para elegir a sus próximos líderes en las elecciones presidenciales y legislativas, otro evento crucial estaba teniendo lugar: una consulta popular que tenía como objetivo dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43 de los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT), ubicados en el corazón del Parque Nacional Yasuní. Esta decisión, con el 59% de apoyo ciudadano, marca un punto de inflexión en la historia del país y plantea la urgente necesidad de una agenda de transición energética.
La suspensión de la explotación petrolera en el Yasuní no solo tiene implicaciones medioambientales significativas, sino que también conlleva una reducción importante de ingresos para el Estado ecuatoriano, en un momento en que la economía se encuentra en una profunda crisis. La producción del bloque 43 representa el 12% de la producción petrolera de Ecuador. Por lo tanto, es imperativo que el gobierno actúe de manera proactiva y desarrolle una estrategia de transición energética que no solo compense la pérdida de ingresos, sino que también promueva la adopción de fuentes de energía más limpias y sostenibles.
Es innegable que el Estado ecuatoriano por sí solo enfrenta limitaciones económicas para financiar nuevos proyectos energéticos. Por lo cual, esta crisis económica puede ser la oportunidad para impulsar proyectos a través de asociaciones público-privadas (APP). El gobierno ha promocionado un atractivo portafolio de inversiones en sus eventos "Ecuador Open for Business", y muchos de estos proyectos son candidatos ideales para ser desarrollados bajo la figura de APP.
Uno de estos proyectos es la Hidroeléctrica Cardenillo, que forma parte del Complejo Hidroeléctrico Paute-Integral, compuesto por las centrales existentes Mazar, Molino y Sopladora. Con una potencia instalada de 596.5 MW, este proyecto puede desempeñar un papel crucial en la transición hacia una matriz energética más sostenible. Además, el proyecto Hidroeléctrico Santiago, que se encuentra en la región suroriental de Ecuador, sobre el río del mismo nombre, con 2400 MW de capacidad en su primera fase, también representa una oportunidad significativa para diversificar la generación de energía en el país.
Es esencial destacar que Ecuador ya ha suscrito contratos de concesión para proyectos de energía renovable, como el proyecto fotovoltaico el Aromo en Manabí y el proyecto eólico Villonaco en Loja. Estos deben ser respetados por el Estado ecuatoriano, garantizando la seguridad jurídica para que puedan llegar nuevas inversiones.
Para que estos esfuerzos en generación de energía limpia sean efectivos, es crucial invertir en la expansión de la infraestructura de transmisión eléctrica. Esto conectaría a todos los rincones de Ecuador. Por ejemplo, el sector camaronero y bananero necesita tener conexión directa con la transmisión eléctrica del país. Además, se debe considerar la posibilidad de exportar cualquier excedente de energía a países vecinos como Perú y Colombia, lo que podría generar ingresos adicionales.
En última instancia, si la agenda de transición energética requiere un aumento en la explotación petrolera, es importante que este proceso se realice bajo un marco de transparencia y respeto a los contratos. Los procesos de contratación bajo la modalidad de Servicios Específicos Integrados con Financiamiento de la Contratista pueden ser una vía eficiente para aumentar la producción de petróleo de manera responsable, por ejemplo, desarrollando el incremento de producción del Bloque 60 – campo Sacha- en la provincia de Orellana.
Ecuador se encuentra en un momento crítico en su historia energética. La consulta popular que pone fin a la explotación petrolera en el Yasuní representa un paso importante hacia la protección del medio ambiente, pero también exige una respuesta efectiva para abordar los desafíos económicos. Una agenda de transición energética que fomente proyectos de energía limpia, promueva asociaciones público-privadas y garantice la seguridad jurídica es esencial para el futuro sostenible de Ecuador. El país tiene el potencial y las herramientas para liderar la transición hacia una matriz energética más verde y, al mismo tiempo, asegurar su estabilidad económica. (O)
