La dolarización se sustenta, entre otras condiciones, en el libre flujo de capitales, es decir, que los recursos puedan moverse libremente desde el exterior al interior de la economía como desde el mercado doméstico hacia la economía internacional. Esto significa que las restricciones a este esquema donde no hay impresión de moneda deben ser las mínimas para que fluyan los fondos. Por estas razones es que la puesta en vigencia en el 2007 del impuesto a la salida de divisas (ISD) fue un error de política económica, pues cargar con el 5% las transferencias al exterior, aunque ahora ese porcentaje es menor, ha sido una seria limitación al libre flujo de capitales, pues los inversionistas al observar este impuesto que se aplicaría el momento que requieran remesar recursos, simplemente se alejaban y buscaban otros mercados sin estas restricciones. Como se lo indicó en su momento, este impuesto nunca evitó la salida de capitales, pues a pesar del tributo el ingreso fiscal por este concepto llegó a ocupar el tercer lugar entre los impuestos de mayor recaudación luego del IVA y del impuesto a la renta. Los dólares no salen por la presencia de un impuesto que busca evitar la salida de capitales sino por el clima de seguridad y certidumbre que brinda la economía nacional.
Otra de las características de la dolarización es la imposibilidad de depreciar la moneda o de imprimir billetes, lo que significa la necesidad de mantener un manejo fiscal ordenado, pues los déficits fiscales solo podrán cubrirse con ajustes en ingresos, recorte de gastos o nuevo financiamiento externo o interno. Si estas alternativas no se producen, la atención de los egresos fiscales solo resulta en más atrasos o mayores compromisos impagos. En el caso del Ecuador, en especial desde finales del 2022, el país ha regresado a políticas fiscales expansivas que ha determinado que para el 2023 se tenga una estimación de desequilibrio fiscal superior a los USD 5.000 millones, equivalente aproximadamente al 5% del PIB. Este déficit es similar al período pre pandemia. Por lo anotado, el país no ha aplicado una política fiscal sostenible y compatible con la dolarización, pues ha seguido requiriendo de ingentes cantidades de nuevo endeudamiento público, el que se podría haber atenuado con mayor disciplina fiscal.
Si la dolarización no permite depreciar la moneda quiere decir que es un esquema rígido que, ante situaciones adversas, debería contar con mercados internos más flexibles que ayuden a sortear los problemas que se presenten. Uno de esos mercados es el laboral, el mismo que en el país continúa en su esencia con aquella normativa establecida en 1938, es decir, hace 85 años. La inflexibilidad del mercado del trabajo ha sido un factor coadyuvante que ha deteriorado la estabilidad laboral y la capacidad de incrementar el empleo. Ante situaciones imprevistas como puede ser una crisis internacional, un problema de salud pública como el que se tuvo el 2020, desastres naturales, caídas bruscas de ingresos petroleros, etc., las empresas se ven obligadas a despedir personal y evitar contratar nuevos trabajadores. Con un marco legal más moderno que permitan adaptar la economía ante imprevistos, se podría estimular el empleo con lo que se estaría atacando también la pobreza y reanimando las posibilidades de progreso económico y social.
Los costos de contratación y despido excesivos, la presencia de la jubilación patronal que casi no se aplica, la imposibilidad de pagar por horas, la ausencia de modalidades de contratación variadas, entre otros problemas, impiden desde el lado regulatorio estimular el empleo. Este tema que demandaba la dolarización luego de 23 años de su vigencia sigue estando sin resolverse.
Hay muchos requisitos que deben reunirse en cualquier régimen cambiario pero en dolarización son inclusive más urgentes. Uno de los factores importantes es la necesidad de contar con ahorros fiscales, lo que se torna casi imposible sin una adecuada disciplina fiscal que permita reducir el endeudamiento público y empezar a generar superávits fiscales.
Si bien la dolarización ha registrado un saldo favorable luego de éstas más de dos décadas de aplicarse, sigue sin poder potenciar sus beneficios por la ausencia de otras reformas que hasta la presente fecha y por distintas razones no se han producido.
La flexibilidad que requiere la dolarización ha estado paradójicamente acompañada de la rigidez de algunas políticas y una falta de perseverancia en la política económica, especialmente la fiscal. (O)
