El Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho público el documento titulado Subsidios – Proforma Presupuesto General del Estado 2024. Proporciona una visión global de su peso en las finanzas públicas nacionales, que debe llevarnos a los ecuatorianos a meditar profundamente en la necesidad de emprender de inmediato en una seria revisión de las políticas en la materia. Es evidente que el esquema vigente es insostenible. Durante muchos años el país fue creando auxilios en lugar de sincerar la economía. Ningún país responsable puede perdurar de manera sana destinando casi el 22% de su presupuesto para cubrir subsidios, que representan el 6,41% del PIB. Los sectores que acceden a ellos van desde el transporte público y privado (combustibles), pasando por el eléctrico, la seguridad social, los desarrollos social, urbano y agrícola, y créditos productivos.
En cuanto a combustibles, de los US$ 3.093 MM en subsidios, el 56% se destina al transporte, el 17% a la generación eléctrica y el 23% a los hogares. El mayor coste está dado por el subsidio al diésel, con el 49%; el GLP de consumo doméstico representa un sacrificio equivalente al 24% del total citado, y las gasolinas ponderan con el 20%. Dada la dificultad de cuantificar ello, no se han proporcionado cifras del volumen de combustibles que fluye por las dos fronteras ecuatorianas. Por más pequeño que sea tal flujo (que de hecho debe ser representativo) es inadmisible que los ecuatorianos estemos subsidiando a los vecinos. ¿Puede alguien medianamente pensante defender tanta sinrazón?
El informe del MEF refiere que las transferencias para la seguridad social alcanzan el 8,67% de la proforma presupuestaria de 2024, equivalente al 2,52% del PIB. De ellas, US$ 2.154 MM corresponden a la contribución del 40% a las pensiones del seguro general; y el 9.98%, al financiamiento del seguro social campesino. El Estado también subsidia la cobertura de personas que realizan trabajo no remunerado, las pensiones del seguro adicional del Magisterio, el incremento de pensiones jubilares del IESS, de pensiones de riesgos del trabajo, las reservas matemáticas y el aporte estatal para el trabajo juvenil. Todo lo anterior respecto de una entidad, como el IESS, que según estudios corridos se encuentra técnicamente quebrada.
Las contribuciones al desarrollo social, entendidas como “ayudas basadas en el principio de asistencia social”, para un universo de más de medio millón de personas, representan subsidios de US$ 1.549 MM (4,36% de la proforma presupuestaria). Este es, de hecho, un rubro que no puede ser obviado por elemental responsabilidad social. Son recursos destinados a compatriotas que subsisten por debajo de la línea de pobreza. Su objetivo primario es generar un mínimo de consumo, inversión nimia en educación y salud, promoción de reinserción escolar y otros de similar importancia. Estamos frente a obligaciones de solidaridad y de corresponsabilidad humana que el país tiene y las cuales no pueden ser desatendidas.
Similar consideración procede en relación con las contribuciones para desarrollo urbano (vivienda de estratos pobres). El presupuesto contempla un egreso de tan solo US$ 41 MM. Apenas 0,12% del PGE. Para el desarrollo agrícola se prevén ayudas de US$ 33 MM, asignados a programas de incremento de productividad de pequeños y medianos productores. Estos en lo referente a dinamización del sector forestal sostenible, diversificación agroproductiva y reconvención agrícola y ganadera, innovación de servicios técnicos rurales, aseguramiento agropecuario subvencionado, y democratización y desconcentración de los factores de producción.
Por último están los créditos productivos subvencionados y colaboraciones no reembolsables. A través de programas ejecutados por Banecuador, MIPRO, MIES, MAG y MINTUR se contemplan subsidios en operaciones de financiamiento. Si bien el monto asignado no es mayor (US$ 17 MM), conforma una política paternalista que por principio no resulta eficiente. A lo dicho debe agregarse que los montos previstos para este tipo de asistencia a emprendedores son muy poco significativos para el desarrollo de proyectos.
En definitiva, en materia de subsidios la atención debe centrarse en aquellos rubros de alta incidencia para las finanzas públicas nacionales. Los de combustibles demandan de medidas correctivas inmediatas, como el gobierno con muy buen criterio lo ha percibido y está en la ruta de enfrentar el reto. Respecto de la seguridad social, igualmente el ejecutivo lo ha comprendido a cabalidad. En todo lo que sea necesario, las otras funciones del Estado tienen la obligación de también entenderlo y colaborar de manera responsable en las áreas de sus respectivas competencias. (O)
