Esta frase creada hace más de 300 años por Benjamín Franklin, ha perdurado a lo largo del tiempo y se aplica perfectamente a la política tributaria del Ecuador en los últimos años. En este contexto, el Ecuador vive una compleja situación social y económica que ha desencadenado en un conflicto armado interno, el cual desafortunadamente estalló en un momento crítico en el que los recursos escasean. De esta manera, el debutante gobierno de Daniel Noboa ha utilizado una herramienta ya conocida por los contribuyentes, misma que impacta directa e indirectamente el bolsillo de los ecuatorianos, como lo es la creación de nuevas contribuciones extraordinarias.
Lo curioso de estos tributos “únicos y temporales”, como fueron llamados en el 2016, es que han sido utilizados por los gobiernos de turno, generando impacto en 5 ocasiones previas durante los últimos años (2016, 2020, 2021 con 2 contribuciones, 2022) y como era previsible con la última reforma fiscal de marzo, se han creado en el país nuevas contribuciones para los años 2024 y 2025.
Si bien las necesidades de recaudación del estado son cada vez más apremiantes, los contribuyentes cuestionan estos mecanismos de exacción de recursos por varios aspectos que a continuación revisaremos.
En primer lugar, desde el punto de vista económico los recursos son limitados y la liquidez resulta crucial para la supervivencia de las empresas. Por tanto, la introducción de estos repetidos mecanismos de imposición en una época de liquidación de utilidades a trabajadores, autorretenciones de impuestos, aumento del IVA, pago de Impuesto a la Renta y otros tributos seccionales recurrentes, generan una incómoda situación a las contribuyentes; irrelevante para los fines recaudatorios del Estado, pero críticos para los administradores de empresas.
Aunque en este año 2024, el grupo objetivo de estas contribuciones no es tan grande como en otros momentos, estos contribuyentes son los que con mayor volumen apalancan la economía.
Alrededor de 8.000 contribuyentes tendrán la obligación de liquidar este tributo a finales de marzo 2024, estimándose una recaudación de más de USD 300 millones de dólares. La principal provincia con estos contribuyentes es Pichincha.
Abrir en Power BI
Ley orgánica para el conflicto armado
Fecha de los datos: 7/3/24, 13:44
Ahora bien, aun superando los obstáculos para lidiar con esta serie de obligaciones venideras, los cuestionamientos sobre el uso de estos recursos son también más elevados y con justas razones. En el 2016 Ecuador sufrió un lamentable terremoto de magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter, lo cual, a más de las lamentables pérdidas humanas, acrecentó la crisis económica y social, especialmente en provincias de la costa. El novedoso mecanismo de recaudación de contribuciones de esa ocasión recayó no solo en las empresas y negocios de personas naturales, sino que también alcanzó a los trabajadores quienes debían tributar con 1 día de sueldo durante tres meses. Así mismo el IVA subió temporalmente al 14% durante 1 año. Aunque en ese momento el país demostró un gran sentido de unidad para ayudar a los damnificados, nuevamente la corrupción aprovechó las lamentables circunstancias para mal utilizar los fondos recaudados, en lugar de destinarlos a favorecer a las personas que en realidad lo requerían.
Así lo reveló el examen especial a la Ley Orgánica de Solidaridad realizado por la Contraloría General del Estado entre 2016 y 2018, generando rechazo por parte de los contribuyentes y ahondando las dudas de quienes responsablemente acostumbran a cumplir con sus obligaciones ciudadanas como lo es el pago puntual de sus impuestos. Llamativamente existieron reliquidaciones de estas contribuciones por parte del Servicio de Rentas Internas hasta hace un par de años atrás, mucho después del lamentable evento natural, sin que tengamos plena caridad de que los recursos hayan sido 100% destinados a Manabí y Esmeraldas como originalmente correspondían. Como dato adicional, el presidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas por el terremoto, designado para la vigilancia de estos recursos, fue sentenciado por peculado en el 2023.
Finalmente, estas desalentadoras experiencias no han impedido que los gobiernos subsiguientes utilizaran estas herramientas de recaudación indiscriminadamente, sea por razones económicas, por emergencias sanitarias como la del COVID, o simplemente como una fuente de oxígeno para alcanzar a cubrir gastos inmediatos. Ello no solo que ha creado una desalentadora imagen para nuevas inversiones en el Ecuador, sino que también ha puesto en duda una vez más la estabilidad jurídica que ofrece nuestro país. Por ello incluso, quienes han acudido al Estado para suscribir contratos de inversión para garantizar la estabilidad tributaria, hoy se ven nuevamente perjudicados por estas implacables medidas que, aun denominándose contribuciones temporales, generan más bien un inesperado incremento de las tasas del Impuesto a la Renta de manera retroactiva, haciendo que la carga fiscal del Ecuador sea menos competitiva que otros países de la región.
Lo cierto es que, aunque hay quienes reúsan a aceptar este tipo de medidas confiscatorias desde su punto de vista, la gran mayoría de contribuyentes están resignados a cubrir estos pagos a pesar de las condiciones financieras apremiantes. Queda la interrogante de ¿Qué ocurrirá en el 2025? Vendrá un nuevo gobierno y los recursos se habrán cobrado por anticipado, existirán altos índices de deuda y quizá otras variables económicas que más que nunca darán fuerza a la reflexión de que lo único seguro en la vida es la muerte y el pago de las contribuciones. (O)
