Hace pocos días, la Corporación Andina de Fomento presentó su Reporte de Economía y Desarrollo. Este trabajo identifica los principales problemas y oportunidades que enfrenta la región para construir sociedades más prósperas e inclusivas. El informe también incluye entrevistas a trece reconocidos académicos y responsables de políticas públicas, entre ellos Augusto de la Torre, Santiago Levy, Nora Lustig y Sebastián Mazzuca. En esta columna comparto mi lectura de esas entrevistas, destacando los temas comunes, los obstáculos para impulsar una agenda de desarrollo y las oportunidades para el sector privado.
El reporte subraya que la región enfrenta un triple desafío: crecer económicamente, ampliar la inclusión en ese crecimiento y proteger el medio ambiente. A partir de las entrevistas, podemos elaborar más estos retos.
Primero, América Latina necesita generar un crecimiento económico más sostenido e inclusivo. Esto requiere mayor innovación, mejoras en productividad y diversificación de exportaciones. Pero crecer no basta. Es crucial que los beneficios del crecimiento lleguen a amplios sectores de la población. La pobreza y, cada vez más la desigualdad, alimentan tensiones sociales y políticas que pueden amenazar la estabilidad democrática. Estas áreas son difíciles de abordar, en parte porque las políticas redistributivas suelen enfrentar resistencia de sectores de ingresos medios y altos, pero son urgentes. En lo últimos años la región - desde Colombia hasta Chile - vivió episodios de tensión que reflejan el descontento social.
En cuanto a sostenibilidad y cambio climático, la región —rica en recursos naturales y biodiversidad— enfrenta múltiples amenazas. La deforestación, degradación ambiental y vulnerabilidad ante desastres naturales presionan para reforzar la protección ambiental. Sin embargo, esta protección implica tensiones; por un lado, puede afectar el crecimiento económico, y por otro lado, demanda mayores recursos fiscales. Los gobiernos enfrentan dilemas complejos.
Otro tema en este frente es la energía. Muchos países dependen doblemente de los hidrocarburos, como fuente energética y como base de sus finanzas públicas. Países como Bolivia, Ecuador, o Venezuela obtienen ingresos importantes de la exportación de petróleo y gas natural, pero necesita prepararse para una transición hacia fuentes renovables. Este cambio implica adaptar patrones de consumo y producción, además de un esfuerzo fiscal significativo. En esta línea, es imprescindible eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, al menos en su forma actual. Pero la transición energética en países con alta dependencia de los hidrocarburos puede generar fuertes tensiones políticas y sociales.
El vínculo que articula estos desafíos es el Estado. Aunque su papel en el crecimiento económico puede ser limitado, en áreas como la redistribución social y la protección ambiental su rol es clave. Se requiere un Estado con alta capacidad para poder implementar políticas públicas efectivas. Esto significa que los mecanismos redistributivos lleguen a quienes más lo necesitan, que la ejecución de políticas no sea cooptada, y que exista una burocracia con el conocimiento y los incentivos adecuados. Para lograrlo, es necesaria la construcción de capacidades estatales, lo que incluye reforma en la estructura estatal y a las finanzas públicas. Un área políticamente espinosa porque, a pesar de que pueden existir beneficios sociales amplios, los perjudicados están suficientemente organizados como para frenar o bloquear una reforma en esta dirección.
En el corazón de esta agenda está la política, más que los contenidos de la política pública. Los sistemas políticos serán quienes definan, en última instancia, cómo reaccionan los países. Votantes, partidos, autoridades y burócratas deberán tomar decisiones difíciles: actuar ahora o postergar los problemas, y priorizar unas soluciones sobre otras. Todo esto en un contexto de estrechez fiscal. El camino no será fácil, pero ignorar estos retos solo agravará las consecuencias: deterioro ambiental, malestar social, inestabilidad política, violencia, pérdida de biodiversidad, etc.
¿Dónde comenzar? No hay una respuesta única. Algunos expertos creen que el primer paso debe ser generar crecimiento económico, pues eso amplía las opciones para abordar otros problemas, como el fiscal o el redistributivo. Personalmente, creo que una reforma fiscal y del Estado debe ser el punto de partida, porque fortalece la capacidad para implementar políticas públicas. Pero puedo estar equivocado. Reconozco que existen múltiples caminos posibles, y prever el ideal no es sencillo.
Quizá lo más importante sea, simplemente, empezar. Aquí es donde el sector privado puede jugar un papel fundamental. Su horizonte de planificación, su capacidad para identificar oportunidades, y su flexibilidad lo colocan en una posición ventajosa para impulsar soluciones para la transición energética, el cuidado sostenible del ambiente y formas de producción con mayor inclusión. Su dinamismo puede ser clave en un contexto donde la acción no puede esperar más.
