Se escuchan pronunciamientos de dirigentes y movimientos políticos sobre las acciones que debería ejecutar un siguiente gobierno y algunas de ellas son absolutamente contraproducentes e irracionales mientras otras deben ser consideradas como válidas. Entre las primeras se menciona que la deuda externa es un problema que absorbe recursos que pueden ser destinados para otros objetivos de bienestar ciudadano y, por lo tanto, lo correcto sería entrar en una moratoria de la misma. Pocas propuestas pueden ser más perjudiciales que ésta. Un eventual "default" le conduciría al país a un aislamiento internacional, sobre todo en materia de financiamiento tanto al sector público como privado. 

El cierre de recursos externos sería un detonante para la sanidad fiscal y para la operación del sector privado. En las finanzas públicas, algunos de los subsidios vigentes como el bono de desarrollo humano, se nutre de financiamiento de los organismos internacionales. La contracción del flujo de dólares hacia la economía atentaría seriamente a la dolarización, la misma que ante una insuficiencia de fondos podría recurrir a un endeudamiento agresivo en condiciones muy onerosas, al atraso desmesurado de los compromisos públicos, al uso de la deuda interna para atender ciertas obligaciones, circunstancias que introduciría un tipo de cambio paralelo entre los dólares reales y los papeles emitidos por el estado que se negocian en el mercado, en cuyo caso la dolarización podría empezar a colapsar. Además, la moratoria afectaría el comercio exterior, cerraría la ya marginal inversión extranjera, subiría el riesgo país y la economía entraría en una seria inestabilidad. La última moratoria de deuda fue en el 2008 y 2009, cuyos costos llegaron a lo largo de los años, pues el país debió luego pagar tasas de interés de hasta el 11% anual para levantar recursos externos. Por éstas y otras razones, es una propuesta indecente e inaceptable desde todo punto de vista.

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También se escuchan voces que promueven una reducción del IVA al porcentaje anterior o inclusive a niveles inferiores. Esta propuesta también cae entre los errores que se cometerían. Si el argumento que sostiene esta idea es la recuperación económica, querría decir que el IVA es lo que explica la baja demanda agregada y la escueta inversión privada en el país. El estancamiento económico no obedece a que la tasa del IVA es excesiva, el origen se deriva de varias causales como como es el alto nivel arancelario que duplica los vigentes en los países vecinos y encarece las importaciones de todos tipo, es la presencia de un marco legal en lo laboral absolutamente obsoleto y caduco que lejos de facilitar la contratación laboral la obstaculiza, los altos porcentajes desocupación también reducen la capacidad para adquirir bienes y servicios, la exclusión financiera, vale decir, los sectores que no están formalizados en sus actividades financieras, también incide en la baja demanda. Por lo tanto, pretender atribuirle al IVA tanta importancia como para que su eventual reducción ayude a la recuperación económica, sería una equivocación económica.

Otra de las opiniones que se repiten con insistencia es difundir un gasto de inversión del presupuesto del estado para reactivar la economía sin explicar la reforma que se requiere introducir para que la liberación de recursos permita expandir tal aumento de la inversión del estado. 

Para citar unos pocos ejemplos, solo el subsidio al diésel representa cerca de USD 2 mil millones anuales, las entregas de fondos a la educación, a la salud, a los Gads, etc., sin metas ni la necesaria rendición de cuentas extrae recursos aminorando la capacidad de inversión del estado. Seguir con empresas públicas ineficientes en sectores como las telecomunicaciones, la hidroelectricidad, la transmisión eléctrica, etc., no solo que produce un gasto dispendioso e ineficiente, sino que le asigna al estado un rol que no lo tiene. El Estado es regulador, supervisor, sancionador, gestor de políticas públicas, pero no es empresario. Lo hace mal y pierde recursos.

Entre el año 2000 y el 2006 el estado ecuatoriano destinaba al gasto público agregado en promedio del 21% del PIB. Hoy ese indicador representa el 38% del PIB. ¿Acaso la calidad de los servicios públicos en educación, seguridad, previsión social, infraestructura, justicia, han mostrado tanta recuperación frente al aumento exorbitante del gasto público? La nómina pública sigue cerca de los USD 10 mil millones anuales, un 9% del PIB cuando hasta el 2007 ésta era el 5% del PIB. No hemos avanzado casi nada en esta materia.

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Es correcto, sin embargo, citar que el sector privado es el único que podría reanimar la actividad económica, pero a pesar del auge de sectores como por ejemplo el de exportación, el sector privado sigue con mucha incertidumbre y desconfianza. No existe claridad del destino del país en los próximos años y esto posterga inversiones y aleja nuevos proyectos. Más son los malos recuerdos que nos traen algunos pronunciamientos políticos que el optimismo de esperar a un nuevo gobierno.

Cualquier gobierno que se posesione en mayo del 2025 debe tener claro que muchas acciones serán impopulares y difíciles, pero no por ello dejan de ser urgentes y trascendentales. La obesidad estatal, la crisis de la seguridad social, la ausencia de inversión extranjera en magnitudes adecuadas, la ineficiencia de las empresas públicas, la ley laboral caduca que mantenemos, los subsidios ineficientes que siguen presentes, la inflexibilidad del presupuesto del estado, son algunos de los temas que nadie quiere tocar porque les resta votos. Se entiende en lo político y en lo electoral pero ya sentados en Carondelet deben actuar, sino esto va a estallar, más temprano que tarde. (O)