Este término acuñado a principios del siglo XXI en los Estados Unidos para explicar de algún modo los continuos fallos internacionales contrarios a ese país en materia de derechos humanos, ha sido usurpado en los últimos años por la izquierda radical latinoamericana -que ya se sabe que es experta en apropiarse de lo ajeno-, para convertirse hoy en una palabreja lanzada a mansalva desde los foros de Sao Paulo o de Puebla en contra de los sistemas judiciales en los que sus compinches han sido enjuiciados por actos de corrupción.
Pero lo más irónico de esta apropiación del término “lawfare” por parte de los llamados socialistas del siglo XXI, es que una de las principales características de sus respectivos gobiernos en el continente americano ha sido precisamente el uso ilegítimo, mañoso y criminal de sus sistemas judiciales para silenciar, aplastar, atemorizar e incluso eliminar opositores, contradictores, críticos y periodistas que no se alinean con sus políticas o que descubren sus múltiples actos delincuenciales en el manejo de la cosa pública.
Por supuesto, cuando les ha tocado dejar el poder (muy a su pesar), estos mismos dictadorzuelos tropicales que han metido la mano en sus sistemas judiciales y que han reprimido, encarcelado y amenazado a todos los que no les rendían pleitesía o que nos les guardaban las espaldas o que los descubrían en sus fechorías, han sentido que los nuevos gobiernos, de cualquier línea política distinta a la suya, harían lo mismo con ellos, pues como se sabe, cada ladrón juzga por su condición, y entonces, mientras huían y buscaban asilo, mientras se levantaban con todo y cavaban fosas y construían caletas y abrían cuentas en los confines del mundo, mientras se ponían a salvo en los rincones gobernados por sus pares o por sus cómplices, hablaban del lawfare, de la persecución que sienten ellos y sus secuaces, pobres diablos, en sus respectivos países.
Y es que hoy no hay corrupto latinoamericano que no utilice el término lawfare para desacreditar a la justicia de su nación cuando esta ya no se encuentra en sus manos. La estrategia, como se ha visto en los últimos años, da resultados en sus propios foros de Puebla o de Sao Paulo o en esas reuniones de amiguetes que deben celebrarse en ciertos territorios gobernados por los de su misma calaña, allí donde todos los comparecientes se mantienen lejos del alcance de la justicia, protegidos por gobiernos totalitarios o de idéntica línea ideológica y ética, siempre con la precaución de no acercarse a las fronteras de esos países en los que se los busca y se los juzga por rateros.
No es una casualidad que todos los que van de un lugar a otro con el término lawfare en los labios, se vendan a sí mismos como víctimas del poder, como perseguidos políticos, como unos pobres menesterosos asilados por la fuerza en los quintos infiernos solo por el sacrificio que hicieron en su turno en favor de sus respectivas patrias; pero todos ellos, curiosamente y sin excepción alguna, viajan en aviones privados y viven como reyes y reinas, y gozan de los foros y de las invitaciones de sus compadres (hechas con fondos públicos, por supuesto, porque sino no serían ellos) sin oficio conocido y sin haber declarado un solo centavo de ingresos lícitos en ningún lugar del mundo.
Y, por si faltara algún otro ingrediente común a los saqueadores de naciones latinoamericanas del siglo XXI, también todos, sin excepción, se defienden en sus causas con la consigna de alargar el tiempo para volver un día a meter mano en la justicia y lograr así su impunidad y la de los suyos, y mientras tanto, viven de los ahorros y beneficios que les representaron sus cargos públicos, desacreditando a los sistemas judiciales de sus países, cuestionando la democracia y la separación de poderes en la que ellos mismos no creen, con la difusión de este término que los descubre de pies a cabeza, porque desde hace varios años ya lo sabemos, ya lo hemos vivido y padecido, para ellos el lawfare es el autogol de los corruptos. (O)
